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| 12/7/1987 12:00:00 AM

CONVENCION EN RE

En la XXV Convención Bancaria se discute el futuro del sistema financiero.

En la XXV Convención Bancaria, celebrada en Cartagena, hubo de todo, como en botica. Se trataron, en últimas, los grandes temas económicos que desvelan en la actualidad al gobierno y a los gremios. Hasta el punto de que uno de los presentes exclamó, con gran sentido del humor, que aquella era una convención en RE: se habló de refinanciación de la deuda, de reajuste económico, de reactivación de la inversión y de reestructuración del sector financiero. Pero probablemente el aspecto que más controversia desató fue la forma como tres de los asistentes a la convención bancaria describieron el actual desorden del sector.
El primero de ellos fue Roberto Junguito, cuya asistencia y participación en este tipo de eventos se ha vuelto impajaritable. (Tiene más pedido que Amparo Grisales en premier). En tono jocoso, Junguito contó que, algunos días antes, un banquero inglés le había soltado lo siguiente: "He estudiado el sistema financiero colombiano a fondo, y me he quedado con una profunda duda. Quién gobierna realmente la economía colombiana: ¿La directora de Planeación, María Mercedes Cuéllar, o la del Fondo de Garantías, Leonor Montoya?".
El diagnóstico de otro de los conferencistas, el presidente de la Cámara Colombo-francesa, Sergio Rodríguez Azuero, también comenzó con anécdota: "Un amigo francés le pidió una descripción del sistema financiero colombiano, pero él no pudo dársela". "¿Como podría clasificar un sistema en el que cohabitan los bancos oficializados, los bancos nacionalizados, los bancos en los que la inversión extranjera está limitada al 49% y los bancos en los que la inversión extranjera puede ser del ciento por ciento?".
Una tercera descripción del desbarajuste del sector bancario colombiano fue la que el presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria, Julio Manuel Ayerbe, (la intervención más corta pero más ovacionada), bautizó de "travestismo financiero". Según Ayerbe, la situación actual del sistema financiero colombiano es la siguiente: "Las compañías fiduciarias buscan negocios de bancos comerciales; las compañías de financiamiento comercial quieren asimilarse a corporaciones financieras; las corporaciones financieras ofrecen servicios de banca comercial; la banca comercial hace fiducia inmobiliaria y financia proyectos de largo plazo, y las compañías de ahorro y vivienda desean ofrecer servicios de leasing".
En resumen, lo que Junguito, Ramírez y Ayerbe hicieron entre chiste y chanza, fue poner el dedo en la llaga de tres de los principales problemas de la actividad financiera en Colombia: el primero describió el enorme poder oficial sobre el sector bancario; el segundo, el exagerado casuismo de la estructura patrimonial de los bancos; y el tercero, la confusa definición que existe en la actualidad acerca de la actividad financiera.

HABLANDO DE NEGOCIOS...
Estos crudos diagnósticos explican por qué el presidente de la Asociación Bancaria, Carlos Caballero (anfitrión del evento y culpable directo de su espesez académica) exclamó en su discurso: "Ha llegado la hora de redefinir el negocio".
El "negocio", claro está, es el bancario. Caballero lo describió como la actividad que pone en contacto, en forma eficiente, a ahorradores e inversionistas, y que provee los mecanismos para que circulen los pagos que requiere el sector de la producción y el del consumo.
Pero esta definición, que parece tan sencilla, está enredada en el sistema colombiano, por cuenta de varios factores. El primero de ellos, la crisis financiera, que terminó en que varios bancos fueron absorbidos por la orbita estatal. Según Caballero, es necesario acelerar el proceso de saneamiento de estas entidades financieras, para que se haga atractiva la inversión en ellas y se facilite cuanto antes su reprivatización.
Por otro lado, afirmó que el negocio bancario requiere una mayor libertad de operación por parte del Estado. Que sea el mercado el que guíe la actividad financiera. Lo que no significa que el Estado deba abandonar su supervisión, porque es su deber garantizar que la absorción de pérdidas la realicen esas mismas entidades financieras, en lugar de que el Estado, como ya sucedio en Colombia, se vea obligado a "socializarlas".
Y finalmente, a nombre del gremio bancario, Caballero resaltó la necesidad de agilizar en el Congreso la ley sobre inversión extranjera, que podría acelerar el crecimiento del sector financiero. Sobre este tema de la ley de inversión extranjera ni María Mercedes Cuéllar, ni Leonor Montoya, ni el secretario económico de la presidencia, Enrique Peñalosa, dijeron "esta boca es mía", a pesar de la reiterada invitación del anfitrión.

HABLA EL GOBIERNO
La vocería oficial la llevaron el gerente del Banco de la República, el ministro de Hacienda y el superintendente bancario.
El primero, Francisco Ortega (cada vez más parecido a un óleo de un miembro de la dinastía de los borbones), expuso los criterios sobre lo que se está y no se está haciendo (pero se debe poder hacer), para reestructurar la capacidad del sector financiero y la eficiencia del mercado de capitales, que incluyen medidas como las contenidas en la reforma tributaria, la abolición de la decisión 24 y el proyecto de ley sobre inversión extranjera, sobre el que tampoco quiso profundizar.
También se refirió al papel de la política monetaria, y destacó que nunca podrá aspirarse a una moneda sana, mientras el país siga tolerando que a través de créditos especiales, se beneficien determinados sectores económicos con emisión monetaria.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, tocó varios puntos concretos en su intervención. Entre ellos, la creación de un seguro de depósito que permita financiar los costos del Fondo de Garantías, para que éstos no continúen recayendo sobre toda la sociedad, por vía de la emisión monetaria.
Advirtió que el gobierno está dispuesto a ofrecerles a los bancos rendimientos razonables para las inversiones forzosas. Y explicó nuevamente que la política de financiamiento exterior está encaminada a mantener la normalidad de los créditos comerciales de la banca, pero que si llegare a ser imposible el mantenimiento de esta linea de acción, habría que buscar como alternativa una reestructuración concertada de la deuda.
Finalmente, el ministro de Hacienda se refirió al riesgo de que la cartera bancaria continúe creciendo por encima del ritmo de expansión de la economía, no sólo por el peligro de un sobre-endeudamiento de la banca, sino de un recalentamiento económico.
En lo que al superintendente bancario, Ernesto Aguirre, respecta, su intervención estuvo plagada de frases cripticas: habló de "plan de vigilancia y control con ejecución autonómica e intervencionismo de fomento y control de ejercicio conjunto preventivo, eficiente y especializado". Quienes pudieron atravesar, sin embargo, el lenguaje del superintendente, descubrieron que lo que éste fue a proponer en la convención bancaria era práctico y racional: La Superintendencia suspenderá el control apretado que ejerce actualmente sobre la actividad financiera, y más bien aplicará un control dirigido a las luces rojas y a los factores de mayor riesgo del sector.
La conclusión que pareció colarse en el ambiente, antes de que los convencionistas se quitaran sus trajes académicos y se lanzaran, en cómodas guayaberas, a disfrutar las noches de Cartagena, que fascinan, fue evidente: que el sector financiero colombiano se salvó, que todos estos años de crisis han quedado atrás, pero que el sector está en situación tambaleante, debilitada, con un precario equilibrio y con la carga de una inmensa cartera mala, que requerirá varios años más para recuperarse.
Existe, por lo pronto, una favorable predisposición para la reestructuración del sistema financiero, de manera que pueda cumplir su función económica, objetivo para el cual el gobierno ha dado algunos pasos cuidadosos, aunque lentos.
Pero quizás la mejor conclusión de la XXV Convención Bancaria es la de que el tema de la reestructuración financiera no puede aplazarse un sólo día más.





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