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| 12/11/2010 12:00:00 AM

De remate

El gobierno nacional se va a convertir en una gran inmobiliaria, para vender por lo menos 2.000 bienes improductivos que tienen 131 entidades públicas.

En momentos en que el país enfrenta una dura crisis invernal, cualquier peso que se pueda conseguir se vuelve clave, porque las necesidades se disparan, tanto para atender a las víctimas como para reconstruir la infraestructura averiada.

Por eso la decisión del gobierno nacional de iniciar uno de los procesos de venta de bienes improductivos más grandes en la historia del país va a resultar muy útil. La ley del Presupuesto General de 2011 aprobada por el Congreso Nacional -pendiente de sanción presidencial- incluyó una norma que obliga a las 131 entidades del orden nacional a ceder y transferir sus carteras irrecuperables e inmuebles improductivos a la Central de Inversiones (Cisa), entidad encargada de vender los activos 'tóxicos' del Estado colombiano. Ese listado no incluye los bienes de entidades descentralizadas, municipios ni departamentos, solo las del gobierno nacional.

Según un inventario inicial, se trata de unos 2.000 bienes, entre los que se encuentran edificios, fincas, haciendas y hasta parques, y unos 270.000 millones de pesos en cartera de difícil recuperación. Se considera un bien improductivo aquel que no ayuda a cumplir las obligaciones de una institución y que se convierte en un lastre para el balance de las entidades públicas, pues no genera ingresos ni cumple una función, pero sí exige mantenimiento y pagar impuestos y servicios públicos.

De acuerdo con Javier Arias, presidente de Cisa, entidad encargada de realizar esta millonaria transacción, los 2.000 bienes inmuebles improductivos que se han podido identificar hasta el momento podrían tener un valor catastral de un billón de pesos; esto significa que el valor comercial podría ser dos o tres veces superior. Así que este proceso, en los próximos cuatro años, generaría unos ingresos cercanos a los cuatro billones de pesos, pues el inventario inicial apenas se ha hecho sobre 97 de las 131 entidades públicas.

¿Qué tan eficiente puede resultar esta política, más aún cuando el país está urgido de recursos frescos para fortalecer sus finanzas? El antecedente en Colombia es positivo. Cisa nació como un institución encargada de recuperar la cartera mala y vender los bienes que fueron dados en pago por los deudores de los bancos durante la crisis hipotecaria de finales del siglo pasado.

Entre 1998 y 2007, la Central recibió unos dos billones de pesos en este tipo de activos y logró recaudar cuatro billones de pesos al vender y gestionar la cartera en mora. Desde 2008 y hasta la fecha, cuando Cisa amplió su portafolio, ha logrado recaudar otros 322.000 millones de pesos, al vender desde edificios hasta cinco de las 12 clínicas del Seguro Social que fueron liquidadas por la crisis en el sistema de salud.

Colombia tiene actualmente un inventario de unos 150.000 inmuebles con un valor catastral de 20 billones de pesos, lo que demuestra que los activos del Estado colombiano ocupan un importante lugar en el balance oficial.

Sin embargo, la preocupación que queda es cómo se articula esto con una gran política de ajuste estatal. Pareciera simplemente una norma fiscalista que garantiza más ingresos al Estado que solo entran a engrosar el Presupuesto Nacional.

Entonces es válido preguntarse si esto realmente ayuda en la tarea de contar con un Estado más eficiente y moderno. Más que una venta de garaje, la norma debe servir para que las entidades sinceren sus balances y saquen lo que realmente no sirve. Solo así el país dejará de llenarse de elefantes blancos que no prestan ningún servicio.
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