Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1989/04/10 00:00

DE BOYACA EN LOS CAMPOS

Una investigación de la Comisión Nacional de Valores siembra serias dudas sobre una negociación de acciones de Cementos Boyacá.

DE BOYACA EN LOS CAMPOS

Es una historia en la que se podría decir que el cemento no fraguó bien. Tiene como ingredientes a tres empresas departamentales, un barón electoral, una de las cementeras más grandes del país, un comerciante antioqueño, una multinacional suiza y varios centenares de millones de pesos de por medio. El cuento es tan extraño que obligó a la Comisión Nacional de Valores a realizar una investigación. Aunque el proceso todavia no se ha terminado, todo indica que al final habrá culpables y culpados.

El asunto en cuestión tiene que ver con la negociación, hecha hace un año, de 2.589.200 acciones de cementos Boyacá, una de las cinco cementeras más grandes del país, con despachos por más de 580 mil toneladas del material y una participación cercana al 10% del mercado nacional.
Los títulos de la compañía (que representaban el 18.5% de las acciones en circulación) eran propiedad de tres entidades del departamento de Boyacá y fueron vendidos en un plazo relámpago por la suma de 725 millones de pesos, a una empresa que se había formado 18 días antes. Tal es la radiografía de una operación que por decir lo menos, ha despertado muchas preguntas.

En noviembre pasado, dos parlamentarios boyacenses, María Izquierdo de Rodríguez y Héctor Hely Rojas, promovieron un debate en la Cámara de Representantes que quedó en veremos, a la espera de los resultados de la investigación que adelanta la comisión Nacional de Valores. Las conclusiones del informe de visita del organismo estatal fueron conocidas por SEMANA. El reporte, de seis páginas de extensión, llama la atención sobre presuntas irregularidades en el proceso de negociación de las acciones.

Este proceso comenzó oficialmente el 17 de febrero de 1988 en Tunja, cuando el entonces gobernador del departamento, Alfonso Soler Mantilla, obtuvo una autorización de la Beneficencia de Boyacá para vender las acciones que la entidad poseía en Cementos Boyacá. Permisos similares fueron concedidos por otros dos organismos -la Industria Licorera y la Caja de Previsión Social de Boyacá que, junto con la Beneficencia, eran los propietarios de los 2.59 millones de acciones, incluyendo 704 mil cuyo estatus juridico estaba en veremos.
Dentro de las justificaciones para salir de los papeles estaba la de que Cementos Boyacá era una empresa extranjera controlada por el poderoso grupo Holderbank de Suiza en asocio con Eternit, quienes designaban la administración de la compañía. Además, se arguyó que Cementos Boyacá tenía dificultades financieras que requerían un esfuerzo de capitalización para el cual las entidades del Grupo Boyacá no estaban preparadas y que, si no se vendían las acciones, los intereses del departamento resultarían lesionados.
En respuesta, Soler Mantilla fue autorizado y el 25 de febrero de 1988 se decidió nombrar a Armando Olarte Reyes -miembro de la junta directiva de Cementos Boyacá--como el representante del departamento. Este procedió a contactar a una serie de firmas, de las cuales cuatro manifestaron interés en adquirir las acciones.

La oferta finalmente escogida fue la de una empresa llamada Inversiones Mineras e Industriales La Esmeralda, Inmines S.A., de propiedad de Francisco Luis Betancourt, un comerciante de Medellín. Este, en una carta fechada el 8 de marzo, planteaba la adquisición de las acciones a un precio unitario de 280 pesos. La propuesta fue aceptada dos días después por el gobernador Soler Mantilla, quien le comunicó a Betancourt que su firma había sido la escogida. De esta manera, el 16 de marzo Inmines entregó los cheques de gerencia a favor de las entidades boyacenses.

Hasta ese momento, todo parecía estar en regla. No obstante, tenía los ingredientes necesarios para que se armara un escándalo político. Los parlamentarios Izquierdo y Rojas hicieron las primeras denuncias y acusaron al grupo del senador liberal Jorge Perico Cárdenas de haber orquestado una operación que no era tan clara como parecía. Ante estas denuncias, el Ministerio de Gobierno abrió una investigación y más tarde, en noviembre de 1988, la Comisión Nacional de Valores entró a mirar la operación, para definir si en ésta se había violado o no la Resolución 005 de 1982, que dice que toda persona que quiera adquirir el 10% o más de las acciones de una sociedad inscrita en el Registro Nacional de Valores, debe hacerlo por oferta pública autorizada por el presidente de la Comisión.

La investigación del ente estatal reveló que este requisito no se había cumplido. Además, dejó en claro que Inmines S.A. habia sido constituida el 26 de febrero de 1988 con un capital de dos millones de pesos y que los préstamos para que pagara las acciones habían sido garantizados ante el Banco Internacional de Colombia y Colfin S.A., por dos empresas asociadas a Holderbank, la multinacional suiza que es la accionista mayoritaria de Cementos Boyacá. En consecuencia, la Comisión sostuvo que Inmines "actuo como interpuesta persona" de la firma suiza.

Todas esas acusaciones son negadas por los implicados. El apoderado del Holderbank en Colombia, Jorge Lara Urbaneja, le dijo a SEMANA que "Inmines no es un testaferro".
Esta versión es corroborada por Betancourt, quien dice que "Inmines es un testaferro mío". Es decir, que la compañia fue creada con el único propósito de comprar las acciones de Cementos Boyacá. Según le dijo Betancourt a SEMANA, lo único que hizo el Holderbank fue colaborarle para que se le prestara el dinero para pagar las acciones, una vez cerrada la negociación. Además, agregó que la compañía suiza lo apoyó después de un viaje a Ginebra, porque la venta de las acciones le permitia adelantar sin trabas los planes de recapitalización que tenia. A cambio, Betancourt se comprometió a ofrecerle a Holderbank las acciones en primer lugar, si algún dia decidia venderlas.

Inmines, sin embargo, acabo pagando un precio más alto del que se suponia. En una asamblea extraordinaria de accionistas que tuvo lugar a finales de junio pasado, se decidio que la suscripción de 704 mil de los 2.59 millones de acciones no era válida, por lo cual, en la práctica, Inmines acabó adquiriendo 1.88 millones de acciones a un precio promedio de 362 pesos por unidad.

No obstante, en todo momento la ayuda del Holderbank fue permanente. Para abonar al préstamo que había recibido para adquirir las acciones, Inmines obtuvo la ayuda de Cemex, una de las compañías asociadas al banco suizo. Ese dinero salió a su vez de las arcas del Holderbank el cual utilizó, según la Comisión de Valores, fondos provenientes de un pago por 157 millones de pesos hecho el 15 de junio pasado por Cementos Boyacá, en cancelación de un contrato de servicios técnicos. La deuda con Cemex le fue endosada al Holderbank y fue cancelada en octubre de 1988, cuando Inmines le vendió a esta compañía los derechos de suscripción de 1.88 millones de acciones nuevas por algo más de 300 millones de pesos. La negociación se hizo después de que Cementos Boyacá recibiera autorización para emitir 10.2 millones de acciones para aumentar el capital de la empresa.

Precedentes como ese hacen pensar que Betancourt le acabará vendiendo sus acciones al Holderbank, pues éste ya le solicitó al Departamento Nacional de Planeación que autorice la traída de los fondos para comprar las acciones que tiene Inmines. Esa operación debe servir para cancelar los créditos que se hicieron desde un comienzo y consolidar el control de la empresa suiza en Cementos Boyacá.

En el intermedio, la Comisión de Valores deberá definir si la negociación hecha hace un año violó las normas legales existentes. En lo que tiene que ver con la oferta publica de acciones, Betancourt sostuvo en una comunicación entregada el viernes pasado, que la resolución no se aplica a la operación realizada por Inmines, debido entre otras razones a que la iniciativa partió de las empresas vendedoras. Adicionalmente, dice que Inmines "no actuó como interpuesta persona de Holderbank, por cuanto esta sociedad no intervino en manera alguna en el proceso seguido para la venta de las acciones pvr parte de las entidades vendedoras, ni en la compra-venta, ni en la constitución de (Imines), ni en el pago de su capital, ni en su administración".

Estas explicaciones no le bastan a los parlamentos boyacenses que insisten en que en todo el asunto hay gato encerrado. Desde la rapidez de la negociación, hasta los vínculos que existen entre Inmines y Holderbank, pagando por el precio de venta, son cuestionados por los críticos de la operación. Aunque todavía falta esperar el fallo de la Comisión y en las acusaciones hechas con evidentes los intereses políticos, lo cierto es que en la venta de las acciones de Cementos Boyacá aún existen muchos interrogantes sin responder. -

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