Colombia no informó muchos datos para estudio anticorrupción que fue lanzado por la OCDE

Colombia tiene una estrategia anticorrupción en estado de implementación. Ese es uno de los datos que sobre nuestro país registra la OCDE, en el informe presentado este martes 26 de marzo, sobre ese flagelo que, a juicio del organismo, “tiene un impacto adverso sobre la prosperidad y la democracia. Profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento económico, erosiona la resiliencia y el funcionamiento adecuado de las democracias e impide la representación y la confianza en el gobierno”.

En muchos de los ítems que abarca el estudio, Colombia aparece en el grupo de los grises, es decir, los que no proporcionaron datos o los mismos no fueron recogidos.

Se destaca, por ejemplo, el componente relacionado con conflicto de intereses de funcionarios públicos, en el que esta nación tendría mucho que contar. Sin embargo, no aparece como reportante de esa data, mientras que en promedio, los países de la OCDE cumplen con el 76 % de los criterios en materia de reglamentación y el 40 % en materia de práctica relacionada con los conflictos de intereses.

“En la mayoría de los países de la OCDE, los titulares de cargos públicos con importante poder para la toma de decisiones están obligados legalmente a revelar sus intereses privados. Sin embargo, un número significativo de países no supervisa plenamente si estos requisitos se implementan en la práctica. Entre los países de la OCDE que exigen que los miembros del gobierno proporcionen declaraciones de intereses privados, hay datos disponibles para monitorear el cumplimiento de las regulaciones de divulgación, solo en 22 países”, dice el informe. Uno de los que no registró la información es Colombia.

Un dato que vale la pena señalar en el documento es que “los jueces de alto rango están obligados a revelar sus intereses en 19 países de la OCDE, pero los datos completos sobre la divulgación solo están disponibles en diez países. La mayor brecha de monitoreo es para los funcionarios públicos de alto nivel, donde a pesar de un requisito legal en 26 países, solo 11 monitorean completamente si se han realizado declaraciones de intereses privados”.

Nube sobre el lobbismo

De igual manera, en el aparte del estudio relacionado con el lobbismo, Colombia también está entre los no reportantes de información para el informe anticorrupción.

Si bien la OCDE no sataniza el tema, pues lo considera como “una parte natural del proceso democrático”, si enfatiza en que “debe gestionarse adecuadamente para garantizar que la influencia se ejerza de manera justa y efectiva en la formulación de políticas”.

Más aún si los gobiernos hacen parte de una ola que no es ajena a Colombia: “A través de las redes sociales y los mensajes directos, los formuladores de políticas están sujetos a un mayor escrutinio, polarización política y desinformación, lo que dificulta determinar la representación legítima y tomar decisiones informadas que conduzcan a políticas de interés público”, expresa el documento.

Otros temas no reportados

Para el informe de la OCDE Colombia tampoco dio información sobre la manera de abordar el fraude y la corrupción en su marco de control interno, mientras que en promedio entre el 72% y el 81% de las naciones que hacen parte de este organismo tienen regulaciones estándar en ese sentido y el 51 % implementan auditoría interna, punto que, en general, debe ser mejorado, dice el estudio.