CONCORDATO: VERDADES Y FICCIONES

El ordeño y el desplume son términos agrarios que hacen referencia a dos técnicas urbanas para el enriquecimiento en un abrir y cerrar de ojos. Estas ya no evocan el típico cuadro campesino del puchero y la cuajada. Ahora, en los tensos salones donde se inflan y se desvanecen fortunas en una mañana, esos términos se asocian a quiebras, concordatos, desempleo y a uno que otro magnate más rico hoy que ayer.

Los efectos de estas técnicas de la fortuna, sin embargo, han producido pobreza en otros. Aseguran algunos que su práctica ha sido tan perniciosa o mas que la propia recesión y que han causado tal desbandada en los pequeños y medianos tenedores de acciones que se las acusa de ser uno de los factores que ha originado la crisis de la sociedad anónima.

Sin querer minimizar los efectos de la disminución de la demanda sobre la recesión industrial actual, hay que señalar que en el declive de la mayoría de las sociedades anónimas --que fueron las pioneras de la industrialización del país y son las más poderosas-- han influido elementos distintos a la baja en ventas. Si bien buscar culpables y responsables no arregla las cosas, hay que señalar que en todo este desbarajuste algunos accionistas se han beneficiado más de la cuenta, dejando a las empresas endeudadas, descapitalizadas y al borde de la parálisis.

El ex presidente de la ANDI, ex alcalde de Bogotá y actual presidente del Banco del Estado, Luis Prieto Ocampo, cuestionó en días pasados la "situación de gran solvencia económica en que viven los grandes accionistas en relación con el estado de dificultades en que se desenvuelven sus empresas". Prieto Ocampo, quien ha ido y venido por todos los caminos y recovecos de los negocios, atribuyó a esos accionistas gran responsabilidad en la depresión y en la quiebra de algunas empresas, y en el deterioro económico general. Llega a la conclusión de que muchos inversionistas "ordeñaron" las empresas por medio de altos dividendos y otras transacciones, y no volvieron a invertir en ellas. Es más, indica que hay un exceso de burocracia en las empresas y un alejamiento entre directivos y trabajadores, "al extremo que éstos no saben para quien producen". También sostiene que "a las grandes empresas no les hace falta el crédito, máxime cuando parte importante de ellas tienen niveles de endeudamiento que llegan al 90%".

Divorcio: propiedad y control
Las opiniones anteriores, unidas con apreciaciones de otros especialistas pueden ayudar a entender algunos aspectos de la crisis actual. Rudolph Hommes, editor de la revista Estrategia Económica y Financiera que dirige el ex ministro de Hacienda Rodrigo Botero, considera que la principal característica de la sociedad anónima moderna es el divorcio entre la propiedad y el control, y que no existe garantía de que los grandes accionistas que dirigen las empresas no utilicen su influencia para beneficio propio. También afirma que el dominio de una empresa por un grupo no tendría problema si la administración pretendiera maximizar el beneficio de todos los accionistas dentro de un marco de responsabilidad social.

Como lo anterior generalmente no ocurre, sucede que el grupo que es mayoritario en una empresa toma dos actitudes de acuerdo con las circunstancias: una frente a los pequeños accionistas y otra frente a la empresa en conjunto. Ordinariamente, mediante pagos a otras empresas del grupo mayoritario, se obtienen las rentas diferenciales. Entre tanto, los dividendos por acción son congelados o permanecen bajos. Esto es lo que se conoce como el "desplume". Cuando surgen en el mercado otras inversiones más rentables y existe la posibilidad de financiarse con créditos de fomento o comerciales, la estrategia consiste en dejar de invertir en la empresa y, por el contrario, descapitalizarla, para obtener liquidez que pueda ser encaminada hacia las opciones más lucrativas. Así ocurre el "ordeño" de una firma. De esta forma, cuando pierde rentabilidad relativa el sector productivo, en las sociedades anónimas sucede un doble proceso: el endeudamiento de la empresa y la ruina de los pequeños accionistas.

Ahora bien, si a la situación anterior se le agrega una baja en la demanda y por tanto en las ventas, sobreviene la crisis y posteriormente se llega al concordato o a la quiebra, con el perjuicio correspondiente para los acreedores de la empresa, los empleados y los pequeños accionistas. Entre tanto, los grupos que las manejan con los bolsillos llenos, reclaman del gobierno créditos baratos con plazos adecuados para capitalizar las empresas que ellos dejaron declinar. Razón tiene el ex presidente López Michelsen cuando se interroga sobre el futuro de las finanzas públicas del país si estuvieran en manos del sector privado.

Claro está que la situación de las empresas no es la misma para todas y que algunas han sufrido descalabros considerables en sus ventas --caso del sector textil-- y por lo tanto han acumulado pérdidas cuantiosas. Sin embargo, la denuncia del ex presidente de la ANDI no deja de inquietar y si el río suena es porque piedras lleva. Además, la pérdida de mercados es una consecuencia directa de la descapitalización de las empresas, que se rezagan tecnológicamente perdiendo competitividad frente a los productos de otros países. El cuadro No.1 muestra el comportamiento del valor agregado por trabajador en la industria manufacturera (a precios constantes), que es un indicativo de la evolución de la productividad del trabajo y se observa allí que, a lo largo de la década del 70, hubo un estancamiento de ese indicador.

Empresas fuera del mercado
Haciendo eco a los pedidos del sector privado que en épocas de crisis invoca el intervencionismo estatal en todo tiempo y lugar, el gobierno de Belisario Betancur ha respondido con creces a las rogativas de los industriales. Se creó el Fondo de Capitalización Empresarial (10 mil millones), el Fondo de Emergencia Siderúrgica (5 mil millones), el Fondo de Financiamiento Textil (5 mil millones) y el Fondo de Capitalización y Democratización (10 mil millones), en total 30 mil millones de pesos puestos a disposición de los grandes empresarios para que solucionen sus problemas de liquidez. Con todo, parece que los intermediarios financieros, haciendo gala de una parquedad y responsabilidad que no tuvieron en los tiempos en que se autorizó el endeudamiento masivo de la industria, son hoy uno de los obstáculos para la disponibilidad por parte de los industriales de los recursos fijados por el gobierno. La seguridad en la operación es ante todo el objetivo de los intermediarios que han aumentado sus riesgos ante una cartera que ya no tiene la calidad que poseía antes.

Hasta el momento, la situación descrita ha dejado muchas empresas fuera de los mercados y pequeñas fortunas se han hecho aún más pequeñas. En 1980, 734 sociedades anónimas fueron liquidadas y se firmaron 36 concordatos. En 1981, un número similar de empresas fueron disueltas y se aceptaron 14 concordatos por un valor de $1.600 millones. En 1982, se recibieron 23 solicitudes de concordatos por un valor superior a los $ 2.500 millones, y para los tres primeros meses de este año la Superintendencia de Sociedades Anónimas ha recibido 7 peticiones cuyo valor no ha sido establecido aún. Entre éstos sobresalen los de Fabricato y Daniel Lemaitre y Cía., dos empresas de mucha tradición en Medellín y Cartagena, respectivamente. La realidad se sospecha más sombría cuando se considera que la Superintendencia de Sociedades tiene bajo su jurisdicción algo más de 4 mil compañías y que ninguna de las sociedades limitadas ni muchas de las anónimas están bajo su órbita de control. En caso de dificultades económicas, la disolución de esas firmas se lleva a cabo directamente en los juzgados, como está ocurriendo con Camacho Roldán y Cia.

Hasta el momento el respaldo del gobierno al sector privado ha sido sin condiciones. Son muy pocos los puntos solicitados por los industriales e inversionistas a los cuales no ha accedido el gobierno. Desde el punto de vista económico, no hay duda, esa es la actitud correcta por tomar, pero, sin embargo, queda algo raro en el ambiente. El hecho de que algunos inversionistas poderosos y con vínculos tanto en la industria como en la banca no hayan sufrido mella, mientras las empresas están agobiadas por deudas y escasez de dinero, deja mucho qué pensar. Ante esta situación, la ayuda del gobierno al sector privado debe estar acompañada de una vigilancia estricta sobre la responsabilidad social y económica de éste. Unos empresarios, que con artimañas y engaños burlan al Estado y al resto de la sociedad, no pueden pedir la solidaridad de ésta en momentos difíciles y menos la de sus trabajadores.

La hora de la concertación, que invoca el consejero económico de la presidencia y ex ministro, Joaquín Vallejo Arbeláez, entre gobierno, empresarios, acreedores y obreros debe hacerse sobre reglas muy claras. Los sectores trabajadores consideran que lo que el gobierno de Belisario Betancur ha hecho en el plano de la reactivación económica, "no ha beneficiado sino a los grupos monopólicos". Por su lado, éstos arguyen que las empresas en dificultades "constituyen un patrimonio nacional que pertenece a todos los colombianos" y que por consiguiente, es indispensable el apoyo gubernamental para sacarlas de la crisis. Lo extraño del caso es que las dos posiciones tienen la razón, aunque estén situadas cada una en orillas diferentes. Con todo, se vislumbra la necesidad de ejercer un mayor control del Estado y la sociedad en general sobre los grupos monopólicos, para que no usufructúen privadamente recursos que pertenecen a una sociedad. Tal parece que ese es el propósito del gobierno y que el Comité de Estudios Financieros ha culminado una serie de proyectos de ley encaminados a tal fin.

El éxito de la anterior inicitativa está ligado a la suerte que corra el Fondo de Democratización y Capitalización de la Banca. Además, el resurgimiento de la sociedad anónima como forma o mecanismo para democratizar el capital también tiene velas en este entierro. Como se observa, la propuesta del gobierno ataca desde diferentes lados el fenómeno de la concentración económica que, a juicio del superintendente bancario, Germán Botero de los Ríos, desfigura la actividad empresarial y desemboca "en situaciones extremadamente peligrosas cuyos efectos se han venido experimentando en el país".

Ante estas circunstancias, es lícito preguntarse si el mercado accionario recobrará los fueros que tuvo en los inicios del capitalismo colombiano y si volverá a servir de sosiego a viudas, pensionados y herederos, porque ante la amenaza del "ordeño" y el "desplume", es difícil que algún gallo se le mida.--