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| 2/25/2012 12:00:00 AM

Corto circuito

Dos de los proyectos hidroeléctricos estratégicos del país afrontan serias dificultades. Las comunidades de la zona tienen en vilo a El Quimbo, en el Huila, y a Porce IV, en Antioquia. ¿Es posible un desarrollo sostenible?

Uno de los grandes proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país fue protagonista hace un par de semanas de una protesta de pobladores y pescadores de varios municipios del Huila, que terminó en un violento desalojo en las riberas del río Magdalena. El enfrentamiento abrió nuevamente el debate sobre los problemas sociales, ambientales y de orden público que afrontan estas megaobras, que amenazan con convertirse en un obstáculo en las millonarias inversiones que se avecinan en la locomotora minero-energética.

Los días 14 y 15 de febrero pasado, varias personas resultaron heridas tras la llegada de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que desalojó a los campesinos que llevaban cuatro meses acampando en las riberas del río Magdalena para detener las obras del embalse de El Quimbo, que la empresa española Emgesa -filial de Endesa- comenzó a construir en 2010. En las imágenes, que han causado indignación en el país y circulan en un video de YouTube, se ve a pobladores huyendo de los gases lacrimógenos y varios más arrojándose al río para escapar de la fuerza pública.

Pero este no es el único proyecto energético en líos. La hidroeléctrica Amoyá, en el Tolima, ha sufrido hostigamientos de guerrilleros de las Farc. Y en Porce IV, cuya ejecución fue suspendida por Empresas Públicas de Medellín (EPM), confluyen todos los problemas que se presentan en Colombia cuando de obras gigantescas se trata: la llegada de cientos de personas de otras regiones en busca de recibir algún beneficio económico, el accionar de grupos al margen de la ley que extorsionan a los pobladores y presionan a los inversionistas, las denuncias por los impactos en el medio ambiente, todo esto sumado a instituciones demasiado débiles para el sector.

Si no se les presta la debida atención, los planes del gobierno de convertir al país en una potencia energética podrían frustrarse. El Quimbo y Porce IV hacen parte del programa de expansión eléctrica, en el que están, además, las hidroeléctricas de Pescadero-Ituango, Hidrosogamoso, Porvenir II, San Andrés y San Miguel, entre otras. Estas obras generarán en conjunto 3.800 megavatios de energía a partir de 2014, que se añadirán a la capacidad instalada que tiene el país de 14.400 megavatios.

El país está exportando energía a varias naciones vecinas y espera que Panamá y Chile se conviertan en sus próximos clientes, más ahora que la nación austral tiene riesgos de sufrir un apagón ante la debilidad en su infraestructura de transmisión y distribución.

El caso de El Quimbo

El Quimbo, un embalse que cubrirá 8.600 hectáreas, impactará a los municipios de Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol. Tendrá una capacidad instalada de 400 megavatios, con una inversión total de 837 millones de dólares. Junto con la central hidroeléctrica de Betania abastecerá cerca del 10 por ciento de la demanda de energía del país. Las obras comenzaron hace dos años y se espera que terminen en 2014. Actualmente se está construyendo un túnel por el que pasarán las aguas del río Magdalena, que comenzarán a ser desviadas en los primeros días de marzo.

Sin embargo, desde sus inicios ha enfrentado la protesta de pobladores aledaños a la zona de influencia. Varias organizaciones de la región demandaron el proyecto ante el Consejo de Estado e interpusieron hace más de dos años una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Huila, que todavía no ha emitido ningún pronunciamiento. La Asociación de los afectados por el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, Asoquimbo, solicita la suspensión cautelar de todas las obras hasta que se presenten los estudios sobre el impacto ambiental. Un grupo de pobladores anunció que seguirá adelante con las protestas y espera que el director de Cormagdalena no autorice que el río sea desviado. La Contraloría General de la República inició indagaciones preliminares sobre las denuncias de la comunidad y en tres meses presentarán los resultados.

Luz Helena Sarmiento, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente, dice que se hizo un ajuste a la licencia ambiental en el tema de compensaciones, pero que favoreció a las comunidades porque aumentó el valor de compra de tierras. Agregó que se hicieron los estudios ambientales pertinentes.

Por su parte, Lucio Rubio, director de Endesa, dice que la empresa hizo los estudios de impacto ambiental y los censos de población, que fueron avalados por las autoridades y en los que actualmente están inscritas 3.000 personas. De ellas 1.764 hacen parte de los programas de reubicación y las restantes serán beneficiarias de compensaciones económicas por la pérdida de empleo -se les capacitará durante seis meses en los que recibirán un salario mínimo mensual y se les dará un capital semilla por persona entre 24 y 45 millones de pesos para proyectos productivos-. La empresa ha invertido 125 millones de dólares en construir las vías de acceso, campamentos y el túnel de desvío del Magdalena.

Sobre el desalojo de los habitantes, Rubio dice que no es partidario de las vías de hecho y que están abiertas las puertas del diálogo para buscarles salidas a las protestas y para garantizar que las obras sean ejecutadas. La empresa ha realizado más de 680 reuniones desde 2007 con las comunidades para socializar el proyecto. Pero el lamentable incidente de la semana antepasada ciertamente no ayuda a sacar el asunto del atolladero.

El lío de Porce IV

Pero si los problemas en El Quimbo son graves, lo son aún más los del proyecto hidroeléctrico Porce IV, de EPM, que son continuación de Porce I, II y III. La empresa suspendió indefinidamente las obras por los problemas de orden público y el incremento desmesurado de la población de las comunidades aledañas. No era para menos, pues de cerca de 3.000 personas en 2006 se pasó a más de 8.500 y algunos estudios hablan incluso de 15.000. Esto significa que los costos para reubicar a estas comunidades se quintuplicó, con lo cual disminuye la rentabilidad del proyecto. La obra, que pretendía inundar 2.000 hectáreas en las zonas de influencia de los municipios de Amalfi, Anorí y Zaragoza, estaba programada para entrar en operación en 2015, con una capacidad de 400 megavatios y una inversión de 1.085 millones de dólares.

La situación de orden público es muy grave porque allí operan frentes de las Farc y el ELN, así como bandas criminales como los Urabeños, los Paisas y los Rastrojos. Ante la suspensión de la obra por configurarse un "incumplimiento insalvable", la Comisión de Regulación de Energía (Creg) le exigió a EPM pagar la garantía por 23.680 millones de pesos y señala que "los inversionistas construyen un proyecto por su cuenta y riesgo para respaldar las condiciones de suministro de energía, aún en condiciones extremas".

El gobierno es enfático al señalar que las obras deben seguir adelante porque son vitales para la generación eléctrica. El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, sostiene que las obras de El Quimbo no se pararán y que el gobierno se asegurará de que se entreguen las compensaciones a las personas afectadas. Reconoce que, aunque hay comunidades con aspiraciones legítimas, hay otras que por razones políticas están en contra, lo que genera contratiempos.

Las alarmas ya están encendidas en el sector en torno a lo que puede pasar con estas megaobras si no se maneja bien el tema con las comunidades. Si se cumplen todos los requisitos ambientales y se consulta a las poblaciones pero estas se niegan a ser reubicadas, es inevitable un desalojo porque los proyectos tienen un cronograma por cumplir para no atrasarse en el avance de las obras. Aunque el desalojo es una instancia a la que nadie quiere llegar.

Por eso hay que actuar rápido para evitar estos conflictos en el boom minero-energético. Esta debe ser una labor coordinada con las empresas, las comunidades y los mandatarios locales. En el fondo, el gran desafío que tiene Colombia en los próximos 50 años es saber si explota sus recursos naturales para generar riqueza, respetando a las comunidades y cumpliendo las leyes. De eso se trata el desarrollo sostenible.
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