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| 11/11/1996 12:00:00 AM

CON EL PECADO Y SIN EL GENERO

A pesar del vertiginoso crecimiento del gasto público en seguridad y defensa, los resultados no se ven por ninguna parte.

En el mundo hay muchos negocios malos. Pero uno de los peores que se le puede ocurrir a cualquiera es que un Estado gaste muchísima plata para agarrar un delincuente, y después gaste más plata para adelantarle un proceso que termine en la impunidad. Por ridículo que suene, esto es lo que le está pasando al país. Para nadie es un secreto que el agravamiento de la situación de orden público a todos los niveles es uno de los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo económico y social de Colombia. Ante esta situación el gobierno anterior decidió fortalecer y modernizar las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad ciudadana. Como resultado de múltiples esfuerzos, en los últimos años ha aumentado el número de jueces, soldados y policías y ha mejorado sustancialmente su remuneración. Lo grave del caso es que mientras este esfuerzo ha ido sumándole pesos y más pesos al presupuesto nacional, los resultados en términos de seguridad y justicia no se ven por ningún lado. Esa es la triste conclusión a la que ha llegado la Comisión de Racionalización del Gasto Público. Según sus cálculos el gasto del gobierno destinado a la Fuerza Pública prácticamente se ha duplicado en términos reales en lo corrido de la década, lo que ha significado que ha pasado de representar 2 por ciento del producto interno bruto en 1990 a más de 3,5 por ciento en este año (ver gráfico). Algo similar ha sucedido con el gasto destinado a la justicia: su valor en términos reales hoy en día es más de dos veces el de 1990 y su participación en el PIB ha pasado de ser 0,6 por ciento a casi 1,2 por ciento en los últimos seis años (ver gráfico). Saco roto Para hacerse una idea de la magnitud del crecimiento del gasto de la Fuerza Pública basta con tener en cuenta que absorbe alrededor de una tercera parte del presupuesto nacional, si se excluyen el pago de los intereses de la deuda pública y el valor de las transferencias. El análisis de la Comisión concluye que de este monto tan sólo se está destinando a inversión entre el 10 y el 20 por ciento y que buena parte del gasto se está yendo en el pago de salarios. Pero la inflación de las remuneraciones no para en los salarios. La Comisión estima que gracias a las prebendas previstas en la ley 4 de 1992, los miembros de la Fuerza Pública logran redondear un ingreso que supera entre 2,2 y 3,4 veces el sueldo básico establecido para cada rango. De otra parte, la Fuerza Pública fue excluida de la reforma de la ley 100 en lo referente al régimen de pensiones, lo que se ha traducido en una carga financiera monumental. Un estimativo aproximado de la Comisión señala que el valor del pasivo pensional correspondiente a 340.000 miembros de la Fuerza Pública ascendía a la increíble suma de 6.000 millones de dólares al terminar 1995, es decir más de 7 por ciento del PIB. Pero si una buena parte del gasto en seguridad la absorben las obligaciones de personal, por el lado de la justicia las cosas son aún peores. En este caso más del 90 por ciento de los gastos son de funcionamiento, y de estos el 88 por ciento se dedica a cubrir costos de personal. Y de lo poco que queda para inversión, el 97 por ciento se dedica a la planta física de oficinas e inmuebles, de manera que el presupuesto para computadores y otros instrumentos de trabajo es irrisorio. Con estas cifras ya son pocos los que dudan que los gastos del gobierno en seguridad y justicia se han convertido en piezas sensibles del desequilibrio fiscal que enfrenta el país en este momento, y que a juicio de algunos constituye el principal problema de la economía colombiana en la actualidad. Pero lo peor es que el país no ha visto los resultados de semejante esfuerzo presupuestal, que en últimas sale del bolsillo de todos los colombianos. Para nadie es un secreto que los logros en los frentes de seguridad y defensa dejan mucho que desear. La expansión que ha tenido la subversión en los últimos años y el crecimiento de la criminalidad común han llenado como nunca antes el clima nacional de incertidumbre y de temor. Una prueba de ello es la actitud desesperada de algunos de pedir a gritos más de lo mismo al solicitar nuevos recursos económicos para la Fuerza Pública como fórmula mágica para resolver el conflicto. Cojea y no llega Y en el campo de la justicia los resultados son peores aún. Según una investigación del Instituto SER, la duración promedio de un proceso penal es de 3,2 años en la primera instancia, mientras que una demanda ordinaria civil ante un juez de circuito toma cuatro años en su primera etapa. Lo peor es que estos plazos, además de ser largos, pueden ser totalmente inútiles. Mientras a mediados de los 60 la probabilidad de que la justicia castigara a un individuo culpable era 20 por ciento, con el tiempo esa cifra ha caído en picada hasta llegar al irrisorio nivel de 0,5 por ciento en la actualidad. Y es que la inoperancia de la justicia es tan dramática que hoy existen cuando menos cuatro millones de procesos en curso. Esta situación ha llevado al propio Consejo Superior de la Judicatura a afirmar que, suponiendo que no entraran nuevos procesos a los despachos, la justicia penal se tomaría nueve años en evacuar los existentes, y la civil seis. Parar para ver Ante semejante panorama la Comisión ha señalado que el país debe hacer un profundo proceso de análisis de la eficiencia del gasto en seguridad y justicia antes de seguir castigando el presupuesto nacional sin son ni ton. Entre las recomendaciones centrales formuladas la semana anterior para evitar el desangre fiscal sobresale una de emergencia: congelar el gasto en términos reales en ambos sectores durante tres años. Ese plazo serviría para diseñar una estrategia coherente de seguridad que involucre a todos los colombianos, así como un plan detallado para sacar a la justicia de la crisis en la que se encuentra. En palabras de Gabriel Rosas, coordinador de la Comisión, "la preocupación central de nuestro trabajo no es tapar huecos fiscales sino plantear una agenda de trabajo eficiente para los próximos 10 años". Por ahora son muchos los que esperan que las recomendaciones de la Comisión sirvan para que Colombia deje de ser uno de los países más inseguros del mundo, en el que se gasta una inmensa cantidad de dinero para tratar de agarrar a los que violan la ley, para que después la justicia se gaste otro tanto para dejarlos en libertad e impunidad.
CASI TODOS CONTRA EL DEFICIT
La semana pasada, mientras la Comisión de Racionalización del Gasto Público daba a conocer su informe sobre los sectores de seguridad y justicia, el proyecto de ajuste fiscal para 1997 presentado por el Ministro de Hacienda terminaba su trámite en las comisiones respectivas en el Congreso. Según el ministro Ocampo el trámite del proyecto no ha tenido mayores contratiempos y las propuestas del Ejecutivo para recortar cerca de dos billones de pesos el año entrante deberían ser avaladas por las plenarias. Claro está que si se tiene en cuenta la adición presupuestal para el mismo año que aprobó la Cámara de Representantes y que debe ser discutida en los próximos días por el Senado _que asciende en términos netos a 270.000 millones de pesos_ la magnitud del ajuste ascendería tan sólo 1,7 billones de pesos. A juicio de diversos analistas esa suma _e incluso los dos billones planteados originalmente_ resultaría insuficiente para mejorar una situación fiscal que para este año se ve crítica. Mientras los cálculos oficiales apuntan a un déficit del gobierno consolidado equivalente a 2 por ciento del PIB para este año _sin privatizaciones_, Gabriel Rosas estima que esa cifra deberá estar por encima del 3 por ciento, cifra que es compartida por el Fondo Monetario Internacional. Pero lo más grave es que el proyecto de ajuste planteado para 1997 tiene sus principales enemigos dentro del mismo gobierno. Los ministros del Interior, Horacio Serpa, y de Trabajo, Orlando Obregón, han manifestado en repetidas oportunidades su oposición a dos elementos centrales del proyecto, como son la postergación de los incrementos en las transferencias a los municipios y el ajuste al incremento salarial del gobierno. Ante semejantes circunstancias son muchos los observadores desconcertados que le desean éxitos al ministro Ocampo, mientras se preguntan si la administración Samper tiene una idea clara de qué hacer con el déficit fiscal.
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