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| 11/10/2007 12:00:00 AM

Corrientazo

Le ponen acelerador a la venta de cinco electrificadoras regionales. Valen más de 500 millones de dólares y muchos se están frotando las manos con el negocio.

Durante las últimas dos semanas, los encargados del proceso de venta de las cinco electrificadoras públicas regionales tuvieron la tensión al límite. Un rumor que circuló en el sector encendió las alarmas del gobierno, que había fijado hasta el 29 de octubre el plazo para que los trabajadores y el sector solidario entraran en el negocio comprando acciones.

La alerta se encendió por la sospecha de que un inversionista privado tenía la intención de darle un 'zarpazo' a la Electrificadora de Santander -una de las que está en venta y la que más usuarios atiende de este grupo- financiándoles a los empleados la compra de la mitad más una acción de la compañía.

El viceministro de Minas, Manuel Maiguascha, y Bruce MacMaster, encargado del proceso por parte de Inverlink, la banca de inversión, realizaron una tarea de información minuciosa para alertar a los empleados por esta movida que el gobierno consideraba ilegal y que podría dar al traste con la pretensión de maximizar el precio de las electrificadoras. Lo que los trabajadores pagarían sería el precio mínimo por acción, sin necesidad de participar en una puja y gracias a esto, el inversionista 'oculto' se haría a la propiedad para aprovechar el 'gangazo'.

Finalmente, nada de eso ocurrió. Se registraron apenas algo más de 500 solicitudes del sector solidario y de los trabajadores, que representaban menos del 2 por ciento de la participación accionaria de las compañías. Aunque la movida del inversionista 'incógnito' se frustró, el hecho revela el marcado interés que hay por estas empresas.

Razones hay muchas. Primero, las electrificadoras en venta atienden casi nueve millones de usuarios y cuentan con un patrimonio cercano a un billón de pesos (unos 500 millones de dólares).

Además, las condiciones del negocio eléctrico lo convierten en una oportunidad redonda para cualquiera: el régimen tarifario es muy estricto y estable, lo que permite prever con mucha precisión el nivel futuro de ingresos. La base de datos es una de las más completas del sector de los servicios públicos: se sabe dónde están los clientes, cuánto consumen y el recaudo de la facturación es muy sencillo.

La posibilidad de recuperar lo que los expertos llaman pérdidas negras (conexiones piratas y deudas sin pagar) es más alta que en cualquier otro negocio, tal como lo han demostrado los ejemplos de las electrificadoras de la Costa y de Codensa en Bogotá.

De ahí que ya 11 inversionistas hayan comprado pliegos para entrar en la puja. Dentro de ellos están el grupo Comercializar, Codensa, Promigás, Unión Fenosa, la Empresa de Energía de Bogotá y EPM.

Dado este interés, el Ministerio de Minas quiere adelantar las fechas. La precalificación de los proponentes privados (donde los inversionistas deben demostrar que cumplen con todos los requisitos para ir a la puja por las compañías) estaba programada para el 29 de noviembre, y la subasta de adjudicación para el 21 de diciembre. El objetivo es anticiparlas por lo menos una semana.

Interrogantes

Será el último proceso de privatización de 2007. Si se tiene en cuenta que el precio base es el mismo que se pagó por Paz del Río luego de una apretadísima subasta, se espera que en este caso el precio final de adjudicación vaya mucho más allá del billón de pesos.

Están a la venta el 95,53 por ciento de la Electrificadora de Cundinamarca, el 79,15 por ciento de Norte de Santander, el 99,63 por ciento de Santander y Boyacá y el 55,68 por ciento de Meta. Entre todas estas empresas sumaron ingresos superiores a 1,4 billones de pesos en 2006 y atendieron el 15 por ciento del mercado regulado de Colombia.

El proceso de venta ha generado muchas críticas. Primero, que las condiciones para la participación en la primera etapa de oferta eran tan exigentes, que menos del 2 por ciento de las acciones quedó en manos de los empleados y el sector solidario. Ni siquiera los fondos de pensiones, que han sido agresivos en negocios como el de Ecopetrol, miraron la opción.

El viceministro de Minas, Manuel Maiguascha, explicó que la normativa de la primera fase del proceso era evidentemente estricta, porque se buscaba impedir que alguien se hiciera el dueño absoluto de las empresas sin asistir a la puja, como evidentemente ocurrió.

No ve las cosas así el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Electrificadora de Santander, Ferney Iván Lozano Parada, quien considera que los trabajadores sí querían ser dueños de estas empresas, pero los engañaron al abrirles la posibilidad de comprar acciones, sin ofrecerles facilidades de financiación. Para él, los empleados van a ser los grandes perdedores de todo el proceso, pues un nuevo inversionista siempre llega con la idea de lograr mayores eficiencias y los costos laborales son los primeros que se recortan.

Que algunos trabajadores paguen los platos rotos con los procesos de privatización lo prueban los 300 empleados que acaban de salir de Paz del Río, por medio de un plan de retiro voluntario que ideó el nuevo accionista. Así que las preocupaciones no son infundadas.

¿Precio bajo?

Otro de los temas críticos en el proceso de las electrificadoras fue el de la valoración. Recientemente, durante un debate en el Congreso de la República, se aseguró que el valor de las compañías es muy bajo, y el contralor general, Julio César Turbay, le envió una carta al ministro de Minas, Hernán Martínez, en la que le manifestaba su preocupación por el precio fijado para las subastas.

Si bien el Contralor se mostró de acuerdo con la manera como fueron valoradas, aseguró que el precio inicial de la puja (los cerca de 500 millones de dólares) estaba ubicado en el rango bajo de las estimaciones de la Contraloría, lo que iba a representar un golpe para las finanzas públicas.

Pero el viceministro Maiguascha dice que esa valoración, elaborada por Inverlink, fue revisada por una tercera firma, Valfinanzas, que coincidió en que el valor del negocio había sido bien establecido. Además, recordó que ese es el precio mínimo desde el cual se inicia la puja entre los inversionistas. Mac Master, de Inverlink, explicó que están ideando un sistema de subasta que logre maximizar el valor de las compañías. Por ejemplo, se le permitirá a un mismo inversionistas ofrecer no sólo por una electrificadora, sino por dos o por tres, lo que significaría que la sinergia generada aumenta el valor final de la adjudicación.

La historia reciente favorece el optimismo del gobierno. Cabe recordar los éxitos con las ventas de Bancafé, Granahorrar, y, este año, Paz del Río, que fue vendida casi por el doble de lo presupuestado inicialmente.

Así que probablemente con el caso de las electrificadoras, el interés que despierta el negocio va a terminar reportando importantes ingresos para las finanzas públicas.

Este proceso es apenas el comienzo. La idea del presidente Uribe es vender otras participaciones en el sector energético, como la Electrificadora de Huila, Gecelca y Urrá. Se espera que el cambio de manos en la propiedad de las electrificadoras sea para bien y borre la imagen que tuvieron en el pasado de empresas ineficientes y al servicio, muchas veces, de la politiquería.
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