Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1998/08/24 00:00

CORTO CIRCUITO

¿Qué hay detrás del aplazamiento del proceso de privatización de Corelca?

CORTO CIRCUITO

La semana pasada el proceso de privatización de Corelca y de las electrificadoras de la Costa volvió a ser noticia. La primera etapa de éste _la venta de los activos de distribución de energía_, que estaba programada para el jueves pasado, tuvo que ser pospuesta. La razón: la renuncia del superintendente de Servicios Públicos, José Ricardo Tafur, funcionario encargado de firmar los documentos que reglamentan el traspaso de los activos y pasivos de las 10 empresas que conforman el grupo Corelca a cinco nuevas compañías, lo cual es un elemento integral del proceso de capitalización y privatización. Esta noticia, a menos de 48 horas de la subasta, cayó como un baldado de agua fría entre el gobierno, sus asesores y los inversionistas interesados. Aunque Tafur no ha hecho públicas las causas de su renuncia varios medios reportaron que fuentes allegadas a él, incluidos algunos senadores, sostienen que su dimisión se debió a rumores sobre la mala valoración de los activos en venta. Según estas versiones el funcionario no querría avalar una operación a un precio inferior al valor real de los activos pues temía que ésta le generaría responsabilidades de índole legal. Algunas medios, incluso, reportaron que la decisión del funcionario estaría ligada a denuncias en el sentido de que las presuntas irregularidades en la valoración tendrían como objetivo favorecer los intereses de uno de los inversionistas. Sin embargo quienes conocen de cerca el proceso sostienen que la renuncia de Tafur no es sino una cortina de humo más dentro de una larga serie de maniobras de los enemigos de la privatización de las empresas cuyo único propósito es obstaculizar la operación. Esta tesis tiene muchos puntos a su favor. Por un lado, nadie niega que el proceso tiene opositores muy poderosos. Corelca y las electrificadoras han sido por muchos años el fortín burocrático de los barones electorales de la Costa. Por lo tanto, parece apenas lógico que éstos enfilen baterías contra un proceso que acabaría con uno de sus instrumentos políticos más eficaces y rentables. Por otra parte, muchos dudan de la independencia de Tafur frente al proceso. Varias de las actitudes dentro del proceso de este liberal girardoteño, vinculado al movimiento de la senadora Marta Catalina Daniels, son a lo menos cuestionables. En abril pasado, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos se vio obligada a intervenir las ocho electrificadoras de la región Caribe ante la inminente posibilidad de que suspendieran el servicio eléctrico, Tafur, en vez de someter a licitación la escogencia de la empresa fiduciaria que manejaría las entidades intervenidas, declaró la "urgencia manifiesta" y contrato a Fiduagraria por vía administrativa. Esta compañía, cuyo presidente fue gerente de Electrosucre y pertenece a la bancada del senador Julio César Guerra Tulena, contrató como administradores temporales de las empresas a varios contratistas de las mismas _cuya idoneidad moral muchos ponen en duda_ generando un evidente conflicto de intereses. Tan pronto el gobierno se enteró de este hecho forzó a Tafur a rescindir el contrato. Hoy las empresas están siendo administradas por agentes de la Superintendencia.A su vez las denuncias en torno a presuntas irregularidades en la valoración parecen infundadas. Por una parte, las firmas de banca de inversión que escogió el gobierno como asesores en el proceso, la neoyorquina CS First Boston y su asociada local Inverlink, tienen una amplia trayectoria en fusiones, adquisiciones y ventas de empresas del sector eléctrico a nivel nacional e internacional. Desde 1992, CS First Boston ha asesorado a gobiernos de Europa, Asia y América Latina en privatizaciones de empresas eléctricas por un valor superior a los 5.200 millones de dólares, incluidas las de las hidroeléctricas de Chivor y Betania y las termoeléctricas de Tasajero y Cartagena. Sin embargo, más allá de las credenciales del consorcio asesor, como anunció el ministro Cabrales en rueda de prensa el pasado jueves, "hablar de una buena o mala valoración es imposible a estas alturas, pues aún no se ha tomado ninguna decisión en torno al precio base de los activos en venta". Esta decisión, que corresponde a los ministros de Hacienda y Minas y Energía y a la directora de Planeación Nacional, se basará en la evaluación de los asesores financieros pero solo se tomará horas antes de la subasta. Al igual que las propuestas de los oferentes, será depositada en una urna al momento de la subasta y solo será divulgada al público cuando los sobres de las ofertas hayan sido abiertos. Finalmente, la acusación de que se está buscando favorecer a uno de los inversionistas interesados tampoco parece tener fundamentos. Por una parte el proceso de precalificación se basó en criterios absolutamente objetivos e impuso exigencias bastante estrictas a los interesados. Por ejemplo, para poder participar en la subasta de las dos nuevas empresas de distribución eléctrica, Electrocosta y Electrocaribe, el inversionista debía demostrar que está prestando el servicio de distribución eléctrica a un mínimo de 500.000 usuarios, tiene activos con un valor superior a los 500 millones de dólares y un patrimonio no inferior a 150 millones de dólares. Estos requisitos permitieron limitar la participación en el proceso a 19 inversionistas estratégicos nacionales y extranjeros con interés de largo plazo en el sector eléctrico. Además, para garantizar la transparencia del mismo, las empresas se adjudicarán con base en un solo factor: el precio. De hecho, el formato de las propuestas solo tiene espacios para el nombre del proponente, la empresa que quiere adquirir y el valor que asigna a los activos en venta. El 65 por ciento de cada empresa será adjudicado al inversionista precalificado que mayor valor asigne a los activos. Con esta estructura se garantiza que los proponentes competirán en igualdad de condiciones. La importancia del procesoLo más preocupante del caso es que las maniobras políticas de los enemigos del proceso no solo pueden ahuyentar a las empresas que han expresado un interés en participar en las ventas sino que terminen por aplazar un proceso que es a todas luces impostergable. La situación de las empresas que componen el grupo Corelca es desastrosa. Tras décadas de ser administradas con criterio político se han convertido en nidos de clientelismo, desorden y corrupción. Las empresas tienen 4.500 empleados cuando, según su capacidad de generación y número de usuarios, deberían tener si acaso 2.000. Además la Creg, comisión que regula al sector eléctrico, calcula que en promedio del ciento por ciento de las compras de energía de las electrificadoras de la región solo se factura el 71 por ciento _en la transmisión y distribución se pierde cerca del 29 por ciento de la energía_ y únicamente se recauda el 43 por ciento. Con indicadores operativos como estos ninguna empresa es viable. Como si esto fuera poco también están endeudadas hasta la coronilla. En diciembre del año pasado, como ocurre cada que las empresas enfrentan problemas, el gobierno les inyectó 400.000 millones de pesos en capital fresco. Con todo y eso, en la actualidad, la deuda de las ocho electrificadoras asciende a 1,1 billones de pesos y la de Corelca a 1,2 billones. Teniendo en cuenta que solo las electrificadoras perdieron cerca de 250.000 millones de pesos en 1997 y están perdiendo cerca de 40.000 millones mensuales este año, este nivel de endeudamiento es insostenible (ver cuadro). Más aún, en lo que va de 1998 las electrificadoras han acumulado deudas con empresas de generación eléctrica por un valor cercano a los 600.000 millones de pesos. Esta cifra representa una carga tal para las empresas generadoras que si no se toman medidas drásticas para propiciar el pago de esta deuda podrían terminar por dejar sin luz no solo a los 1,1 millones de usuarios de las electrificadoras costeñas sino a buena parte del país.En este contexto, la única solución de largo plazo es la privatización. Esta permitirá fortalecer las empresas desde el punto de vista operativo y financiero, garantizar la continuidad del servicio en el futuro y liberarlas de las manos de los políticos que por tanto tiempo las han ordeñado sin piedad. De lo contrario, para prevenir la quiebra inminente de las empresas, se requeriría una nueva capitalización del gobierno, la cual no resolvería ninguno de los problemas de fondo y seguramente tendría que ser seguida de muchas otras. El gobierno ha demostrado que está comprometido con sacar el proceso adelante y el ministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, lo considera la máxima prioridad de su gestión. Sin embargo este gobierno está muy desgastado y a punto de salir del poder, por lo cual es extremadamente vulnerable a los ataques demagógicos de los enemigos de la privatización. En este contexto lo lógico sería que el gobierno electo antepusiera el interés nacional a la conveniencia política y diera un espaldarazo al proceso. Al fin y al cabo los ataques de algunos sectores de la clase política palidecen frente a los dolores de cabeza que seguramente sufrirá si le toca heredar semejante 'chicharrón'.

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