Corte le da luz verde al agro

La gran apuesta del gobierno para impulsar la producción agropecuaria en zonas apartadas con gran potencial, como la Altillanura, pasó su mayor prueba de fuego cuando la Corte Constitucional consideró exequible la ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres).

Después de meses de intensos debates sobre las demandas de dirigentes de izquierda como el senador Iván Cepeda, así como de organizaciones campesinas e indígenas, el alto tribunal respaldó la iniciativa, aunque le hizo algunas objeciones. La mayor se refiere a la asociatividad entre pequeños y medianos productores con grandes inversionistas, columna vertebral de la ley. Según la corte, esta deberá ser una decisión voluntaria y no obligatoria. Además, los campesinos podrán asociarse entre ellos, si así lo desean, para desarrollar un proyecto productivo.

De esta manera la corte echó por tierra varios de los cuestionamientos de los detractores de la ley que afirmaban que los pequeños cultivadores iban a quedar en desventaja, supeditados a las decisiones de los grandes inversionistas.

Aunque el gobierno todavía estudia el alcance del fallo, considera que esta decisión no afectará las Zidres y que el alto tribunal envió un mensaje adecuado para impulsar el agro. En ese sentido se pronunció el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, al señalar que la corte ratifica que la tierra, independientemente de quién sea el propietario, debe ser productiva.

El fallo ayuda a despejar el panorama sobre las Zidres y es la señal que estaban esperando el gobierno y los empresarios interesados en impulsar proyectos agroindustriales. Ahora se despeja el camino para proyectos agrícolas en zonas como La Mojana, Magdalena, Arauca, Casanare, Caquetá y Putumayo, entre otras regiones, lo que ampliará la frontera agrícola. Según el Dane, Colombia solo destina a cultivos cerca de 8 millones de hectáreas de las más de 20 millones aptas para este fin.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, también ha destacado el alcance de la iniciativa y sostiene que en estas zonas se pueden desarrollar proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, piscícolas, entre otros, que beneficiarán a pobladores de regiones afectadas por el conflicto armado.

La ley sorteó muchos obstáculos y levantó polvareda desde el primer momento. Sus detractores afirmaron que permite a unos pocos inversionistas y multinacionales extranjeras concentrar la tierra en sus manos, en detrimento de los campesinos más pobres que no han tenido acceso a la misma. Los senadores Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo han insistido en que esta es una trampa para legalizar la acumulación de baldíos.

A pesar de esas objeciones y después de muchas discusiones en el Congreso, el proyecto quedó aprobado el año pasado y pasó a revisión de la Corte Constitucional, que se pronunció sobre otros temas álgidos como el de las consultas previas con las comunidades. Señaló que estas solo se realizarán en caso de ser necesarias cuando una población indígena o afro esté cerca de un proyecto agrícola.

Así mismo, les dio autonomía a las regiones al señalar que las Zidres deben pasar por el visto bueno de los Concejos Municipales y se deben ajustar a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios. Y en cuanto al tema de la acumulación de baldíos, declaró exequible el artículo 3 de la ley ya que la corte considera que esta norma sí evita que legalicen los terrenos acumulados. Superado este gran escollo constitucional ahora viene la reglamentación de esta iniciativa que, bien utilizada, puede redimir al agro colombiano.