CORTO CIRCUITO

CASI NADIE SE DIO CUENTA, pero el mismo día en que se subastaron en Bogotá -en medio de una gran expectativa nacional- las acciones del Banco de Colombia, en Barranquilla la Junta Directiva de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) adjudicó un contrato para la ampliación -con privatización incluida- de Termobarranquilla. Lo curioso es que esta última operación, pese a la falta de publicidad que tuvo, fue mucho más importante que la primera.
Mientras la venta del Banco de Colombia le reportó al Gobierno nacional una cifra cercana a los 400 millones de dólares, en la licitación de Termobarranquilla estaban en juego 580 millones de dólares, es decir, 180 millones de dólares más (algo así como 150 mil millones de pesos). Y mientras en la primera todos los oferentes fueron nacionales -inusual en un marco de apertura-, en la segunda participaron algunas de las empresas más importantes del mundo en materia de generación eléctrica.
De poco valió, sin embargo, la discreción con que se adjudicó el contrato de Termobarranquilla. Porque si la privatización del Banco de Colombia estuvo rodeada de una gran controversia en los días previos a la subasta de las acciones -lo que obligó incluso a posponer su fecha original-, al final todos los participantes aceptaron el resultado. En el caso de Termobarranquilla, en cambio, la tempestad vino después de la adjudicación, cuando dos de los proponentes impugnaron el resultado y le pidieron a la Junta Directiva de Corelca reversar la decisión.

EL PROCESO .
El objetivo de la operación era ampliar -repotenciar- la planta existente y constituir una nueva sociedad, en la que Corelca participaría en un monto equivalente al valor que los participantes estuvieran dispuestos a pagar por los equipos viejos. La nueva sociedad, a su vez, le vendería la energía a Corelca, para integrarla al sistema interconectado de la Costa y, por ende, al nacional.
En la licitación participaron cuatro consorcios, encabezados por Siemens, General Electric, Asea Brown Boveri y Westinghouse. Las ofertas fueron presentadas el 26 de noviembre de 1993 y la adjudicación se hizo el 24 de enero de este año. El consorcio favorecido fue el conformado por las empresas Asea Brown Boveri (ABB), Distral, Lancaster y Energy Initiative, que ofreció el más bajo costo de generación de energía y la más alta participación de Corelca en la nueva sociedad.
La decisión, no obstante, fue impugnada de inmediato por la Westinghouse y la General Electric, cuyos representantes aseguran que la propuesta del consorcio ABB-Distral tenía varias desviaciones con respecto al pliego de condiciones entregado por Corelca a todos los posibles proponentes. Y, entre todas, una muy grave: en contra de lo exigido, la propuesta de ABB-Distral condicionaba su oferta en torno de la participación de Corelca en la nueva sociedad -y de manera indirecta, por lo tanto, el costo de generación de la energía- a la previa aprobación de las entidades financiadoras.
Eso, en opinión de las firmas perdedoras, era cambiar las reglas de juego. "Los demás proponentes -le dijo a SEMANA el representante de una de las firmas interesadas- nos ceñimos al pliego de condiciones y presentamos propuestas en firme; ABB, en cambio, dejó todo a la suerte de una respuesta positiva de los bancos que la respaldan, y no presentó las garantìas suficientes para pensar que eso sucederá".

LA VISION OFICIAL
Las autoridades del sector han asegurado, por su parte, que el proceso de adjudicación fue transparente y que tienen lá documentación necesaria para probarlo. Cuentan, además, con el respaldo de dos firmas auditoras Aene Lahmeyer y Arthur D Little, que dieron su visto bueno a la adjudicación. Y dicen que, para que no queden dudas, someterán todo el proceso al escrutinio de la Procuraduría General de la Nación.
No faltan, sin embargo, algunos funcionarios que piensan que las cosas no se hicieron de la mejor manera. Primero, porque la adjudicación se efectuó de una manera algo acelerada. Y, segundo, porque no deja de ser traumático que Corelca participara en el proceso como juez y parte: socio de la nueva empresa, por un lado, y comprador de energía, por la otra.
Lo importante, en todo caso, es que se haga claridad. Porque las quejas de Westinghouse y General Electric pueden ser muy perjudiciales a nivel internacional. Sobre todo si se tiene en cuenta que la meta del presente Gobierno es sacar a la venta otros dos grandes proyectos: el de Termovalle y el de Carbocesar. Y que el valor de estos últimos es muy superior al de Termobarranquilla.