Del dicho al hecho

Dicen que los computadores son aquellas maravillosas máquinas que sirven para resolver problemas que antes no existían. Por lo menos eso deben sentir los importadores y exportadores colombianos que por estos días intentan adaptarse a los modernos procedimientos del estatuto aduanero que entró en vigencia hace mes y medio. Y es que la aplicación de esta nueva norma, cuyo objetivo principal es modernizar las aduanas del país, ha tenido muchos problemas —no sólo informáticos— y tiene descontento a más de uno.

En el mes de julio —cuando entró en vigencia el nuevo estatuto— muchos empresarios colombianos se vieron a gatas para cumplir con los tiempos de sus entregas. Los puertos y aeropuertos estuvieron prácticamente paralizados en medio de una gran confusión normativa. Afortunadamente la situación mejoró a medida que los funcionarios y empresarios involucrados empezaron a adaptarse a las nuevas normas. Sin embargo, la transición está lejos de completarse y aún hay problemas que continuarán entorpeciendo el comercio exterior por muchos meses.

El estatuto aduanero introdujo controles a las zonas aduaneras especiales y agrupó unas normas dispersas y contradictorias en un código más transparente y moderno. Estableció con claridad las responsabilidades de cada agente que participa en el proceso y las sanciones para quienes incumplan. Además buscó agilizar los trámites aduaneros mediante un sistema informático —llamado Siglo XXI— que permitiera a los usuarios realizar sus gestiones en forma expedita vía Internet.



¿Cuál Siglo XXI?

Todo esto, que suena muy bien en teoría, resultó caótico en la práctica. A pesar de las pruebas que se vienen haciendo desde hace un año, el sistema no ha funcionado. “Se diseñó para unos volúmenes de información mucho menores de los que efectivamente hubo. Se creyó que estábamos superdesarrollados en redes telefónicas”, afirma Leonardo Ronderos, de Fitac —el gremio que representa a sociedades de intermediación aduanera, depósitos y agencias de carga—. Y la verdad es que en el país muchas líneas no sobreviven ni siquiera a un buen aguacero.

De ahí que hoy el servicio en línea —que debió estar listo el mes pasado— funciona a medias, con frecuentes interrupciones y sólo en Bogotá. Lo preocupante es que el estatuto estaba diseñado en función del sistema, y la aplicación de muchas de las normas depende de éste. En otros puertos, donde el proceso de sistematización es incipiente, funciona un programa obsoleto que ocasiona inconsistencias y contradicciones a la hora de aplicar las nuevas reglas. Varios operadores del sistema coinciden en que como van las cosas, en estos lugares, los mayores beneficios del estatuto tardarán meses, o incluso años, en verse.

El atraso del sistema se ha debido en buena parte a que la Dian no ha escapado al recorte presupuestal del gobierno. De los 30.000 millones de pesos que se esperaba destinar al desarrollo de Siglo XXI, tan sólo se obtuvieron 5.000 millones. Ricardo Ramírez, director de Aduanas, afirma que “se está haciendo todo lo posible para conseguir los recursos necesarios. No se puede echar para atrás este esfuerzo que traerá grandes beneficios”.

El resultado práctico de todo esto es que los tiempos que tardan las mercancías en pasar por la Aduana no se han reducido como se esperaba. En algunos casos, como el de Buenaventura, han aumentado. “En el mejor de los casos estamos igual”, afirma Javier Díaz, presidente de Analdex. Y lo que más irrita a los empresarios es que se han incrementado los costos de transporte y nacionalización de los productos.

El alza de tarifas se debe a un aspecto muy controvertido del estatuto: las sanciones. Con frecuencia las declaraciones sobre los volúmenes y precios de mercancías a importar o a exportar no coinciden con las que físicamente salen o entran del país. En estos casos, con el nuevo estatuto, pueden ser sancionados los transportadores, los agentes o las sociedades de intermediación aduanera (sias). Esto tiene el objetivo de controlar el contrabando y fenómenos como la sobrefacturación y subfacturación de mercancías.

A los afectados les parece que a la Dian se le fue la mano. Argumentan que se están penalizando errores involuntarios y no hay suficientes posibilidades de rectificar. Más aún, basta con dos errores ‘inofensivos’ para que a un agente aduanero se le revoque la licencia. Ramírez replica que las sanciones no son exageradas si se comparan internacionalmente. Además, quienes hagan las cosas bien no tienen nada que temer porque no se pretende sancionar los errores involuntarios sino la mala fe.

Quienes más se han enfrentado a la nueva política de la Dian han sido las aerolíneas y las navieras, en su mayoría extranjeras. Contrario a la práctica internacional, en la que el transportador no está obligado a inspeccionar la carga, el estatuto colombiano intentó asignarles esta responsabilidad. Esto les causó gran malestar. Para curarse en salud, y también como forma de presionar, optaron por cobrar recargos adicionales. Así mismo, algunos dejaron de consolidar la carga. De esta manera obligaron a cada usuario a fletar un contenedor entero —así vaya lleno o sólo contenga una cajita—, lo que perjudica a los pequeños empresarios que manejan volúmenes bajos de carga.

La situación de los transportadores se solucionó en parte con la expedición de un decreto que suavizó las sanciones. Pero el malestar no ha cesado del todo, y los transportadores siguen cobrando los recargos. La controversia sigue, y se esperan nuevos ajustes a las normas.

En un mundo cada vez más competido las aduanas son determinantes para el éxito exportador. “Hoy en día uno compite por tiempo, afirma Díaz, de Analdex.Mientras en México o Costa Rica el paso de las materias primas por la Aduana puede durar entre cuatro y ocho horas, en Colombia puede durar 10 días”. Para los exportadores esto es crítico, y sobre todo para aquellos que procesan insumos importados. Por eso es tan importante contar con una Aduana competitiva, a tono con las tendencias internacionales.

Con el nuevo estatuto Colombia hizo un esfuerzo muy ambicioso en esa dirección. Quizás demasiado. El sector privado reconoce unánimemente que es un objetivo acertado. Pero los resultados prácticos contradicen los propósitos. La imprevisión, la falta de recursos y la costumbre de dejar todo para última hora son las principales explicaciones.

Los grandes cambios nunca se logran de la noche a la mañana. Por eso puede ser prematuro juzgar el estatuto. Pero entre el corto y el largo plazo está el día a día de los empresarios. Pasarán muchos meses antes de que se pruebe en la práctica qué tan traumáticas pueden ser las sanciones. Y muchos más antes de que se logre instalar un sistema de información adecuado sobre todo en las aduanas situadas en regiones con infraestructura deficiente. Mientras tanto los empresarios colombianos deberán conformarse con la viejas y conocidas aduanas del siglo pasado.