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| 9/14/2016 10:24:00 PM

La controvertida alza que explica los líos de los acueductos

El aumento de hasta 20 % en las tarifas para mejorar cobertura y calidad tiene un buen propósito, pero terminaría premiando a las empresas públicas y privadas que no invirtieron ocho billones de pesos que si cobraron en las facturas con ese fin. ¿Por qué?

Para entender mejor lo que sucede con el servicio de acueducto y alcantarillado, basta recordar el reciente escándalo en el sector energético con el polémico rubro denominado ‘cargo por confiabilidad‘.

Ese cargo se cobró como un esquema de remuneración fija para los generadores de energía a cambio de garantizar la oferta en tiempos de escasez y a precios razonables. Hasta ahí todo parece razonable. Lo insólito es que si bien los usuarios pagaron esa remuneración a los generadores, varios de ellos no cumplieron su cuota de producción de energía y el país se vio al borde de un apagón.

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Algo similar, guardadas las proporciones, sucede en el sector de acueducto y alcantarillado, donde se calcula que las inversiones que se dejaron de hacer en la última década para garantizar un buen servicio superan los ocho billones de pesos.

Peor aún es saber que las empresas operadoras ya cobraron ese dinero vía tarifa a los usuarios, y si bien no se puede asegurar tajantemente que ese recurso se perdió o se lo robaron, lo cierto es que muchas de las obras proyectadas no se concretaron.

Hace poco entró en vigencia la Resolución 688 de 2014 de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), que es un nuevo marco tarifario que, entre otras cosas, les permite a esos operadores de acueductos públicos y privados que tengan más de 5.000 suscriptores aumentar las tarifas hasta en 20 %, durante cinco años, para recaudar nuevos fondos y ejecutar obras nuevas y las que no se hicieron.

La nueva resolución no es un invento de la CRA. Se trata de un marco regulatorio que se debía aplicar, ya que el anterior venció en el 2014 tras diez años de vigencia. Si bien el espíritu de la resolución es bueno y les da dientes a las autoridades y los usuarios para exigirles a los operadores de los acueductos cumplir porcentajes en indicadores como cobertura, calidad y continuidad en el servicio, en el fondo deja un sabor agridulce porque pareciera aplicar una especie de ‘borrón y cuenta nueva‘ a las inversiones incumplidas y por ningún lado pregunta qué pasó con esa plata.

Y todo ello sucede justo ahora cuando 238 municipios de Colombia padecieron problemas en el suministro de agua potable ante un Fenómeno del Niño que puso en evidencia la vulnerabilidad del sector.

Nadie olvida los desmanes que causaron los racionamientos en Cali, las quejas en Santa Marta y las protestas en El Yopal, Buenaventura, Tumaco y ni hablar de la indignación nacional que produjo el desabastecimiento de agua en La Guajira. Todos esos escándalos tenían algo en común: problemas en el servicio de acueducto.

Para entender el complejo mundo del servicio de agua potable en Colombia hay que aclarar que de los 1.112 municipios, cerca de 890 tienen menos de 5.000 suscriptores y sólo 222 superan esa cifra. Lo trascendental es que en esos últimos recae la mayoría de los siete millones de usuarios que tiene ese sector porque allí se encuentran los operadores de las grandes y medianas ciudades.

Así las cosas, el nuevo marco tarifario impactará en esas 222 empresas y de ese grupo se estima que al menos 163 son operadores privados y mixtos. En Colombia los particulares entraron al negocio de los acueductos de la manera más cómoda porque en los contratos no les exigieron grandes inversiones sino administrar y cobrar por ello. El dinero para las obras de rehabilitación y expansión corre por cuenta de los municipios, y ellos (los operadores) las ejecutan.

Por cuenta de ese esquema existen absurdos como el de Buenaventura, Valle, donde Hidropacífico, la empresa privada que opera el acueducto desde hace 14 años y pese a ello su cobertura es de apenas el 75 %, las pérdidas del 80 % y el agua llega sólo nueve horas al día. Gustavo Duque, gerente de Hidropacífico, explica que esas malas cifras se deben al "crecimiento vertiginoso y sin control de la ciudad. Tenemos barrios de invasión con 500 casas”, argumentó tras precisar que de los 40 kilómetros en redes, 15 son obsoletas.

Algo similar sucede en Tumaco, Nariño; allí el operador privado desde el 2009 es Aquaseo y el encargado de las inversiones es el municipio a través de la empresa pública Aguas de Tumaco. Lo triste es que luego de seis años el servicio llega 13 horas diarias y aunque proyectaron invertir 130.000 millones de pesos en cinco años, sólo ejecutaron 40.000 millones.

El chorro de incumplimientos humedece a casi todo el país. En Quibdó, Puerto Boyacá y Riohacha aún sueñan con ver salir agua de sus plumas, por más de diez horas al día. Mientras en Apartadó, Carepa, Chigorodó y Cali esperan ponerles fin a las exageradas pérdidas de agua potable y que superan el 50 %. Y en Pereira llevan años esperando la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, algo que no es de poca monta si recordamos que el último informe de la Contraloría en el 2014 reveló que cada año se vierten 9.000 toneladas de materia orgánica a las fuentes hídricas del país.

Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SPD) al cual tuvo acceso Semana.com evalúa la ejecución de 66 empresas operadoras de acueductos. “El déficit de inversiones por ejecutar es de ocho billones de pesos, donde se puede observar que son 3,6 billones de acueducto y 4,4 de alcantarillado (…)”, dice el documento.

Y otro informe del viceministerio de Agua concluye que el año pasado 110 municipios de 20 departamentos reflejaron “posible uso indebido (…)” de los dineros que gira la Nación para agua potable y saneamiento básico.

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Al respecto, Julio César Aguilera, director ejecutivo de la CRA, explicó que los marcos tarifarios anteriores no estaban atados a unas metas de cobertura y calidad, “no contábamos con una herramienta que pudiera establecer seguimiento y control a esos planes de inversión”.

Resaltó que ahora los usuarios podrán calificar esas ejecuciones y de no cumplirse, “el operador será obligado a reducir sus tarifas y el dinero que no invirtieron se irá a una fiducia”. También aclaró que se abrirán investigaciones sobre esas empresas que no hicieron las inversiones.

Una fuente de la SPD que pidió omitir su nombre fue menos optimista frente a la posibilidad de recuperar esos dineros, “ya que muchos de esos recursos se usaron para gastos de administración de las empresas; dicho en otras palabras, se gastó en burocracia”.

Tristemente, ese antecedente ya hizo carrera en los sistemas de acueducto del país y por cuenta de ello los colombianos han oído hablar de escándalos como el de El Yopal, Casanare, cuyo exalcalde Luis Ramírez tiene prisión domiciliaria mientras lo investigan por presuntos manejos irregulares de los dineros para el acueducto de su ciudad.

En esa misma línea de investigación la Fiscalía les puso lupa a procesos que se llevan a cabo en Magangué, Anapoima y Tocaima, sólo por citar algunos, “aún no tenemos un mapa de riesgo que nos muestre los casos más críticos de inversiones en acueductos”, explicó una fuente de la Fiscalía.

Ninguno de esos escándalos evitará que la Nación siga girando cada año a municipios y departamentos los cerca de 1,5 billones de pesos que les corresponde para agua potable y saneamiento básico. A esos rubros se sumarán las nuevas alzas autorizadas por la CRA que los operadores cobrarán en las facturas y todo para garantizar las inversiones que los corruptos ‘hicieron agua‘.

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