Como caníbales

Será la noticia económica de la semana. Todo el mundo de los negocios va a estar pendiente de lo que ocurra este lunes 31 de julio, cuando se vence el plazo para que los consorcios interesados en quedarse con la licitación del aeropuerto El Dorado presenten sus observaciones al informe del comité evaluador, que en su primer veredicto sacó de taquito a tres de las cinco firmas que estaban en la carrera. Sólo dos pasaron 'en limpio' el examen de este comité, compuesto por funcionarios de la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y Planeación Nacional.

Los abogados de las partes descalificadas trabajan sin descanso para revocar la decisión. Este lunes a las 8:30 de la mañana se darán cita con el director de la Aeronáutica Civil, Fernando Sanclemente, y el Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, para presentarles las observaciones, pruebas o documentos que controvierten lo que dice el informe. No sólo van a ir a esa audiencia pública a defenderse. También aprovecharán para darles palo a los demás y sacarle los trapos al sol a cuanta cosa vean que no les cuadra de las propuestas de los otros. Un encuentro en el que no va a quedar títere con cabeza. Como le dijo a SEMANA una fuente cercana al proceso, "si antes la gente creyó que vio guerra, lo que se viene ahora va a ser mucho peor".

¿Quién tiene posibilidades reales de apelación? ¿Cómo van a defenderse las firmas que ya están con un pie afuera? ¿Qué tipo de argumentos nuevos van a salir a flote durante la audiencia ? ¿Qué sigue después de esta ronda de reparos y críticas?

Lo primero es entender cómo está estructurado el pliego de condiciones. Éste gira sobre dos grandes ejes: uno de requisitos legales -que determina si son o no elegibles- y uno de requisitos de experiencia que determina si son o no aceptables.

El único requisito legal que presenta problemas para dos firmas es el que dice que un consorcio no puede tener actividades relacionadas con el transporte aéreo. La idea en plata blanca es evitar que quien se quede con la concesión de El Dorado preste además servicios de carga o transporte de pasajeros. No puede ser juez y también parte. En ese sentido, el comité evaluador encontró que esto no se cumple en dos casos: el del consorcio liderado por Aeropuertos Argentina 2000 y el de la firma Stratis, del ex presidente de Avianca Juan Emilio Posada.

La comisión considera que uno de los socios de los argentinos, Villalonga Furlong S. A., ejerce actividades en el transporte aéreo de carga y correo, según se desprende de su objeto social. Por eso no serían elegibles. En cuanto al grupo de Posada y los inversionistas chinos, se aduce algo parecido, mas no igual. El comité evaluador argumentó que la filosofía de la firma Stratis son las asesorías a empresas aéreas y que por esta razón quedaría inhabilitado para seguir en el proceso licitatorio porque, de una u otra forma, el consorcio se está lucrando de actividades relacionadas con el transporte aéreo. Por eso tampoco sería elegible.

En cuanto a los requisitos de experiencia, el pliego establece la acreditación en diseño, construcción y operación de terminales de pasajeros y de carga. Según el comité, los argentinos no cumplen con este último requisito. La razón es muy sencilla. Resulta que Villalonga Furlong S. A. es accionista del 45 por ciento de la Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S. A., (Edcadassa). Esta empresa opera terminales de carga y su socio mayoritario es el Ministerio de Defensa de Argentina, con el 55 por ciento de las acciones. Al tener el Estado argentino la mayoría, éste controla la elección de tres de los cinco miembros de la junta directiva, que a su vez son los que nombran al presidente y al vicepresidente. Según el comité evaluador, lo anterior le otorga a éste la influencia dominante y no a Villalonga Furlong S. A., por lo cual no resulta admisible que la experiencia de Edcadassa sea invocada por Villalonga. Y por eso los argentinos tampoco serían aceptables.

Harina de otro costal es lo que pasa con el consorcio integrado por Eduardo Pacheco, del Grupo Colpatria, el constructor Mario Huertas y Aeropuertos de Houston. La cosa es casi surrealista porque lo que embolató la propuesta de este consorcio fue la presentación de un papelito que nadie les estaba pidiendo, pero que, de 'regalados', le entregaron al comité: un contrato de asistencia técnica con el aeropuerto de Houston.

Pero resulta que el comité evaluador cree que ese acuerdo comercial condiciona la asistencia técnica al aeropuerto de Bogotá a lo que determine el aeropuerto de Houston, regido por leyes de otro Estado. Esto hace que no haya garantías satisfactorias de que se van a resolver las necesidades de El Dorado en el momento en que corresponde. Fuera de eso, el contrato vence en 2011, mucho antes que la concesión del terminal aéreo de la capital, que es en 2020. Y por esa razón -que no aparece por ningún lado en los pliegos de la licitación- es que el comité declaró la firma como no elegible.

Los únicos que no tuvieron ningún reparo del comité para seguir en la puja son el grupo que lidera la familia Char de Barranquilla, dueños de Supertiendas y Droguerías Olímpica, y el consorcio integrado por el grupo Odinsa, que se encuentra a la cabeza del ex ministro de Obras Públicas y ex canciller, Luis Fernando Jaramillo. ?

Songo le dio a borondongo...

Lo que sigue ahora es que los grupos que recibieron una calificación negativa del comité van a presentar este lunes su defensa. Papeles en mano, se irán como fieras heridas a tratar de demostrar por todos los medios que los reclamos del comité son injustificados. Y si logran hacer méritos suficientes, conseguir que se revoque la decisión.

Respecto a los argentinos, que están calificados como no elegibles y no aceptables, lo más seguro es que se salven de lo primero. Todo indica que van a presentar como prueba contundente e irrefutable una carta de la Aeronáutica Civil de ese país en la cual se dice expresamente que el objeto social de Villalonga Furlong S. A. no contempla de ninguna manera la prestación de servicios de transporte aéreo, sea de carga, pasajeros o correo.

Quedaría por verse cual es su suerte respecto a la experiencia acreditada en materia de operación de terminales de carga. Los argentinos van a invocar una norma del pliego que dice que también vale acreditar experiencia a través de una sociedad si se tiene más del 40 por ciento del capital, y si se tiene a su cargo la responsabilidad de la operación de la misma. El comité tendrá que evaluar cuáles son las implicaciones de que es el Ministerio de Defensa de Argentina, y no Villalonga Furlong S. A., el que controla la elección de la junta directiva de Edcadassa y de su presidente.

Pero como en este ejercicio también se vale atacar, es de esperar que el resto de proponentes le saque nuevos filones a esta propuesta. Y en ese canibalismo es muy probable que salga a flote un tema.Tiene que ver con la facturación presentada por los argentinos. Una de las maneras de acreditar experiencia en la construcción de aeropuertos era mostrando las facturas que emitieron por concepto de los trabajos. Los rivales de los argentinos argumentan que las presentadas por Aeropuertos Argentina 2000 fueron expedidas por empresas diferentes a éste. Eso significaría que actuaba en calidad de destinatario de las facturas y no de emisor de éstas. Sin embargo, en el mundo del canibalismo nada es blanco o negro y la palabra final la tiene el comité.

Es probable que al consorcio de Posada y los chinos le vaya mejor. La razón es que el objeto social de Stratis es prestar asesoría y consultoría a empresas relacionadas con aeropuertos y empresas de aviación, mas no prestar directamente servicios de transporte aéreo de pasajeros, carga o correo. No es lo mismo asesorar una aerolínea que ser aerolínea. Si bien las actividades están relacionadas, son bien distintas entre sí.

El alegato que va a levantar más ampolla será el del consorcio de Aeropuertos de Houston. Y la principal razón es que según ellos, los están sacando por un requisito que no está en el pliego de condiciones para aplicar al proceso. Agregan que ya hay jurisprudencia del Consejo de Estado que dice que no se pueden cambiar las condiciones de evaluación después de que se han presentado las ofertas. Si esos argumentos son válidos y no los incluyen de vuelta en la carrera, podría haber lugar a una demanda contra el Estado.

Así las cosas, la audiencia de este lunes va a estar como para alquilar balcón. Después los proponentes tendrán tres días para entregar sus respuestas y justificaciones a esas críticas. Y a partir de ahí, el comité evaluador tendrá entre 10 y 15 días para emitir su veredicto final. Sólo en ese momento se sabrá quiénes podrán participar de la audiencia de adjudicación programada para el 18 de agosto.

La pregunta es cuántos se salvarán. Por ahora, no hay nadie por fuera. Hagan sus apuestas.