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| 6/27/2015 10:00:00 PM

Cerco mundial a los evasores de impuestos

No existirá ningún lugar donde se pueda esconder dinero con el propósito de evadir o pagar menos impuestos. Colombia hace parte de esa cruzada global.

En dos años, el planeta será como el reality de televisión el Gran Hermano, donde las autoridades tributarias de todos los países estarán con lupa en mano vigilando a los contribuyentes y mirando, cifra por cifra, todas las transacciones que realicen.

La finalidad será atrapar a quienes no cumplan con sus obligaciones tributarias, sea a través de la evasión o la elusión que son las dos formas de hacerle el quite al pago de impuestos. En la primera, simple y llanamente no se cumple con la ley, y en la segunda, aunque no es estrictamente ilegal, se aprovechan los vacíos que dejan las normas para minimizar los pagos. La modalidad más común de esta última es la transferencia de los recursos hacia otros países donde la baja tributación puede llegar a ser irrisoria o simbólica.

El asunto es que los gobiernos se cansaron de ver cómo muchos de sus ciudadanos pudientes y hasta sus más reputadas empresas cada vez ganan más en sus negocios, pero tributan cada menos a sus fiscos.

Hay toda clase de cifras, de diferentes fuentes, que muestran con dramatismo hasta dónde se ha llegado. Algunos expertos estiman que las 91.000 personas más ricas del planeta que controlan una tercera parte de la riqueza mundial tienen la mitad de sus depósitos escondidos en paraísos fiscales.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) calcula que 150.000 millones de dólares salieron de esta región en la última década por evasiones, elusiones y traslado de dinero hacia paraísos fiscales.

Por su parte, la organización Red de Justicia Fiscal, entidad que promueve la transparencia financiera internacional, estimó recientemente que de los dineros escondidos en los paraísos fiscales, 520.000 millones de dólares pertenecen a residentes brasileños; 417.000 millones a mexicanos; 406.000 millones a venezolanos; 399.000 millones a argentinos y 48.000 millones de dólares a colombianos.

Si bien en este orden Colombia presenta cifras menores frente a sus vecinos, se trata de una suma significativamente importante si se tienen en cuenta las necesidades de gasto que tiene el país para atender el hueco fiscal, el atraso social y el posconflicto que se avecina.

La verdad es que, fuera de conocer las múltiples maniobras que usan los contribuyentes para reducir su carga tributaria, es poco lo que las autoridades a nivel mundial han podido hacer para echarle guante a los evasores.

La razón por la cual ha sido tan difícil luchar contra este mal radica en que obtener información sobre saldos, origen de fondos, transacciones y pago de impuestos había sido prácticamente imposible por la falta de cooperación internacional para compartir dicha información. Algunas veces porque las leyes no lo permiten, otras por falta de interés y principalmente porque los centros financieros y los paraísos fiscales viven de estos depósitos.

Pues bien, las últimas noticias señalan que la fiesta para los ricos que no quieren pagar impuestos está a punto de acabarse. ¿Cómo se logrará? En primer lugar hay que decir que el giro comenzó con la crisis financiera de 2008, cuando los países desarrollados, preocupados porque las multinacionales que tienen residencia allí no les están tributando, entendieron que era hora de ponerle freno a este creciente problema.

El ataque frontal comenzó cuando los líderes del G20 reunidos en la cumbre de Londres en 2009 acordaron imponer sanciones a las jurisdicciones que no cooperen en la lucha contra la evasión tributaria. Posteriormente, a esta causa se unió la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), organismo al que pertenecen 34 naciones y al cual Colombia está próxima a entrar.

Esta última organización, que muchos consideran el Club de países con Buen Gobierno, creó un instrumento para que la medida tuviera dientes. Se trata del llamado proyecto Beps (Base Erosion and Profit Shifting) que en castellano significa que todos los países integrantes de la Ocde combatirán por todos los medios las formas como los contribuyentes tratan, con triquiñuelas, de reducir la base de tributación y el traslado de sus utilidades hacia otras partes.

En esencia, lo que se busca es que todas las autoridades tributarias tengan acceso a la información financiera de sus residentes, estén donde estén. Este compromiso se está extendiendo más allá de la Ocde. Antes, una de las limitaciones era que la información sobre cuentas bancarias era solo responsabilidad de las instituciones financieras y no de los gobiernos en sí y se compartía por solicitud expresa de algún país. Ahora, lo importante es que son los gobiernos los que se han comprometido a exigirles esa información a sus instituciones financieras e intercambiarla automáticamente con los países firmantes del proyecto Beps, alrededor de 60.

Es decir, a partir de 2017 –según los plazos establecidos– un gobierno ya no tendrá que pedir un reporte cuando tenga dudas si algún contribuyente está evadiendo, pues esta información le llegará automáticamente. Según la Ocde, esto es tan clave que, en la práctica, en dos años no existirá ningún lugar en el planeta en donde una persona o una empresa puedan esconder sus capitales, sin ser detectados.

Todos estos compromisos fueron refrendados en octubre del año pasado en Berlín, durante el Foro Global sobre la Transparencia en el que participaron 101 jurisdicciones. De allí, subió a 84 el número de naciones que se comprometieron a adoptar este tipo de medidas en fecha cercana.

Pero si alguien cree que esto no es un control suficiente, debe saber que Estados Unidos, por su propia cuenta, diseñó mecanismos adicionales para que sea casi imposible hacerles el quite a sus normas tributarias.

Se trata de la llamada Ley de Fatca (por su sigla en inglés, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) que tiene por objeto identificar a personas obligadas a declarar y pagar impuestos en Estados Unidos que hoy tengan activos financieros en el exterior sobre los cuales no tributan. A través de Fatca se rastreará por todos los rincones del planeta a esos evasores.

Pero así como hay acuerdos multilaterales como el proyecto Beps de la Ocde y medidas unilaterales como el Fatca de Estados Unidos, también hay acuerdos bilaterales para complicarles la vida a los evasores.

En este sentido, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, que se firmó hace unas semanas, para que sea la Dian la entidad que se encargue de recoger toda la información de las instituciones financieras locales y la intercambie con su homóloga gringa (IRS). La información se refiere a nombres, dirección, número de identificación, balance y cualquier otra información que solicite el IRS de sus residentes fiscales.

El hecho es que, a través de Fatca, Colombia también tendrá acceso a la información de los residentes nacionales que intenten hacerle conejo a la Dian con sus inversiones en el exterior.

Todas las formas de lucha

Los colombianos que han gozado en la fiesta de la tributación flexible, no solo tendrán que preocuparse por las medidas adoptadas en los países donde tienen depósitos escondidos, sino también por las que viene implementado el propio gobierno.

En los últimos años, Colombia ha incluido en su estatuto tributario, como otros países, una gama de nuevos instrumentos para atacar la elusión.

Uno de ellos tiene que ver con los precios de transferencias que son los que se establecen en las transacciones internacionales entre una matriz y sus filiales (vinculadas económicas). Se considera que la mitad de los flujos ilícitos a nivel mundial son provocados precisamente por la manipulación de estos precios.

Por ello, Colombia decidió que en adelante las transacciones entre vinculadas económicas tendrán que cumplir con el principio de plena competencia. Esto significa que una compañía deberá pactar las operaciones internacionales como si las estuviera realizando con un tercero independiente, no con su filial.

La consecuencia de esa medida es que los valores tendrán que estar a precios de mercado. Hasta ahora, una empresa interesada en bajar su carga impositiva podía crear una filial en un país de baja tributación, con la intención de que dicha sucursal le preste cualquier tipo de servicio (contable, financiero, de nómina, tecnológico, etcétera), casi siempre ficticio y a precios inflados (por encima del mercado). De esta forma, la empresa matriz le transfiere el dinero por el pago de dichos servicios a la jurisdicción donde se tributa mucho menos y como se trata de un gasto o costo, ese giro puede ser deducido del impuesto de renta en Colombia.

Otra práctica para eludir impuestos que también se ha vuelto común es la subcapitalización. Esta consiste en que la misma filial que se abre en el exterior puede hacer préstamos a la compañía con sede en Colombia, con intereses exorbitantes cuyo pago permite transferir capital a jurisdicciones más benévolas tributariamente. Esto, a su vez, sirve para reducir la base gravable, pues los intereses son un gasto no operativo que se puede descontar de las utilidades. Es decir, nuevamente a través de un truco la empresa logra bajar la base sobre la cual se calculan sus impuestos.

Pues bien, ahora con las nuevas normas, cuando una empresa reciba un préstamo de una filial los pagos de intereses no pueden superar tres veces el patrimonio de la compañía en el año anterior. Es decir, se le puso un límite, con lo cual se busca evitar el cuento que la empresa debe tanto dinero que no tiene utilidades para declarar en Colombia. La norma implícitamente está diciendo que, si se quiere endeudar en ese nivel, tiene que subir su patrimonio para aumentar su impuesto presuntivo.

La tercera arma en esta lucha tiene relación con los paraísos fiscales. Colombia y aproximadamente 80 países acordaron vetar desde el punto de vista económico las operaciones con estos centros financieros. Para el caso colombiano, toda transacción con un paraíso fiscal tendrá una retención del 33 % que no será deducible del impuesto en Colombia.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, Colombia actualizó su propia lista de paraísos fiscales de la que excluyó a Anguila, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Andorra, Chipre, Liechtenstein, Bermudas y Guernesey por acuerdos que permiten el intercambio de información tributaria. Por el contrario, incluyó a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar.

Con el país con el cual hay una definición pendiente es con Panamá, que sí está en la lista de paraísos fiscales de la Comisión Europea. Dado que la economía colombiana es tan importante en Panamá, por la presencia de múltiples empresas como Argos, Bancolombia, el Grupo Aval, Davivienda, tratarlos como un paraíso le podría cambiar las reglas del juego a las dos partes. Por eso, Panamá amenazó con retaliaciones si el gobierno lo pone en esta lista negra. La decisión se ha aplazado y solo se tomará en firme el próximo 7 de octubre.

En todo caso, antes de que todos los acuerdos internacionales entren en vigencia y su peso caiga con todo rigor sobre los contribuyentes evasores, a los colombianos que tengan activos en el extranjero no declarados se les ha dado una oportunidad de normalizar su situación fiscal de aquí a 2017. Durante estos dos años los que incorporen a su declaración capitales omitidos hasta ahora, podrán hacerlo pagando tarifas benévolas que aumentan gradualmente. Así, el que declare este año que haya tenido una inversión en el extranjero solo tendrá que pagar el 10 %. Si lo hace en 2016 la tarifa aumentará al 11,5 % y en 2017 al 13 %.

Según el Ministerio de Hacienda que acaba de hacer un corte a mayo, ese incentivo para atraer capitales ocultos se ha traducido en que se han declarado activos previamente omitidos por 2,8 billones de pesos (poco más de 1.000 millones de dólares). Esto ha significado un recaudo de 280.000 millones de pesos (el 10 %) para 2015, lo cual para el ministro Mauricio Cárdenas es una prueba de que la lucha contra la evasión y la elusión ha comenzado a funcionar. De estos 2,8 billones de pesos en activos omitidos, 1,5 billones fueron normalizados por personas naturales y los restantes 1,3 billones por personas jurídicas.

Lo cierto es que dadas las angustias fiscales que está viviendo el gobierno, el control a la evasión y a la elusión es una prioridad. El recaudo fiscal de Colombia como proporción del PIB es del 20,1 %, muy cercano al promedio latinoamericano que es del 21,3 %, pero el problema es que esta relación recaudo/PIB tiene su origen en un desequilibrio, pues el 90 % lo pagan las empresas y el resto las personas naturales. Esa proporción en los países desarrollados es prácticamente al revés.

Como las empresas no aguantan un impuesto más, una manera, incluso de luchar contra las múltiples formas de bajar la tributación, sería con una reforma que balancee las cargas. Como dice la comisión de expertos tributarios, dado el nivel de desarrollo del país, hay espacio para producir incrementos en el recaudo, pero siempre y cuando se hagan en forma tal que la estructura impositiva no afecte la equidad y la competitividad. Pero en todo caso, es en la lucha contra la evasión y la elusión, donde el gobierno podría encontrar la fórmula mágica para aumentar sus ingresos y resolver las angustias fiscales.

Multinacionales en el ojo del huracán

Los paraísos fiscales están llenos de compañías ‘fantasmas’ que se usan para queíotras empresas saquen las ganancias de sus países de residencia.

El secreto bancario, los paraísos fiscales, la posibilidad de mover la plata con solo un clic, las tácticas de ingeniería fiscal y la poca cooperación internacional han facilitado a ciudadanos y empresas sacar las ganancias de sus países, llevarlas a otras jurisdicciones y así evitar su tributación.

Hace tres años, una noticia desde el Reino Unido daba cuenta de cómo los legisladores británicos interrogaban a ejecutivos de Starbucks, Google y Amazon para saber cómo se las ingeniaban para pagar solamente pequeñas cantidades de impuestos, cuando acumulaban miles de millones de dólares en ventas en ese territorio. Un año atrás, fue España la que se quejó. De acuerdo con una nota del diario El País, las principales filiales de siete grandes firmas del sector tecnológico (Google, Apple, Amazon, Facebook, Yahoo, eBay y Microsoft) pagaron al fisco español, entre todas, solo 1 millón de euros de impuestos sobre las ganancias de 2012.

Las multinacionales estadounidenses no se quedan atrás y también recurren a maniobras para evitar reportar todas las ganancias y pagar menos tributos. En los últimos años, el debate sobre la elusión tributaria en ese país ha sido intenso. Apple, la empresa que fundó Steve Jobs, ha estado en el ojo del huracán por esta razón. Pero no solo es ella. Tras la crisis financiera de 2008, grandes corporaciones como Coca-Cola y Oracle fueron señaladas de buscar refugio en el Caribe para eludir el pago de miles de millones de dólares en impuestos al gobierno.

La verdad es que, en todas partes, abogados, contadores y banqueros han creado diversas maniobras para ayudar a sus clientes a esconder plata, sin que puedan ser molestados por las autoridades tributarias respectivas.

La modalidad más usada es la creación de filiales (vinculadas económicas) en otras jurisdicciones de baja tributación. Compañías de este estilo, conocidas también como fantasmas, abundan y nacen todos los días en el mundo, tanto en los paraísos fiscales como en los países que tienen bajas tarifas tributarias.

Ello explica por qué algunas jurisdicciones se han convertido en polos de atracción de los flujos de inversión. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2010 Barbados, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas recibieron más Inversión Extranjera Directa (IED) que la misma Alemania (5,11 % de la inversión global se fue para estas islas frente a 4,77 % de la potencia europea) e incluso sobre Japón (3,76 %).

Otro dato más reciente de la Unctad (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) ilustra la dimensión de esta práctica. En 2013, las Islas Vírgenes Británicas recibieron 93.000 millones de dólares de IED, más que Brasil e India juntos, dos de las principales economías en desarrollo.

Aún más inexplicable es el hecho de que Bahamas, con alrededor de 300.000 habitantes, tenga registradas 113.000 compañías. Algo así como más de una por cada tres habitantes. Islas Caimán, por su parte, tiene 85.000 empresas inscritas. Sobre este sitio ha sido famosa la referencia que en ocasiones ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien recuerda que en el edificio Ugland en Islas Caimán tienen su sede unas 18.000 firmas.

Pero no hay que ir al Tercer Mundo. En el propio Estados Unidos, Delaware es otro sitio escogido por quienes quieren ocultar sus ingresos. Este estado tiene cerca de 920.000 habitantes y 945.000 compañías. Esa proporción de uno a uno no la tiene ninguno de los famosos paraísos fiscales del Caribe.

Ahora bien, no tienen que ser paraísos fiscales. Se sabe que algunas empresas canalizan sus ventas a través de Irlanda, incluso llegan a trasladar hasta el ciento % de sus ingresos a filiales en ese país y con un arreglo especial pueden obtener tasas de impuestos entre el 5 y el 12 %, mientras que el promedio de los países de la Ocde es de 40 %.

El ingenio para hacerles el quite a los impuestos no tiene límites. Liberland, un nuevo país (proclamado el 13 de abril de 2015) al lado del río Danubio entre Croacia y Serbia, con siete kilómetros cuadrados de territorio podría ser el nuevo gran hueco fiscal del mundo, pues allí el pago de impuestos es opcional. Bastaría entonces con que una empresa decida abrir en ese minúsculo territorio una compañía fantasma para trasladar las ganancias que no quiera declarar en su país.
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