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“Durante los ocho años del gobierno Uribe se invirtieron en el sector 14 billones y en estos cuatro años del gobierno Santos se han invertido 17 billones” | Foto: David Amado

ENTREVISTA

“En seis años Colombia será otro país”

La ministra de Transporte dice que la locomotora de la infraestructura será un tren bala en 2015.

11 de enero de 2014

SEMANA: Usted recorrió el año pasado las principales vías del país. ¿Cuáles fueron los mayores problemas que encontró?

Cecilia Álvarez:
Recorrimos más de 6.000 kilómetros y fueron múltiples los problemas que encontramos. Uno de los más graves es el de las consultas previas que ha frenado muchísimo el desarrollo de la infraestructura. Otro tema gravísimo es la adquisición de predios. Es increíble que un proceso para la compra de un predio se demore hasta siete años. Los otros obstáculos son las redes de servicios públicos y la falta de puentes peatonales.

SEMANA: Con la nueva Ley de Infraestructura que entra a regir este año, ¿cómo se resolverán estos problemas, particularmente los de predios?

C. A.:
Con la ley vamos a tener un plazo de dos meses, a partir de la admisión de la demanda, para expropiar el predio por vía administrativa. Esta ley cobija a todos los predios que están represados y que tienen algún tropiezo actualmente. Este es un tema muy complejo porque cada concesión tiene entre 800 y 1.000 predios para comprar que se pueden convertir en un gran obstáculo. Por ejemplo, en la vía Bogotá–Girardot nos faltan 300 metros en un tramo porque un señor de apellido Williamson se niega a entregarlos. El interés particular no puede primar sobre el interés general.

SEMANA: ¿Qué se hará para resolver el gran cuello de botella que se ha armado por las consultas con las comunidades?

C. A.:
Ese es un tema muy delicado porque en algunos casos se han convertido en un negocio. Por eso hacemos un llamado a las comunidades para que no se dejen explotar. El presidente Juan Manuel Santos estableció un protocolo para que se realice un inventario de todas las comunidades que están afectando los proyectos y poner términos sobre los tiempos en los cuales se debe llegar a un acuerdo. Esto no se puede volver un tema eterno que paralice las obras. Por ejemplo, en el tramo tres de la Ruta del Sol teníamos previsto construir 40 kilómetros de doble calzada pero no pudimos hacer ninguno porque hay 11 comunidades con las que debemos hacer consultas.

SEMANA: Se ha dicho que se mueven muchos intereses en el tema de las consultas previas, ¿ustedes saben quiénes están detrás frenando los proyectos?

C. A.:
Hay de todo. Desde ONG hasta gente que se aprovecha de las minorías indígenas y afrodescendientes. Hay incluso personas que les piden plata a los concesionarios para destrabar los proyectos. Eso no se puede admitir.

SEMANA: Otro asunto crítico para la infraestructura vial son las licencias ambientales. ¿Cómo se pueden agilizar?

C. A.:
La ministra de Medio Ambiente está realizando un gran esfuerzo para agilizarlas. Pero, nuevamente, el mayor problema son las consultas previas porque para entregar una licencia ambiental se necesita que el concesionario cumpla con una serie de requisitos y las consultas son uno de ellos.

SEMANA: Este año, por fin, despegará la cuarta generación de concesiones. ¿Cuántos proyectos se van a adjudicar y cuántos kilómetros de doble calzada se van a construir?

C. A.:
La Agencia Nacional de Infraestructura abrió las primeras nueve licitaciones que valen 11 billones de pesos y que se adjudicarán en el primer trimestre de este año. Además, tiene otros diez proyectos en precalificación para los que abrirá también licitaciones en los próximos meses. Y están muy adelantadas seis iniciativas privadas cuyo proceso de selección se abre este año. Es decir, para 2014 tenemos 25 proyectos a los que se les suman la vía Ocaña–Gamarra, en Norte de Santander; la ampliación de la carretera entre Santa Marta y Barranquilla; las dos licitaciones de ferrocarriles; la adjudicación de la concesión para el río Magdalena con una inversión por 2 billones de pesos y las obras del Canal del Dique.

SEMANA: En realidad, la construcción de estas vías arrancará en 2015. Es decir, que la locomotora de la infraestructura no despegará en forma este año.

C. A.:
Eso no es cierto. La locomotora de la infraestructura arrancó en 2013 y así lo demuestran las cifras del Dane que revelaron que en el tercer trimestre las obras civiles crecieron un 18,6 por ciento. La vivienda y las obras civiles fueron los jalonadores del crecimiento económico del año pasado. En 2014 seguirá a toda marcha la ejecución de obras con otros 300 kilómetros de doble calzadas. Esta locomotora será un tren bala en 2015. Además, no solo están los proyectos de la cuarta generación de concesiones sino todas las obras públicas que se ejecutarán este año. Con todos estos proyectos en seis años Colombia será otro país.

SEMANA: ¿Cuáles son esas obras públicas?

C. A.:
A través del Instituto Nacional de Vías se van a construir 22.500 kilómetros de carreteras terciarias con una inversión por 2,5 billones de pesos. Pero también está trabajando en varios frentes. Le hizo mantenimiento a 12.000 kilómetros de vías y a finales de este año llegará a los 32.000, construyó 36,5 kilómetros de doble calzadas y llegará a 52 en 2014 y ha repavimentado cerca de 1.748 kilómetros. A ello se suman los 15 kilómetros de túneles y viaductos. Le doy un dato. Durante los ocho años del gobierno Uribe se invirtieron en el sector 14 billones y en estos cuatro años del gobierno Santos se han invertido 17 billones.

SEMANA: ¿Este año por fin entregarán las carreteras que llevan casi una década en construcción como las doble calzadas Bogotá–Girardot y Bogotá–Tunja?

C. A.:
La demora ha sido por la mala estructuración de estos proyectos. Hay que recordar que la vía Bogotá–Girardot se la dieron a los Nule y se presentaron problemas con los enormes anticipos y la compra de predios. De los 120 kilómetros de doble calzada ya están terminados 118 y solo quedan pendientes dos tramos, el del predio de 300 metros que le mencioné y los localizados en San Raimundo, que expropiaremos con la nueva ley.

En la vía Bogotá–Tunja estamos buscando acuerdos para resolver el tema de las variantes en Tocancipá y Gachancipá y solucionar el problema sobre el paso por el puente de Boyacá.

SEMANA: El gobierno tiene pleitos con varios concesionarios por las millonarias adiciones que se hicieron en el pasado. ¿Cómo avanza el tema?

C. A.:
La Contraloría denunció que se hicieron adiciones por más de 1,5 billones de pesos. Hemos logrado que las obras sigan avanzando, independientemente de los pleitos. Estamos tratando de recuperar las platas que le deben al Estado reduciendo el tiempo de la concesión. Ya logramos una primera victoria con el pleito de la malla vial de Meta en el que redujimos la concesión nueve meses, lo que significó una ganancia de 70.000 millones de pesos. Esperamos recuperar todo lo que dice la Contraloría.

SEMANA: Pasando a otro tema de su cartera, ¿qué planes hay para solucionar la gran congestión área en el aeropuerto de Bogotá?

C. A.:
Lo primero que quiero decir es que este gobierno es, de lejos, el que más ha invertido en el sector aeronáutico. En 2011 se aprobó un presupuesto de 239.000 millones y para este año será de 633.000 millones. Para descongestionar Bogotá estamos trabajando en varios frentes: inversiones en tierra y aire, en calles de rodaje en la nueva torre de control que se terminará este año y en los equipos de última tecnología. Además, endurecimos las multas a las aerolíneas por fallas en la prestación del servicio. En los próximos días anunciaremos las primeras sanciones.

SEMANA: ¿Ante la mayor congestión no es mejor anticipar el traslado de Catam?

C. A.:
De acuerdo con el Plan Maestro, en 2018 debemos tener operando el aeropuerto complementario, que permitirá no solo trasladar el Ejército y la Fuerza Aérea de Catam sino a toda la aviación corporativa para darle prioridad a la aviación comercial de pasajeros. Vamos a acelerar este plan todo lo que sea posible, pero antes vamos a instalar una mesa de trabajo de la que harán parte los ministerios de Defensa, Transporte, Hacienda y Medio Ambiente, así como la Aerocivil y la ANI para mirar si se puede hacer antes este traslado.