Los estragos de Estraval

Más de 4.000 inversionistas se lamentan hoy de haber llevado su dinero a Estraval, una firma que les ofreció jugosos intereses y mínimo riesgo, pero que al final no les cumplió ni lo uno, ni lo otro. Quienes confiaron en esta empresa especializada en la compra y venta de libranzas viven ahora el mismo drama que han sufrido las víctimas de InterBolsa, el Fondo Premium o Factor Group –solo para citar las caídas más recientes-.

Esta semana vence el plazo para que los afectados presenten sus reclamaciones, y las proyecciones indican que superarán los 500.000 millones de pesos. Visto así, la debacle de Estraval, una compañía de 16 años en el mercado, podría tener mayor dimensión que el propio InterBolsa o Fondo Premium, el descalabro financiero que más impacto mediático ha tenido en los últimos años.

Han pasado dos meses desde que la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Estraval, y el caso está dejando una estela de víctimas que hoy se sienten estafadas y no saben si recuperarán el capital invertido y mucho menos la rentabilidad prometida (ver recuadro). Además está develando serias fallas en el negocio de las libranzas que manejan las entidades no financieras.

Cabe aclarar que los créditos de libranza en manos de los bancos suman unos 35 billones de pesos y sobre ellos no hay problemas, pues funcionan sin dificultades. La complicación se presenta en el segmento del mercado en el que participan otros jugadores como las cooperativas multiactivas y sociedades comerciales. Se estima que en manos de estos intermediarios no financieros hay libranzas por 7 billones de pesos, aunque la verdad es que la falta de información en este sector es enorme.

Algunos temen que la caída de Estraval cause un efecto sistémico sobre el resto del sector de libranzas. La dificultad que están mostrando otros operadores para cumplirles a los clientes ha encendido las alarmas. En los últimos días, inversionistas que compraron pagarés-libranzas a varias firmas se vienen quejado de retrasos en los giros. Elite, uno de los operadores más conocidos en este mercado, tuvo que reprogramar los pagos a los inversionistas, lo que les causó un traumatismo pues cuentan con esa plata. Vesting Group, otra compañía del sector, ha tenido que aplazar pagos y anunció ajustes, aduciendo problemas operativos entre las pagadurías, las cooperativas (originadores de crédito) y las comercializadoras. Hace diez días, la Superintendencia de Sociedades ordenó liquidar a Suma Activos, otra empresa dedicada a negociar pagarés derivados de las libranzas.

Expertos en el sector afirman que ahora es fundamental que todos los intermediarios de libranzas (Elite, Vesting, entre otros) contraten una auditoría externa seria que pueda realmente determinar cuál es la verdadera tasa de vigencia de las libranzas que le tienen vendidas a sus clientes. “Este ejercicio no se ha hecho y por lo tanto no se sabe realmente cuántas de esas libranzas asignadas a clientes tienen en realidad un activo detrás”, afirmó el especialista.

A ciencia cierta, no se sabe tampoco cuántos operadores de libranzas puedan estar en dificultades. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, creó un cuerpo especializado para monitorear las compañías bajo su órbita de vigilancia y detectar en qué situación se encuentran.

Pero el asunto no solo le compete a esta superintendencia. Un eje clave en este negocio de los pagarés-libranzas son las cooperativas. De hecho, estas son las originadoras de los créditos, es decir, las que van a las entidades públicas a ofrecer préstamos contra el salario de los empleados o pensionados. En la mayoría de los casos, estas cooperativas luego venden la cartera a las empresas intermediarias, que ofrecen los pagarés a sus clientes como instrumento de inversión.

Pues bien, tras lo sucedido con Estraval quedaron al descubierto serias irregularidades en el sector de las cooperativas. La superintendente de Economía Solidaria, Mariana Gutiérrez, acaba de intervenir para administrar a seis de estas entidades que trabajaban con la operadora de libranzas.

Las fallas detectadas tienen que ver con un gran desorden contable -en algunos casos no hay ni siquiera libros-, además se han negado a suministrar la información requerida por la superintendencia. Entre los hechos que más han llamado la atención de las autoridades es que algunas habían entregado a terceros la tarea de evaluar y estudiar los créditos que otorgaban, lo que mostraría que son prácticamente cooperativas de fachada, en este caso de Estraval. “Han desnaturalizado la razón de ser de las cooperativas”, dice Gutiérrez, quien recalca que hay más entidades del sector solidario que trabajan bien y cumplen las normas que las que se han desviado.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en Caracol Radio que estas cooperativas de fachada “se dedican a dar créditos que se exceden en los montos que una persona puede pagar y cobran unas tarifas adicionales a los intereses que hacen impagables los créditos”.

En el fondo, los jugosos intereses que reciben los inversionistas que adquieren los pagarés-libranzas se originan en las elevadas tasas que pagan los trabajadores por los créditos. No es un secreto que los préstamos de libranza de las cooperativas tienen las más altas tasas del mercado (la mayoría se pega al límite de usura), lo que significa que trabajan con un gran margen, aunque sus costos también son muy elevados.

La rueda suelta 

Esta no es la primera vez que se presenta un problema con la actividad de las libranzas. Hace dos años, la Superintendencia de Sociedades también tuvo que intervenir a varias firmas que dejaron a muchos inversionistas con los bolsillos vacíos.

Para poner a este negocio en cintura, el gobierno preparó un decreto en el que se ajustan controles sobre todo los que intervienen en esta cadena. Entre las nuevas disposiciones están obligados a informar al comprador de la libranza sobre el riesgo de la operación, lo cual deberá quedar por escrito.

El decreto corrige algunos de los problemas detectados hasta el momento relacionados con el pago total o parcial anticipado de la libranza; con la sustitución de los créditos que entren en mora; con la custodia de los títulos; con la revelación de los estados financieros y los indicadores de calidad de cartera y solvencia del vendedor.

Aunque estas medidas son importantes, pueden resultar insuficientes. Hay quienes consideran que se requeriría una ley que regule esta actividad. Por ejemplo, algunos especialistas dicen que el gobierno debería prohibir vender pagarés-libranzas a personas naturales y reservar esa actividad a los inversionistas institucionales. Además, creen que así como a un banco se le exige niveles de capital y patrimonio, igual debería ser, proporcionalmente, con estas empresas que manejan libranzas. Asimismo, señalan que hay que revisar cuál será el futuro de estas firmas intermediarias, pues claramente la actividad de estas compañías va a estar muy limitada y los retornos ofrecidos van a estar muy por debajo de los actuales. Y muchos insisten en que al manejar instrumentos masivos de inversión, como se hace con los pagarés-libranzas, esta actividad debería considerarse como un negocio financiero y estar en la órbita de la Superfinanciera.

Finalmente, lo más importante, dada la variedad de agentes que participan en este negocio, es que haya mayor coordinación entre las entidades del Estado que tienen que ver con las libranzas, es decir, las superintendencias de Sociedades, de Economía Solidaria y Financiera. Esto ayudaría a que este sector deje de ser la rueda suelta que viene siendo.

Caja de sorpresas

Los inversionistas de Estraval están muy indignados y sienten que los estafaron. 

Quienes metieron su plata en Estraval confiesan hoy que fueron seducidos por los jugosos intereses que ofrecía la firma, muy superiores a los reconocidos por el mercado financiero tradicional. Por ejemplo, por un millón de pesos la firma pagaba, a un plazo de 14 meses, una tasa del 14 por ciento efectiva anual. Si el dinero lo dejaban tres años, reconocían el 19 por ciento y a cinco años pagaban el 20 por ciento. Un CDT escasamente reconoce la inflación, en el mejor de los casos.

SEMANA habló con varios inversionistas que viven su propio drama y todos coinciden en que se sienten estafados por los dueños de Estraval. “Yo invertí aquí porque no quería que me pasara lo de InterBolsa”, dice uno de ellos que sostiene que estaba convencido de que comprar cartera de libranzas no tenía riesgo alguno. De hecho, los comisionistas que trabajaban para Estraval solían vender esta inversión bajo el argumento de que el único riesgo que podrían correr era una quiebra del país, lo cual le daba una enorme tranquilidad a los clientes. Para ellos, el hecho de que se tratara de créditos otorgados a empleados de los ministerios, entre ellos el de Defensa, les generaba una enorme confianza. El principio financiero de que a mayor rentabilidad, mayor riesgo no parecía tener un efecto sobre ellos. Algunos reconocen que les llegó a inquietar la alta rentabilidad que recibían, pero el hecho de que les cumplieran con los pagos, les despejaba las dudas.

Pero la firma que cumplía puntualmente con los pagos, comenzó a retrasarlos desde finales de 2015. Uno de los afectados le dijo a esta revista que a través de varias cartas que envió este año a la Supersociedades se quejó de los incumplimientos de Estraval y de las inconsistencias que se presentaban. Por ejemplo, la firma suspendió los recaudos recibidos de la pagaduría, a través de la Fidupaís (que pertenecía al mismo grupo) pues la Superfinanciera ordenó el cierre de esta fiduciaria dado el conflicto de interés que se presentaba. En consecuencia, los recaudos de las pagadurías, que eran la fuente para cumplir con las obligaciones de los inversionistas, pasaron a ser recibidos directamente por Estraval lo que para muchos representaba un riesgo grande y un incumplimiento a la promesa de que los recursos estarían seguros en un patrimonio autónomo. Hoy también sorprende a los inversionistas ver sus pagarés que soportan su inversión en tulas arrumadas en Thomas MTI, que actúa como custodio.

Otros inversionistas, además de confiar todo su dinero en la empresa de libranzas creada por César Mondragón y Juan Carlos Bastidas, también depositaron recursos en dólares en Microval y Latin Factors, dos sociedades que dichas personas tenían en Estados Unidos. Hoy los clientes en Colombia no saben qué pasará con estos dineros. Lo paradójico es que metieron allí parte de su patrimonio, siguiendo el sabio consejo de diversificar.

En días previos a la intervención de la Supersociedades, muchos de los clientes de Estraval fueron invitados a pasar su inversión a Colombia Land, una sociedad creada en Panamá y que tiene como principal activo un lote de 100 hectáreas en Funza, Cundinamarca. La idea con este proyecto era vender títulos inmobiliarios. Hoy este lote es objeto de una medida cautelar de la superintendencia, con el propósito de asegurar bienes que permitan responder a los afectados.

El agente liquidador, Luis Fernando Alvarado, contrató a Fiduagraria para que realice una auditoría de Estraval. A partir de esta se sabrá cuál es la situación de los pagarés-libranzas que respaldan las inversiones. Su tarea de liquidador será también buscar opciones para tratar de que los inversionistas recuperan su dinero. Por ahora, le espera más de un chicharrón. La intervención de las cooperativas con las que trabajaba Estraval le agrega incertidumbre al proceso de recuperación de los dineros.

Lo cierto es que en este caso, todavía hay mucha tela por cortar y los responsables directos tienen bastantes explicaciones que dar. Por ahora se sabe que las autoridades investigarán si en este caso se presentó eventual captación ilegal, lo que haría que este asunto tome un giro penal.