Gobierno y sector privado enfrentados por el gas

La industria gasífera del país se encuentra en medio de una intensa polémica que podría marcar el futuro del sector energético en los próximos años. La discusión, sin embargo, no tiene que ver con la búsqueda de fórmulas para desarrollar más rápidamente los grandes hallazgos offshore (costa afuera) hechos recientemente por Ecopetrol en el mar Caribe; ni sobre el potencial de los yacimientos no convencionales, ni acerca de cómo pasar los sistemas de transporte masivo y grandes flotas a gas, ni de cómo aliviar la situación del suministro del gas natural vehicular (GNV).

La polémica, en cambio, se refiere a la conveniencia o no de construir una planta regasificadora en el Pacífico, que facilitaría importar gas licuado por un nuevo punto del país, pues a finales del año pasado se inauguró una en Cartagena.

Algunas estimaciones indican que este proyecto podría requerir inversiones del orden de los 700 millones de dólares, dado que incluiría un gasoducto entre la zona de Buenaventura y Yumbo para conectar la planta con el interior. El gobierno considera que el proyecto debería tener una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios y tendría que estar listo antes de 2021.

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Sin embargo, para los gremios del sector productivo el crecimiento de la demanda solo requeriría dicha planta a partir de 2025. “Nuestros análisis indican que esta planta sería utilizada durante sus primeros años (2021-2024) casi exclusivamente por las termoeléctricas del interior del país. Entonces, que la paguen estas que son las que se beneficiarán, tal como sucedió en Cartagena”, afirma Orlando Cabrales, presidente de Naturgás, gremio del sector de gas natural.

Al sector privado le preocupan también los costos. Tal como está planteada la Resolución 026 de la Creg, todos los colombianos pagarían el proyecto vía mayores tarifas, lo cual afectaría no solo la competitividad del gas natural, sino de todo el aparato productivo del país. María Luisa Chiappe, presidenta de Asoenergía, está de acuerdo con que es un proyecto prematuro, y rechaza enfáticamente que los industriales, comerciantes y usuarios residenciales terminen subsidiando al sector eléctrico. Además, afirma que los precios del transporte de gas en Colombia ya son más altos que en el resto de la región y que la planta los aumentaría en más de un 20 por ciento. Un golpe adicional a la competitividad del país.

Por su parte, el gobierno considera este un proyecto fundamental para garantizar el abastecimiento de gas natural y para prevenir situaciones como las generadas en el pasado por el fenómeno de El Niño, cuando Colombia estuvo cerca de un racionamiento. La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) argumenta que el país tendrá un déficit de gas natural hacia 2023 por la declinación de los campos maduros de la costa Caribe y los Llanos Orientales. Sostiene que adelantar el proyecto para 2021 tendría grandes beneficios en términos de confiabilidad para el suministro de gas.

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“Si tuviéramos una situación crítica, como un nuevo fenómeno de El Niño, sería deseable contar con más gas para atender la demanda eléctrica que hoy opera con líquidos (diésel)”, afirma Jorge Valencia, director de la Upme. Pero aclara que la obra tiene como propósito fundamental garantizar el abastecimiento de gas, a diferencia de la de Cartagena, diseñada para cubrir el sector eléctrico. Agrega que cuando una obra tiene esas características, todos deben pagarla y no un grupo específico. Y reconoce que si bien habría un incremento en el costo del transporte de gas, también bajaría en algunas zonas como el Valle del Cauca.

¿Apuesta equivocada?

Más allá de la discusión en torno a este proyecto, el debate también tiene que ver con la autosuficiencia del país en materia de gas. Para los productores de gas y consumidores de energía, en lugar de mirar cómo se importa más, el gobierno debería concentrarse en incorporar más reservas e impulsar la exploración y producción de gas natural local, que es más económico (pues no tiene los costos de la licuefacción) y genera mayores beneficios para el país. “Lo deseable es atender con gas nacional el déficit esperado a mediano y largo plazo, pues gana el consumidor con un combustible más competitivo y Colombia por regalías, impuestos, balanza comercial y desarrollo regional”, afirma Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

Según este gremio, la mitad de los cerca de 30 descubrimientos hechos en los últimos cinco años están en periodo exploratorio. Esto significa que tienen el potencial de encontrar recursos adicionales, en la medida en que continúen las inversiones que ello requiere. Esto sin contar los grandes hallazgos en el mar Caribe que podrían cambiar la historia del país en el mediano plazo. En todo caso, para que sigan las inversiones el Estado debe enviar señales adecuadas en materia regulatoria del transporte, de conexiones a gasoductos y de comercialización de gas, entre otras medidas.

Sin embargo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) señala que aunque han aparecido nuevas reservas, como las del departamento de Sucre (Canacol, Hocol y Pacific), no alcanzan a reemplazar la declinación de los campos antiguos. Y frente a la expectativa de grandes hallazgos costa afuera, en el mar Caribe, la comisión sostiene que se requerirá un tiempo muy largo de desarrollo para certificar dichas reservas y evaluar el costo de recuperación de ese gas.

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En el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, la Upme afirma que es poco probable que aparezcan hidrocarburos en el inmediato futuro. En estas circunstancias, la importación de gas natural se vislumbra como una de las soluciones viables para garantizar el abastecimiento. Si las decisiones se demoran, el país se puede ver abocado a un racionamiento prolongado de gas. Por esto, concluyen que debe disponer de una segunda entrada para importar gas natural.

Los gremios reclaman que el gobierno debería enfocar la misma previsión y diligencia en resolver los cuellos de botella para dinamizar la exploración y producción local, e insisten en que si el gobierno decide en construir la planta, lo haga en igualdad de condiciones.

Para el ministro de Minas, Germán Arce, la discusión es válida y está abierta. “Estoy de acuerdo en que quien la vaya a usar pague la planta, y los cálculos actuales de la Upme indican que hay un déficit en la demanda de gas natural en el futuro. Por tanto, necesitamos tener una fuente adicional, sin que estemos privilegiando lo importado”. Lo cierto es que, en este debate, el tiempo se encargará de mostrar quién tenía la razón.