Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1983/05/23 00:00

CONDENADO A MUERTE

Acusado de homicidio y posesión de cocaína, Luis Carlos Arango fue condenado a muerte por un tribunal norteamericano. El gobierno colombiano pide conmutación de la pena.

CONDENADO A MUERTE

Acusado de homicidio en primer grado y de posesión de cocaína, el antioqueño Luis Carlos Arango, 47 años, fue sentenciado el 18 de julio de 1980 a la pena de muerte por el primer delito y a cinco años de prisión por el segundo.
LOS HECHOS
Tres meses antes, el 28 de marzo de 1980, el oficial Gary Gable del Departamento de Seguridad Pública recibió una llamada en la que se le informaba de una querella doméstica en el apartamento 208 B de un condominio de Miami. El oficial, junto con otro de sus compañeros, se dirigió a la dirección indicada y golpeó en la puerta occidental de dicho apartamento dos o tres veces, sin que recibiera respuesta. En ese momento, una mujer advirtió a gritos que algo sucedía en la puerta norte del apartamento. Los oficiales pudieron apreciar una ventana perforada por una bala. La puerta la encontraron parcialmente abierta y procedieron a franquear el umbral del apartamento en el que encontraron al acusado seminconsciente, en medio de la sala. Intentaron interrogarlo, pero en vista de que no parecía entender el idioma, se dirigieron a la habitación, donde encontraron el cadáver de un hombre tendido sobre la cama en medio de un charco de sangre.
Realizada la autopsia, se determinó que la víctima había sido estrangulada y que registraba, además, dos heridas de bala en la cabeza, así como un fuerte golpe en el mismo lugar. Cualquiera de estas tres causas pudo ocasionarle la muerte.
En el apartamento donde se produjeron los hechos encontraron además dos bolsas con cocaína, dos casquillos de bala calibre 32, balas calibre 38 en la mesa del comedor, y 7.800 dólares en efectivo, así como dos armas, una de ellas equipada con silenciador. También se encontró una camisa ensangrentada en el baño y otra al lado de la cama donde yacía la víctima.
Según el acusado, esa tarde del 28 de marzo se encontraba reposando sobre su lecho cuando Jairo Arango Posada, otro antioqueño como él a quien había conocido algunos días antes en un supermercado, entró agitadamente a su apartamento perseguido por tres hombres de aspecto latino, quienes lo golpearon salvajemente. Al acusado lo habrían encerrado en el baño, desde donde oyó algunos disparos. Cuando salió de allí había sangre por todo el cuarto y, asaltado por el pánico, comenzó a pedir ayuda a gritos, al tiempo que apresuradamente trataba de poner en orden el apartamento. Fue en este momento cuando los oficiales irrumpieron en el recinto. Arango habría intentado indicarles que se encontraba gravemente herido, solicitándoles por este motivo que le tomaran fotografías. Aparentemente los oficiales se negaron. Pero de tales heridas, la más relevante en el proceso fue un mordizco que tenía Arango en uno de sus dedos, sobre el cual se dictaminó que coincidía con la dentadura de la víctima.
LA APELACION
El proceso comenzó tres meses después. A Arango se le asignó un abogado de oficio, Vincent Flynn, quien no hablaba español y quien por consiguiente, no podía entenderse con su defendido. Se nombró un jurado y al haber declarado públicamente uno de sus miembros, Venireman Alvarez, que sus creencias morales se oponían a la pena de muerte, fue excluído del juicio.
El proceso duró cuatro días y la sentencia, como ya se sabe, condenó a Luis Carlos Arango a la silla eléctrica.
Su abogado apeló dos meses después. En el texto de dicha apelación, que logró conseguir SEMANA con el propósito de establecer las objeciones que se le hacían al juicio, constan básicamente cuatro confusos argumentos tendientes a demostrar la necesidad de anular el proceso e iniciar uno completamente nuevo.
La traducción de dicho texto presenta problemas de sintaxis e imprecisiones jurídicas por inadecuado uso del lenguaje, que hacen que su esencia no logre captarse en toda su extensión. No obstante, SEMANA ha logrado definir los siguientes argumentos en contra de la posible validez del proceso.
LA NULIDAD DE LA EVIDENCIA
El abogado defensor solicitó que fuera anulada la evidencia obtenida por los oficiales de policía que inicialmente irrumpieron en el apartamento de Arango, con el argumento de que los policías carecían de una orden de allanamiento. Alegó la defensa que, de acuerdo con la ley norteamericana, allanar el hogar de un individuo sin permiso judicial sólo se justifica cuando las circunstancias hagan imposible su obtención o cuando existan motivos apremiantes, y que ninguna de estas dos excepciones podía alegarse en este caso, pues los oficiales únicamente recibieron una llamada en la que se denunciaba un "violento altercado doméstico ".
El policía Gables se excusó diciendo que el vidrio roto por un impacto de bala lo hizo temer por la ocurrencia de un asesinato. La defensa contra alegó diciendo que el miedo especulativo, según la ley de los EE.UU., no constituye disculpa para allanar una residencia sin orden judicial. La defensa alegó que la pena de muerte es merecida solamente en "los casos más graves, más horribles, más inexcusables".
Para decretarla "es absolutamente necesario que sean más las circunstacias agravantes que las atenuantes",y que es al Estado al que le corresponde demostrarlo en cada oportunidad. En opinión de la defensa, a Arango se le trasladó la carga de la prueba, en el sentido de que se le obligó a demostrar que en su caso eran más las circunstancias atenuantes que las agravantes y que no obstante haberlo demostrado, ya que carecía de antecedentes penales, ello no se tuvo en cuenta para sentenciarlo a cadena perpetua en lugar de la pena capital.
La defensa también alegó que habían sido inexactos los términos de "malvado, atroz y cruel" que utilizó el juez para referirse al crimen ante el jurado.
Sin embargo, la calificación del crimen en estos términos permitió que el jurado los tuviera en cuenta como circunstancia agravante.
Por último, la defensa alegó que el hecho de que un miembro del jurado, Venireman Alvarez hubiera expresado su desacuerdo con la pena capital, no implicaba que estuviera incapacitado para declarar culpable o inocente al acusado. Sin embargo, el señor Alvarez fue excluido del jurado, cuando aparentemente su voto podría haber ayudado a que Arango no fuera sentenciado a muerte sino a cadena perpetua.
Entre los argumentos enumerados por la defensa nunca se alegó, sin embargo, el hecho de que Arango había sido asesorado por un abogado que no hablaba español y que, por consiguiente, el acusado entendió muy poco de la forma como se llevó a cabo su proceso. Finalmente, la sentencia fue confirmada y transcurrieron dos años antes de que el caso volviera a revivirse con nuevos argumentos jurídicos.
Fue entonces cuando la Florida Clearing House for Criminal Justice --una entidad que se opone a la pena de muerte y asesora jurídicamente a quienes han sido condenados a ella- se enteró del caso de Arango y nombró una abogada, judía, Sharon Jacobs, para que presentara una nueva apelación.
El 21 de enero de este año la sentencia fue confirmada por segunda vez, pero en esta oportunidad seis miembros de la Corte Suprema de Justicia de los E.E. U.U. dejaron constancia de que contra Arango era más procedente la cadena perpetua que la pena de muerte.
¿CHIVO EXPIATORIO?
De todo esto, lo que puede deducirse es que el proceso estuvo viciado. Y aunque parece no existir dudas frente a su culpabilidad, la controversia se centra más bien en la magnitud de la condena.
Alrededor del caso, explotado ampliamente por los medios de comunicación, se adelanta una campaña tendiente a obtener una conmutación de la pena de muerte por la cadena perpetua. Inclusive el gobierno colombiano, a través del ministró de Justicia y del Procurador General de la Nación, ha presentado una respetuosa solicitud al gobernador de la Florida en este sentido.
La fecha de la ejecución está fijada para el 3 de mayo. Por lo pronto, sectores de la opinión afirman que Luis Carlos Arango podría estar siendo utilizado por las autoridades norteamericanas como "chivo expiatorio" para escarmiento de aquellos colombianos dedicados al tráfico de estupefacientes que han desencadenado una sangrienta ola de violencia en el Estado de La Florida.

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