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| 9/2/2017 10:15:00 PM

Caracas sin oxígeno

Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, aumenta la presión para el gobierno venezolano, que tendrá que decidir entre un mayor desabastecimiento de bienes o dejar de pagar la deuda externa.

Paradójicamente, las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a Venezuela, representan un duro golpe para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y para la ya debilitada economía de ese país, pero al mismo tiempo, podrían darle un respiro desde el punto de vista político al régimen bolivariano.

La pregunta ahora es qué pesará más: lo económico o lo político. Y se abre otro gran interrogante. Si el cambio de postura de Estados Unidos, de pasar de sancionar individualmente a funcionarios del gobierno, a cerrarle las puertas de los mercados internacionales de capitales a Venezuela, servirá o no para ayudar a restaurar la democracia en el vecino país.

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Algunos analistas consideran que las sanciones pueden terminar por ayudar, sin intención, al gobierno, pues le servirá para justificar todos los males que vive hoy el país, al legitimar su discurso sobre la agresión imperialista y la guerra económica contra Venezuela. Otros creen que el impacto de las restricciones es tan contundente que le quitará un gran margen de maniobra financiera y la posibilidad de seguir endeudándose en el exterior, lo que debilitará la coalición de poder.

Las últimas medidas son extremadamente severas. Ninguna institución financiera estadounidense podrá realizar transacciones con títulos de deuda emitidos por el gobierno de Venezuela o Pdvsa. Además, le impiden a CITGO –filial de la petrolera con una de las mayores redes de distribución de combustibles en Estados Unidos– entregar dividendos al gobierno de Maduro. Con esto, le cerraron las puertas a un nuevo financiamiento y también le hacen muy difícil lograr una posible reestructuración de su deuda.

La economía venezolana es actualmente la más endeudada del mundo. Según cifras del Banco Central, sus obligaciones financieras han pasado de 27.000 millones de dólares a más de 120.000 millones en los últimos 10 años. Con la abrupta caída de los ingresos petroleros, que le proveía 96 por ciento de los recursos, este país enfrenta un severo déficit de divisas.

Tan pronto se conocieron las sanciones, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció que “teniendo barcos en la costa cargados con medicamentos y alimentos, Venezuela no tendría cómo hacer el pago de estos bienes esenciales para la población por cuenta de la formalización del bloqueo financiero contra el país”. Esto muestra, sin duda, cómo intentará el gobierno oficialista utilizar las medidas económicas en su contra.

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Las medidas han causado una avalancha de reacciones. Michael Penfold, Ph.D. de la Universidad de Columbia y profesor asociado del Iesa, dice que Estados Unidos le hace un flaco favor a la causa democrática venezolana al asumir este tipo de sanciones económicas en vez de profundizar, junto con la Unión Europea y el resto de los países latinoamericanos, acciones inteligentes que realmente fisuren la coalición gubernamental. Afirma que, dado que Venezuela ya estaba económicamente aislada y en ruinas y sin acceso a los mercados de capitales, el efecto de las sanciones será marginal.

Hay quienes consideran que estas medidas no solo permitirán al gobierno echarle la culpa de la crisis económica y social a los Estados Unidos, sino que podría servirle para neutralizar a los líderes de la oposición de cara a las elecciones regionales. Efectivamente, durante esta semana, la Asamblea Nacional de mayoría chavista ordenó investigar a la oposición por traición a la patria al promover las medidas económicas y la intervención gringa.

Para Henkel García, director de la firma Econométrica, este discurso no tiene asidero en la población que no es chavista dado que la crisis y la pérdida de calidad de vida de los venezolanos no es un tema nuevo, sino que por el contrario su deterioro se ha acentuado a partir de 2011.

El analista pronostica un mayor deterioro de la actividad económica, lo cual aumentará el descontento social y debilitará al gobierno. Según García, a comienzos de año se proyectaba decrecimiento del 5 por ciento del PIB y ahora creen que la caída estará entre el 10 y 13 por ciento. Además, estima que la inflación alcanzará los cuatro dígitos al rondar el 1.000 por ciento, lo cual seguirá deteriorando el poder de compra y la calidad de vida de los venezolanos.

Algo similar considera Armando Gagliardi, economista senior de la firma Ecoanalitica, para quien el efecto más palpable de las medidas es que se intensificará la crisis de divisas pues el gobierno deberá afrontar unos pagos de deuda muy altos, con unos deteriorados ingresos petroleros y sin mayores fuentes de recursos.

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Según este centro de estudios, Venezuela necesita para el cierre del año alrededor de 3.500 millones de dólares para cancelar los vencimientos de deuda –1.634 millones de dólares en octubre y otros 1.890 millones de dólares en noviembre– y el próximo año necesitará 8.000 millones de dólares adicionales.

Lo más grave es que se está quedando sin reservas internacionales que no solo alcanzaron en agosto su nivel más bajo en 15 años –9.859 millones de dólare– sino que en su mayoría están representadas en oro o en bonos. Tan solo 700 millones de dólares serían líquidos y el gobierno los podría utilizar de inmediato.

Y el margen con sus aliados tradicionales es menor. Rusia no tendría la capacidad de financiar a Venezuela en las magnitudes que el país necesita y China ha emitido señales de que no está dispuesta a seguir haciéndolo, afirma García. Comenta que el Banco de Desarrollo de China ha mostrado gran descontento con la manera en que el Gobierno venezolano ha utilizado los recursos y por esto desde hace algún tiempo no le ha brindado nuevos préstamos. Lo máximo que ha hecho es extender los plazos y permitirle pagar solo intereses.

Hasta ahora el Gobierno había recurrido también a un severo recorte de importaciones para enfrentar el déficit de divisas. Según datos de Ecoanalitica, las compras de bienes y servicios en el exterior cayeron un 72 por ciento en los últimos cuatro años, y este declive seguiría siendo mayor en 2017. Si no obtiene financiamiento adicional, las importaciones podría caer un 50 por ciento más en los siguientes meses lo que profundizaría la escasez de insumos, materia prima y bienes básicos en los supermercados, así como la inflación y el deterioro en la calidad de vida del país.

Por esto, muchos analistas consideran que las sanciones de Estados Unidos le ponen más presión al gobierno de Maduro, que tendría que decidir en los próximos meses si seguir con la práctica de disminuir las importaciones y aumentar el desabastecimiento de productos básicos, con el consecuente incremento de la tensión social,o no pagar la deuda y enfrentar un default, lo cual lo expone a que sus acreedores internacionales embarguen sus activos en el mundo, por ejemplo las estaciones, refinerías y embarcaciones de CITGO.

Algunas firmas calificadoras como Fitch rebajaron la perspectiva de la deuda al aumentar la probabilidad de un default. Para Ricardo Hausmann, economista venezolano y profesor de Harvard, la catástrofe económica que ha causado el actual gobierno no tiene precedentes. El PIB de Venezuela no solo ha caído un 35 por ciento de los niveles que tenía en 2013, sino que la pobreza se disparó del 48 por ciento en 2014 al 82 por ciento en 2016. Por esto, ha expresado que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense al régimen venezolano son más efectivas que dejar de comprarle petróleo a Venezuela. El gobierno de Caracas está preocupado por el tema político, pero el económico podría causar el verdadero punto de quiebre. El cerco financiero contra el gobierno se estrecha y eso tendría consecuencias insospechadas.

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