Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/04/13 16:33

Consejo de Estado condena y luego salva al Congreso de multimillonario pago

La Sección Cuarta revocó una sanción de $1.500 millones que la Tercera le había impuesto al Legislativo, por haber aprobado un impuesto que después tumbó la Corte Constitucional. Pero había más demandas en fila.

El congreso no deberá pagar la sanción de 1.500 millones de pesos. Foto: Archivo SEMANA

El Congreso de la República se salvó de pagar una millonaria indemnización gracias a una decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que, en principio, deja sin efectos una condena de más de 1.500 millones de pesos que le fue impuesto al órgano legislativo.

Los magistrados de la Sección Cuarta de este alto tribunal revocaron la decisión de sus colegas de la Tercera, que responsabilizaba al legislativo por los daños causados a la empresa Goodyear, que había pagado juiciosamente un impuesto que más tarde fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Gracias a esta nueva tesis jurídica, el Congreso podrá evitar el pago de otras millonarias sumas, que por concepto de indemnización exigieron en los estrados otras empresas que también cancelaron el tributo.

En el 2014, la Sección Tercera del Consejo de Estado había sorprendido con su decisión de que el Congreso de la República podía ser condenado a millonarias reparaciones económicas, por la aplicación de leyes que tiempo después se caen en el control de constitucionalidad. En ese caso, lo hizo debido a la declaratoria de inexequibilidad de una tasa especial de servicios aduaneros.

La determinación no solo avocó a ese órgano a reparar a Goodyear con el pago de 1.500 millones de pesos sino que abrió las puertas a que los demás responsables del pago del impuesto recibieran otras onerosas sumas, por la aplicación de esa misma sentencia.

Solo en mayo del 2014 el legislativo ya debía casi 4.000 millones de pesos, debido a que otras empresas que pagaron el tributo fueron indemnizadas, por la aplicación de esa misma jurisprudencia. Al finalizar ese año, la deuda era cercana a los 7.000 millones de pesos y amenazaba con extenderse a niveles insospechados, teniendo en cuenta las demás demandas en fila.

La controversia fue mayúscula, pues se temía que los congresistas terminaran pagando con su propio capital este error, dado que la ley obliga a las entidades que son condenadas por las actuaciones de sus funcionarios a buscar la manera de que los responsables asuman la carga patrimonial, por medio de la acción de repetición.

Temiendo una afectación financiera demasiado lesiva, el Congreso interpuso una acción de tutela contra el fallo que abrió las puertas a estas sucesivas acciones de reparación. La acción, que fue conocida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, le halló la razón al parlamento.

Con ponencia de la magistrada Martha Teresa Briceño, la Sala concluyó que los magistrados de la Sección Tercera se equivocaron al condenar al Congreso por esos hechos. Según la providencia, dado que la declaratoria de inconstitucionalidad del impuesto tenía efectos a futuro, no podía concluirse que los contribuyentes que cancelaron el tributo sufrieron algún daño.

Eso significa que ninguno de los afectados con el pago del impuesto podía exigir ser reparado. Así, según la aplicación de este precedente, el Congreso tendría cómo demostrar que no debe cancelar ninguna de las demás condenas de reparación millonarias que le impuso la Sección Tercera hasta ahora.

Según lo magistrados de la Cuarta, las actuaciones de los congresistas que pierden vigencia por decisiones de los jueces no constituyen una falla en el servicio.

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