Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 8/6/1990 12:00:00 AM

CUESTION DE CRITERIO

La Contraloría respalda posición de Fedesarrollo y el Instituto SER sobre disminución del gasto social.

CUESTION DE CRITERIO CUESTION DE CRITERIO

El debate está que arde. Y no es para menos. De la definición que se le dé al concepto de "gasto social" dependerá en buena medida el juicio que los colombianos se hagan sobre los resultados del actual gobierno.
La polémica comenzó con la emisión del primer número de la revista "Coyuntura Social", publicada por Fedesarrollo y el Instituto SER. En ella los dos centros de investigación, que figuran entre los más prestigiosos del país, afirmaron que los gastos en el área social venían perdiendo participación en el producto interno bruto desde 1984.
Tal afirmación iba en contravía de todos los anuncios del gobierno, cuyo plan general de desarrollo estaba centrado precisamente en el sector social. Y por eso no tardó en producirse una respuesta oficial. Preparado por la Unidad de Desarrollo Social, el Departamento Nacional de Planeación le remitió a los editores de la "Coyuntura Social" un trabajo según el cual "el gasto público social ha venido creciendo durante el quinquenio 1986-1990 a un promedio anual del 33.3%, lo que significa un crecimiento real del 7.7% anual".

Más que diferencias en las cifras, sin embargo, lo que mostraba el trabajo de Planeación Nacional era una diferencia de criterios en la elaboración del concepto. Para Fedesarrollo y el Instituto SER el gasto social es el que tiene que ver con la atención de las necesidades "preferentes", de la población y constituyen, por lo tanto, un instrumento esencial para el cumplimiento de las metas del Estado como redistribuidor del ingreso. Para Planeación Nacional, además de la satisfacción de las necesidades básicas, el gasto social es todo aquel que se destina a incrementar el bienestar socioeconómico de la colectividad y a generar mayor riqueza económica, sobre todo si se orienta a los grupos de la población y a las regiones más pobres.

La diferencia, que parece insustancial, resulta determinante en el momento de cuantificar el gasto social. Mientras que "Coyuntura" incluye dentro del concepto de gasto social solamente los pagos en educación, salud, seguridad social y vivienda, Planeación introduce las erogaciones del Estado para justicia, promoción del empleo, promoción comunitaria y desarrollo indígena, entre otros.

Los resultados, por supuesto, son bastante distintos. Sobre todo por la introducción de los gastos en justicia que para Fedesarrollo y el Instituto SER no deben ser considerados como gasto público social por cuanto no tienen un carácter claramente redistribuidor del ingreso. El gobierno, sin embargo, defiende su inclusión aduciendo que los mismos juegan un papel muy importante en el mejoramiento del bienestar socioeconómico de la población.

A todas estas, una nueva entidad ha venido a terciar en la polémica: la Contraloría General de la República. Y su posición está mucho más cerca de la de Fedesarrollo y el Instituto SER, que de la del propio gobierno. De acuerdo con el editorial del Informe Financiero de mayo, que circulará en los próximos días, "en sentido estricto sólo se deberá entender como gasto social el que se realiza para satisfacer las necesidades primarias de la familia. Como tales se consideran, en particular, los gastos en educación, salud, vivienda y atención a la niñez y a los ancianos". Así considerado, el gasto social sí habría sufrido, como lo afirmaba la "Coyuntura Social", una importante disminución en los últimos años.

La Contraloría va un poco más allá, incluso, al atribuir tal situación a los compromisos relacionados con las obligaciones externas del país. El ente fiscalizador asegura, en efecto, que a pesar de las buenas intenciones del Plan de Economía Social, "los compromisos de la Nación con la banca internacional se constituyeron en un poderoso obstáculo para el cumplimiento de los programas del gobierno" .

El gasto social, según la Contraloría, está compuesto básicamente de gastos locales (es decir, de programas que no requieren la utilización de moneda extranjera para su realización) y tradicionalmente son financiados con los ingresos corrientes de la Nación. Pero en los últimos años tales ingresos tuvieron que destinarse al servicio de la deuda externa (cuyo monto superó los 3.000 millones de dólares en 1989).

Mientras el servicio de la deuda como proporción del producto interno bruto aumentó permanentemente -de acuerdo con el Informe- en los últimos cinco años, el gasto social se redujo en cerca de dos puntos. El primero pasó del 3.1% del PIB en 1984 al 7.5% en 1989. El segundo bajó del 9.4% del PIB en 1984 al 7.6% en 1989 (ver gráfica).

Como atenuante, el editorial de la Contraloría asegura que tal situación no es propia de Colombia, ni se le puede atribuir totalmente a la presente administración. Casi todos los países de la región se han visto enfrentados en el mismo lapso, como consecuencia de los planes de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional, a drásticos procesos de reducción en la calidad de vida de sus habitantes.

Es más, al comienzo del Gobierno Barco, el gasto social había sufrido ya una reducción del 15%, como consecuencia del proceso de ajuste iniciado en 1984. El problema es que, a pesar de los anuncios, el gobierno no logró desprenderse del fardo que imponían los compromisos con la banca internacional, lo que hizo que finalmente la política económica no se conciliara con los objetivos del plan de desarrollo. "Ha sido el gasto social el que ha tenido que supeditarse a las políticas de endeudamiento seguidas por el gobierno nacional".
En tales condiciones, de acuerdo con la Contraloría, "el nuevo gobierno tiene un reto: conciliar los objetivos de estabilización y crecimiento, con los de progreso social. El gasto social no podrá seguir expuesto a la inestabilidad del financiamiento externo. Hasta el momento, la deuda externa del país se ha pagado cumplidamente, pero la deuda social ha tenido que reprogramarse". El dabate continúa. --

EDICIÓN 1861

PORTADA

Prieto en la mira

La imputación de cargos al exgerente de la campaña de Santos sorprendió. Pero esta no tiene que ver con el escándalo de Odebrecht ni con la financiación de las campañas. ¿Por qué?

Este contenido hace parte de la edición impresa. Para leerlo, debe iniciar sesión:

Les informamos a todos nuestros lectores que el contenido de nuestra revista impresa en nuestro sitio web será exclusivo para suscriptores.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en SEMANA Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com