DEFICIT EN LA CAMARA

"Aunque el verano llegó, parece que el invierno se quedó en la comisión tercera". Con esas palabras, calificó un desolado asistente la escena vivida la semana pasada en el Congreso de la República, cuando, por enésima vez en lo que va de la actual legislatura, el proyecto de financiamiento del déficit fiscal para los años 1985 y 1986, se empantanó debido a la aparente apatía de los miembros de la corporación. La repetida inasistencia de los parlamentarios de ambos partidos, echó por tierra las ilusiones de aquellos que creían que por fin se iba a iniciar la discusión en serio.
Paradójicamente, los hechos de comienzo de la semana dieron la impresión de que ya se había logrado algún tipo de principio de acuerdo político para proceder al debate. La invitación que hiciera el Presidente Betancur a un grupo de senadores y representantes de las diferentes colectividades, horas antes de partir para México, dio pie para especular sobre posibles acuerdos. Sin embargo, aparte del franco intercambio de opiniones, no se llegó a nada concreto, tal y como quedó en evidencia a partir del martes pasado. Durante casi tres días completos, los corredores del capitolio vieron pasar una y otra vez al ministro de Hacienda y a buena parte del equipo económico, buscando en las diferentes comisiones el quórum necesario para sacar adelante iniciativas tales como las adiciones presupuestales o la aprobación de facultades extraordinarias al ejecutivo, con el objeto de fijar los incrementos salariales del sector público. De hecho, la suerte no estuvo del lado de la administración. Cuando a mediados del jueves se logró reunir gente suficiente para debatir el proyecto de financiamiento, el mismo ministro Junguito tuvo que ir a conseguir las llaves del salón asignado, el cual misteriosamente apareció cerrado.
Como si lo anterior fuera poco, los tropiezos de la iniciativa fiscal no pararon allí, pues apenas iniciadas las intervenciones quedó en evidencia una honda división en el seno del liberalismo oficialista, que se fraccionó en tres bloques definidos. Si bien se decía que esas desavenencias deberían haber quedado solucionadas después de la Convención Nacional Liberal del viernes, lo visto dejó en claro que en lo que hace a acuerdos sobre el proyecto del déficit, nada es definitivo.
Por su parte, los miembros del Congreso se encargaron de culpar a la administración por lo sucedido. Según el senador William Jaramillo "después de las repetidas declaraciones del Presidente sobre la no necesidad de ir al Fondo Monetario, yo ya no veo la urgencia del proyecto". Comentarios similares fueron hechos por otros legisladores, quienes además alegaron que el jefe del Estado se había apersonado del caso en forma tardía, cuando ya era imposible sacar adelante la propuesta en las sesiones ordinarias.
Apartándose de quién tenga la razón en cuanto a la responsabilidad por la demora, lo cierto es que sin la colaboración de las cámaras, el gobierno puede verse impulsado a tomar medidas desesperadas, como la promulgación de una emergencia económica. De suceder, se anticipa que habría aumento de impuestos tanto directos como indirectos, modificaciones en ciertas partidas para el sector central y la autorización de cupos de emisión.
Con todo, miembros de la administración, dejaron en claro que esta medida sería adoptada sólo como último recurso. Aparte de su impopularidad, los decretos expedidos durante la emergencia pueden ser declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se crearían unos vacíos lamentables en la legislación. Además, un eventual enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo puede darle mala imagen internacional a Colombia, en momentos en que el país necesita mostrar solidez para recuperar la confianza en los mercados de divisas. La discusión de los proyectos en el Congreso, mal que bien ayudaría a corregir errores e ilustrar a la opinión pública sobre lo que se va a decidir.
El empantanamiento del proyecto fiscal ensombreció un poco los semblantes de los funcionarios colombianos que desde comienzos de esta semana se encuentran en Nueva York en una serie de "conversaciones informales" con los bancos privados. El énfasis que han puesto entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario en la solución de la coyuntura fiscal, le han otorgado al proyecto gubernamental carácter de prioritario dentro del programa de ajuste que adelanta el equipo económico.
Por lo pronto, varios de los especialistas que se desplazaron a los Estados Unidos, afirmaron antes de partir que la situación no adquiere todavía el carácter de desesperada y que incluso la posición negociadora de Colombia es mucho más fuerte de lo que se creía. "Lo que necesitamos -anotó uno de los miembros del equipo económico- es darle a los bancos una garantía de que el próximo año se va a realizar el ajuste fiscal". Supuestamente, los diferentes observadores que han venido, han recibido completas explicaciones sobre el manejo de la democracia colombiana y han entendido que el trámite de un proyecto por el Congreso es demorado. De manera complementaria se confía en el apoyo de las entidades rectoras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el cual envió la semana pasada a tres de sus especialistas a Bogotá para que revisen concienzudamente las cifras del sector público colombiano, con el objetivo de certificar la veracidad de los cálculos del gobierno sobre el déficit fiscal.
Con todo, en el momento de escribir esta nota no se conocía la actitud de los banqueros de Nueva York, quienes de tiempo atrás han mantenido su desconfianza hacia la renovación de préstamos al Tercer Mundo. En sus valijas, la delegación colombiana llevó una explicación detallada de lo que se desea hacer y de los resultados esperados, incluyendo una cuantía global de los préstamos que se necesitan en el futuro por parte de la banca privada. Sabidas son las presiones que de tiempo atrás se han recibido para que Colombia adopte un programa formal con el FMI, pero en últimas los miembros del equipo económico confiaban en que la seriedad de sus propuestas logre el reconocimiento y apoyo de los bancos privados.
A su vez, algunos optimistas confiaban la semana anterior que las presiones políticas ejercidas por el gobierno pudieran inducir al Congreso a aprobar en tres días el proyecto que no ha discutido en cuatro meses. Si bien la posibilidad existe, la disparidad de opiniones es tanta que es difícil vislumbrar un escenario en el cual se llegue a un consenso general. Las amenazas sobre la emergencia económica no "asustan" a muchos congresistas, quienes, por el contrario, prefieren esa alternativa, pues le harían cargar al gobierno con la responsabilidad total de medidas impopulares que lo debilitarían políticamente. A finales de la semana, algunas personas rumoraban que ya se están redactando los decretos que se promulgarían dentro de la emergencia. Un miembro de la administración reconoció que la medida se ha considerado, aunque añadió que "todavía confiamos en el apoyo del Congreso".