Las otras víctimas de Interbolsa

En esta oportunidad algunos de los exdirectivos de la desaparecida Interbolsa procesados por la debacle de la compañía no acudieron para darles la cara a las víctimas. Este jueves abogados y la Fiscalía se reunieron en torno a un juez para certificar la calidad de víctimas de 11 empresas, sociedades y personas naturales y jurídicas que terminaron ‘tumbadas’ por la comisionista.

Se trata de 15 empresas que hicieron inversiones por más de 300.000 millones de pesos en la firma que consideraron que era el mejor canal para obtener ganancias derivadas de los distintos negocios en los que estaba Interbolsa, entre ellos las acciones de Fabricato.

El juez les reconoció la calidad de víctimas, entre otros, a la Alianza Fiduciaria, que adquirió acciones cerca de 70.000 millones de pesos, así como el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, que invirtió más de 53.000 millones de pesos, lo mismo que la Sociedad Carlos Nieto y Cía., que perdió cerca de 900 millones de pesos.

A estas firmas se sumó el banco BBVA, quien hizo un desembolso a Interbolsa como parte de un crédito de 20.000 millones de pesos. Los abogados hicieron esfuerzos durante la audiencia para que este banco no fuera reconocido como víctima y apelaron la decisión.

El juez aseguró que estas empresas y personas naturales cumplieron los requisitos para acreditarse como víctimas con el fin de que en una eventual condena sean indemnizadas económica y patrimonialmente por los procesados.

En este expediente figuran como principales responsables el expresidente del Grupo Interbolsa Rodrigo Jaramillo y el inversionista italiano Alexandro Corridori. El primero está en detención domiciliaria, tras aceptar dos cargos de los cuatro que le imputó la Fiscalía. El segundo está en la cárcel La Picota y no aceptó ninguno de los cargos. El juicio de ambos aún no se ha iniciado.

En este caso también están involucrados Tomás Javier Villadiego y Carlos Arturo Neira, detenidos en La Picota; Claudia Jaramillo y María Eugenia Jaramillo, la primera recluida en el Buen Pastor y la segunda recibió el beneficio de la detención domiciliaria; Jorge Mauricio Infante Niño, presidente de la SAI, quien no fue cobijado con medida de aseguramiento, y Álvaro Tirado, presidente de la firma comisionista, quien tiene casa por cárcel.

Eduardo Adolfo Colmenares y Luz Andrea Colmenares Pedreros están relacionados con una operación de crédito irregular con la Clínica la Candelaria.

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