CON LAS PILAS PUESTAS

CON LAS PILAS PUESTAS
FINALMENTE RODARON CABEZAS. Y CABEzas importantes. Concluido el informe solicitado por el Gobierno a una comisión evaluadora del sector privado, y los que adelantaron por su cuenta la Contraloría General de la República y la Comisión Quinta del Senado, el presidente Gaviria decidió tomar el toro por los cuernos. En una breve alocución televisada, ordenó la destitución de nueve altos funcionarios del sector incluidos los gerentes de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, Corelca y la CVC pidió la suspensión de sus cargos de otros ocho incluidos el gerente de las Empresas Públicas de Medellín y el secretario de la Comisión Nacional de Energía y solicitó a la Procuraduría que investigue las actuaciones de cuatro ex ministros y un ex gerente de la Empresa de Interconexión Eléctrica. Aseguró, además, que su Gobierno apoyará los resultados de la investigación que adelanta la Procuraduría contra Fabio Puyo y Javier García Bejarano, ex gerentes de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.

Si el país esperaba con ansiedad que el Gobierno señalara quiénes fueron los culpables del racionamiento y cumpliera con su promesa de sancionarlos de una manera ejemplar, difícilmente podía pedir más. Aunque para la mayoría de los implicados y para algunos observadores externos "no están todos los que son, ni son todos los que están", es evidente que la seriedad con que asumió el presidente Gaviria las conclusiones de los informes citados y la decisión que mostró en su alocución del jueves pasado cayeron bastante bien y mejoraron, en términos de opinión, la alicaída figura del Presidente. Por fin, para la gran mayoría de colombianos, se pusieron las cosas en su punto.

Contra lo que venían afirmando buena parte de los dirigentes del sector eléctrico, los tres informes conocidos la semana pasada coincidieron en que por lo menos un 80 por ciento del racionamiento se habría podido evitar con un manejo responsable de las empresas del sector y un uso más racional del sistema interconectado. Ninguno le restó importancia al verano provocado por el fenómeno de "el Niño", pero todos demostraron que su impacto fue muy inferior al que se le quiso atribuir en un principio. Y aunque disímiles en su contenido, y en sus conclusiones, los tres fueron muy concretos en señalar con nombre propio a los responsables del racionamiento.

El primer informe que se conoció fue el de la comisión evaluadora del sector privado. Dividido en dos capítulos no sobre las causas de los actuales cortes de energía y otro sobre los problemas estructurales del sector el informe aseguraba de entrada que "buena parte del racionamiento habría podido evitarse si se hubiera actuado con previsión, responsabilidad y sentido común". Y separaba las causas del problema en dos categorías o que sería esencial después en la toma de decisiones por parte del Gobierno las culposas y las dolosas. Las primeras, según la comisión, eran las relacionadas con el inadecuado manejo del modelo de operación del sistema interconectado desarrollado por ISA y la definición de algunos de sus Parámetros. Las últimas, las que tenían que ver con la información falsa, según el informe suministrada por las empresas sobre la disponibilidad de las plantas térmicas.

La Comisión evaluadora privada, compuesta por 10 altos dirigentes del sector empresarial, mencionó también en su informe los problemas laborales de las empresas y el impacto causado por la acción de la guerrilla. Pero su conclusión fue muy clara: "En la Junta Directiva de ISA, en su Comité de Operación y el aparato administrativo de la empresa reside la responsabilidad principal de la mala operación del sistema durante 1991". A lo cual agregaba el hecho de que "la prolongada interinidad en la gerencia de ISA pudo contribuir a que no se tomaran medidas drásticas en el momento en que ellas eran necesarias". La Comisión no dió nombres, porque sus integrantes pensaban que "a buen entendedor, pocas palabras".

Otra, sin embargo, fue la actitud del contralor General de la República, Manuel Francisco Becerra. El mismo día en que el presidente Gaviria recibió las conclusiones del comité empresarial el Contralor presentó su propia evaluación, acompañada de una carta en la cual pedía la separación de su cargo de más de medio centenar de funcionarios del sector. La lista incluía no sólo a los responsables de las empresas sino a un amplísimo número de funcionarios de nivel técnico, cuya responsabilidad residía, según el Contralor, en haber participado en algunas juntas de ISA o en haber sido miembros en algún momento, durante 1991, del Comité de Operación de la entidad.

Becerra justificaba su petición en el hecho de que en ello coincidía con las conclusiones de la la comisión evaluadora del sector privado la mayor parte del racionamiento se debía a que el manejo del modelo de operación de ISA se hacía con información "supeditada a los diferentes intereses comerciales y financieros de cada una de las empresas socias, más que al interés nacional". Solicitar, sin embargo, la separación de sus cargos de todas las personas que de alguna manera tenían que ver con el modelo parecía un despropósito. Y así lo entendió el Presidente al decir que solicitaría una investigación en cada caso, pero sin separar a todos los funcionarios de sus cargos. "Hacerlo en palabras de un agudo observador hubiera sido prolongar el racionamiento por cinco años más, pues en la lista del Contralor estaban todas las personas que conocen del sector".

El último informe, el de la Comisión Quinta del Senado, se conoció minutos antes de la alocución presidencial. Y resultó bastante sorpresivo, pues aparte de recalcar las conclusiones de los otros dos informes, amplió el radio de responsabilidades a funcionarios de administraciones anteriores, mencionando con nombre propio a los ex ministros de Minas y Energía Oscar Mejía Vallejo y Margarita Mena, al ex ministro de Hacienda Luis Fernando Alarcón y al ex gerente de ISA Pedro Javier Soto Sierra. Inculpó, además, al primer ministro de Minas de la administración Gaviria, Luis Fernando Vergara, que había sido parcialmente exonerado por la comisión privada, en cuyo informe se afirmaba que "el Ministerio de Minas y Energía, y por lo tanto el Presidente de la República, no fueron informados de la inminencia del racionamiento sino pocos días antes de que se presentara como un hecho inevitable".

Los que sí quedaron por fuera, a pesar de que sus nombres fueron repetidamente mencionados, fueron el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, y el jefe de Planeación, Armando Montenegro. A los dos se les trató de inculpar en un principio por el hecho de formar parte de la Junta de ISA. Ambos funcionarios explicaron, sin embargo, que su participación en la Junta se hacía a través de delegados, dada la imposibilidad de atender personalmente todos los compromisos que les impone el esquema de intervención oficial todavía vigente en el país. Planeación tiene asiento en 169 juntas directivas, consejos, comisiones y comités, y el ministerio por lo menos en 77. Y en ningún momento sus delegados recibieron información sobre la inminencia del racionamiento, como consta en las actas de la Junta.

Ninguno de los funcionarios sancionados, además, lo fue solamente por el hecho de ser miembro de la Junta Directiva de ISA. Unos lo fueron por dar información falsa sobre la disponibilidad de las plantas térmicas, según el informe de la comisión evaluatoria del sector privado. Otros, por supuesta negligencia en la reparación y mantenimiento de las mismas unidades, como en el caso del gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, de acuerdo con el informe de la comisión senatorial. Siempre, en todo caso, por hechos relacionados con la operación misma del sector, como se puede constatar al revisar la lista de los funcionarios mencionados por el Presidente de la República.

Tal vez el único de los personajes "ajeno" al sector que fue incluido en la lista fue Luis Fernando Alarcón, ex ministro de Hacienda del gobierno Barco, a quien se le acusa de haber recortado las partidas presupuestales y las fuentes de recursos necesarios para el mantenimiento del sistema térmico y la ejecución de nuevos proyectos de generación. El mismo cargo se le hizo en un principio al actual jefe de Planeación, pero luego se demostró que la entidad había girado los recursos necesarios para el mantenimiento solicitado por las empresas del sector.

Pero si el jefe de Planeación salió bien librado, no pasó lo mismo con la institución en sí. El informe de la comisión privada considera inconcebible que "las decisiones de mantenimiento tengan que depender de autorizaciones del orden nacional". Y el informe de la Contraloría dice que "el papel cumplido en este episodio por la División de Energía del Departamento Nacional de Planeación muestra que ese organismo no cuenta con los instrumentos adecuados para la evaluación continua del manejo de la situación de generación de energía eléctrica en el corto plazo".

Esa, sin embargo, no es ni la única ni la más grave falla que presenta la estructura institucional del sector.
Aparte de que, como lo señala la comisión privada, "la múltiple participación de entidades de todo orden en la operación del sector, lejos de lograr una coordinación adecuada del mismo, propició un esquema de responsabilidad diluida", hay un elemento que fue mencionado de paso por el Contralor y que puede ser la explicación de lo que los tres informes consideran la inconcebible y deplorable interinidad en la gerencia de ISA durante 1991: "La excesiva presión ejercida por los intereses regionales en un sector en el cual el interés nacional debería prevalecer".

Todo parece indicar, en efecto que la interinidad que se presentó en ISA se debió, en buena parte, a la dificultad de encontrar un gerente que satisfaciera simultáneamente los intereses de todos los socios de la entidad, y de costeños y paisas en particular. En 1991 el cargo le fue ofrecido a nueve personas. Algunas no aceptaron de entrada. Pero las que lo hicieron fueron finalmente rechazadas en la Junta de ISA por conflictos regionales, como en el caso de Hernán Correa, el gerente de Corelca, cuyo caso provocó inclusive editoriales airados de la prensa antioqueña. Aparte de Correa estuvieron postulados para el cargo Lázaro Mejía, Jaime Millán, Alberto Polo, César González, Felipe Montes, Juan María Rendón, Juan Luis Londoño y Clara Elsa Villalba.

Todo lo anterior tiene que ver, además, con el hecho de que, como lo dijo la comisión privada, "el sector eléctrico colombiano es un monopolio estatal de la peor especie, con rasgos de oligopolio, que se colude para unos efectos y se hace fraude para otros". En un sistema de competencia, con mayor participación privada, no sucederían ese tipo de cosas. Y los intereses regionales, lejos de obstaculizar el buen desempeño del sector, lo que harían sería generar una dinámica favorable al desarrallo del sistema.
Es por eso que muchos observadores consideran ahora que más importante que haber encontrado culpables para el racionamiento lo que sin duda mejora la imágen del Gobierno) es haber evidenciado los problemas del sector, y que el próximo paso, para evitar la repetición de este tipo de problemas es aprovechar la discusión que se avecina en el Congreso de la Ley Eléctrica, para modificar radicalmente la estructura institucional del sector. Y poner en cuestión, además, todo el esquema de intervención oficial, para que los pequeños detalles de operación de muchas empresas no tengan que depender de autorizaciones del orden nacional, y para que entidades como Planeación, que hoy tienen asiento en 169 juntas directivas, tengan una función más precisa y operante.