CHEQUE CHIMBO

Hacía rato que un proyecto así no producía tanto rechazo y tan inmediato por parte de ambos partidos y en un momento en el cual el Congreso parece estar en uno de esos estados de vida vegetativa que lo invanden frecuentemente. Pero, por los visto, ese marasmo fue sacudido por la iniciativa de los senadores Alvaro Villegas, Héctor Polanía y Julio Ospina de crear el "Fondo de la Paz y la Seguridad Ciudadanas", que iría a ser nutrido "a partir de la vigencia de la presente ley y por un lapso de cinco años", con el uno por ciento "de todos los pagos a través de cheque yo tarjetas de crédito que se realicen en el sistema financiero del país".
La idea, que buscaba darle mayores recursos a las Fuerzas Armadas, fue combatida por el liberalismo oficialista, el Nuevo Liberalismo y hasta por los mismos conservadores. Tal como comentara un congresista liberal "la situación de orden público está mal, pero todavía no hemos llegado a un extremo como ese".
Sin embargo, aparte de las consideraciones sobre la situación del país, el impuesto propuesto fue combatido duramente con otras razones. En primer lugar, se argumenta que el volumen de recursos recaudado sería tanto que superaría las necesidades de seguridad de los colombianos. Es asi que se calcula que el volumen de transacciones en cheques y tarjetas de crédito podría superar facialmente el tope de los 10 mil millones de pesos diarios, de los cuales, si entrara en vigor la ley, 100 millones irían a las Fuerzas Armadas. Tales entradas se irían a sumar a los recursos que da el presupuesto nacional, en donde el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional están por debajo tan solo del Ministerio de Educación y, adicionalmente, constituirían más del doble de la partida para inversión en defensa para 1986 (cerca de 14 mil millones de pesos).
De esa argumentación económica, otros de sus opositores pasaban a cuestionar políticamente la medida: "con todo ese dinero se podrían mejorar sensiblemente muchas de las llamadas condiciones objetivas de la violencia, con lo cual no sólo habría seguridad sino también la tan anhelada paz". La medida propuesta por los tres senadores conservadores era vista desde distintos sectores como la búsqueda de un respaldo económico a la tesis política de que sólo con la represión se podría acabar con la subversión en el país. Y teniendo en cuenta que esta tesis genera aún más dudas que certezas, particularmente en el propio presidente Belisario Betancur, buscarle un soporte financiero resultaba claramente traído de los cabellos.
La opinión de los liberales y neoliberales opuestos al proyecto desde cuando se hizo público, al día siguiente de un encuentro entre altos mandos militares y parlamentarios de los dos partidos tradicionales, no se basa únicamente en la anterior argumentación política. A esto se agrega el hecho de que, en contra de lo que opinan los defensores del proyecto, el movimiento de cheques y tarjetas de crédito no se limita a las clases privilegiadas. Vastos sectores de la clase media urbana utilizan estos mecanismos comerciales entre otras cosas porque son los únicos canales de crédito a que tienen acceso. Gravarlos equivaldría a poner una nueva traba a la tan esperada recuperación económica y con ello, a producir nuevos motivos de inconformidad. El nuevo impuesto "no es económIcamente viable ni políticamente posible --explica el senador alvarista Rodrigo Marín Berbal--, pues el alto nivel de tributación vigente no autoriza la imposición de un nuevo gravamen que vendría a afectar al mismo número de contribuyentes, sobre los cuales pesa hoy la mayor proporción de la responsabilidad del financiamiento del gasto público". En fin, todo indica que el proyecto del nuevo impuesto nació muerto. No en vano diferentes sectores han considerado que de llegar a resucitar, sería capaz de generar más subversión que seguridad.--