Colcha de retazos

El proyecto de reforma tributaria salió del primer debate en el Congreso 'remendado' y, a juicio de los técnicos, "con costuras mal hechas". Después de varias semanas de discusiones los congresistas de las comisiones económicas cambiaron los puntos clave de la propuesta presentada por el gobierno. A éste, entre tanto, le tocó resignarse y aceptar las modificaciones que introdujo el Congreso con tal de asegurar los 2,7 billones de pesos que necesita para cubrir los faltantes en el presupuesto del próximo año.

Todos estuvieron de acuerdo en que hacía falta plata. La discusión se centró, entonces, en cómo conseguirla. El gobierno buscaba recaudar la mayor parte de los nuevos recursos subiendo de 16 a 17 por ciento la tarifa general del IVA y extendiéndola a más productos. Desde el comienzo esta propuesta no les gustó a los congresistas, quienes argumentaron que golpearía el consumo de las clases media y baja.

A cambio de aumentar el IVA, los congresistas aprobaron cobrar otra vez y por tres años más un impuesto de 0,3 por ciento sobre patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Ya el gobierno, en agosto de 2002, había cobrado un impuesto similar "para preservar la seguridad democrática", con el que se recaudaron 2,4 billones. Con lo aprobado hasta ahora por el Congreso, las grandes empresas, en especial aquellas con altos niveles de capital, deberán seguir pagándolo hasta 2006.

"No hay duda de que el impuesto al patrimonio es políticamente más atractivo que el IVA", dice Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo, pero advierte que desestimula la inversión y, por esa vía, la generación de empleo, aunque no hay cifras precisas al respecto. Los expertos en temas tributarios señalan, además, que esta medida promueve la "contabilidad creativa", toda vez que las empresas se verán tentadas a poner activos fuera del país o a crear obligaciones ficticias para reducir su patrimonio. Lo más grave, quizás, es el mensaje que se les manda a los inversionistas al volver a recurrir a un impuesto que supuestamente iba a ser cobrado por una sola vez. Si la primera vez este tributo fue bien recibido por el sector privado, ahora que se ha incumplido la promesa de no hacerlo permanente, la reacción será muy distinta.

Quienes defienden el impuesto, de otro lado, lo califican de progresivo. Un estudio reciente de la Contraloría, por ejemplo, dice que el incremento generalizado del IVA golpea a los asalariados, pues la mayor parte de sus ingresos se destina a consumir. Sería más doloroso para ellos pagar este incremento que para las grandes empresas asumir el pago del impuesto al patrimonio. Dice además que este impuesto penaliza la improductividad. Por ejemplo, una persona que debe pagar por tener en su patrimonio un 'lote de engorde' intentará hacer algo productivo con él para que le genere, al menos, algún rendimiento.

Costosa 'zanahoria'

No todo fue garrote para las empresas. Cuando estaba prácticamente hundido el artículo que premiaba la reinversión de utilidades, el presidente Alvaro Uribe y el cabildeo de los industriales lograron revivirlo. Las empresas que inviertan entre 2004 y 2007 en máquinas o equipos de producción podrán deducir del impuesto de renta hasta 30 por ciento de esas inversiones. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto le costará al fisco ni cómo hará la Dian para controlarlo. Puede abrir un hueco incluso más grande del que se pretende cerrar. Como dice Alfredo Lewin, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el gobierno estaba en la obligación de cuantificar el boquete y no lo hizo. "Si el presidente Uribe quiere cargar con ese mico a cuestas, que lo cargue", declaró en el Congreso el director del liberalismo Camilo Sánchez, quien no parecía estar de acuerdo con lo que muchos de sus colegas consideran un regalo.

Sobre el impuesto al patrimonio y el premio a la reinversión de utilidades sólo hay opiniones encontradas y controversia. Sobre el gravamen a las transacciones financieras, en cambio, no hay duda de que es malo. Así lo demuestran varios estudios y, sin embargo, las comisiones económicas del Congreso aprobaron subirlo de 3 a 4 por mil.

La única ventaja del ahora '4 por mil' es la facilidad que tiene el gobierno para cobrarlo. La principal desventaja es que cuanto más alta sea la tarifa, más buscará la gente hacer sus operaciones en efectivo. La plata entonces se mueve por fuera del sistema financiero y, poco a poco, la base sobre la que se cobra el impuesto disminuye. Un estudio de finales de 2002 realizado por la Contraloría señala además que el impuesto a los movimientos financieros "induce a realizar transacciones por fuera del territorio nacional, incide sobre las tasas de interés y castiga a los negocios que tienen una alta rotación de efectivo".

La tercera fuente de recursos que aprobó el Congreso fue una sobretasa del 10 por ciento al impuesto de renta. De esta forma las empresas terminarán pagando una tarifa del 38,5 por ciento. Al gobierno no le quedaban muchas alternativas para aumentar los recaudos y una forma fácil de lograrlo fue poner a pagar más impuestos a quienes ya lo hacen. Según Alfredo Lewin, en otros países están buscando todo lo contrario: reducir las tarifas y hacer que todos paguen, eliminando privilegios como los que otorgó el gobierno en la reforma tributaria de finales de 2002. De otro lado, no deja de ser contradictorio subir la tarifa del impuesto de renta por un lado, y por otro rebajarla para quienes inviertan en bienes productivos, cuando en la actualidad la mayoría de las empresas ya están reinvirtiendo el grueso de sus ganancias.

Entre el impuesto al patrimonio, el '4 por mil' y la sobretasa al impuesto de renta, los congresistas le aprobaron al gobierno cerca de 1,3 billones de pesos en recursos adicionales. El resto se conseguiría a través de las llamadas "normas antievasión". Entre éstas sobresale cárcel para los evasores, que fue aprobada en las comisiones, pero que se podría enredar en la plenaria. También se aprobó la devolución de dos puntos de IVA a quienes paguen con tarjeta sus compras.

Hubo artículos que los congresistas negaron rotundamente. Por ejemplo, no quisieron tocar a las pensiones altas, que el gobierno quería gravar y que habría afectado a los congresistas que están próximos a jubilarse. Tampoco se metieron con los asalariados, que con la propuesta del gobierno hubieran visto reducir sus ingresos, pues se bajaba del 25 al 20 por ciento la parte exenta del salario.

Ahora el proyecto debe pasar a las plenarias de Senado y Cámara para convertirse en ley. Y aunque los cálculos indican que con esta nueva reforma se logrará tapar parcialmente el hueco del próximo año, el problema de fondo quedó sin resolver. El gobierno consiguió 'lo del diario', con la certeza de que mañana no va a ser suficiente. Mientras los gastos del sector público continúen creciendo como lo han hecho en los últimos años, cada reforma tributaria no será más que un 'parche' en el enrevesado sistema impositivo del país.