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| 7/19/2014 1:00:00 PM

“Detrás de la corrupción casi siempre hay una fundación”

El director saliente de la Dian, Juan Ricardo Ortega, batalló por combatir la evasión y frenar el contrabando. Se va pero deja el debate al rojo al proponer cárcel para los que omitan ingresos y amnistía para los que declaren bienes ocultos.

Cuando le faltaban 15 días para cumplir cuatro años al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega dejó la entidad para trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El funcionario prefirió la tranquilidad de Washington luego de montar uno de los potros más bravos de la administración pública y de enfrentar amenazas y fuertes polémicas por su persecución a los corruptos y contrabandistas.

Pero, como era habitual en su administración, se fue dejando encendido un nuevo debate porque dijo que en Colombia algún día se tendrá que castigar con cárcel la evasión de impuestos, al tiempo que propuso una amnistía para legalizar los bienes de los contribuyentes que no los han declarado.

Ortega, considerado uno de los mejores directores de la Dian de los últimos años, también fue cuestionado por la controvertida reforma tributaria que presentó en 2012, que a decir de varios expertos fue muy dura con los trabajadores y la clase media. En entrevista con SEMANA presenta un balance de su gestión y da la pauta sobre la tarea que debe continuar su sucesor.

SEMANA: ¿Se va frustrado por no resolver todos los problemas que encontró en la entidad?

JUAN RICARDO ORTEGA:
No, por el contrario, me voy muy agradecido y optimista porque se hizo un esfuerzo fenomenal y porque vienen muchas cosas en camino para mejorar el recaudo de impuestos.

SEMANA: ¿Cómo cuáles?

J. R. O.:
Estamos invitando cordialmente a que las personas que deben declarar renta en agosto próximo no sigan las recomendaciones de algunos asesores tributarios y contadores que les sugieren hacer pilatunas para pagar menos. La Dian va a realizar auditorías masivas. Comenzaremos con 50.000 visitas pero tenemos previstas cerca de 700.000 auditorías virtuales. Nadie va a quedar por fuera de las investigaciones. Para esa labor contamos con 10.000 funcionarios y vamos a contratar otros 1.000. Es ridículo y ofensivo que las personas naturales que tienen altos ingresos paguen tan poco –3 millones de pesos, en promedio– . Yo que soy un asalariado y no soy una persona rica pagué el año pasado 67 millones de pesos.

SEMANA: ¿La evasión sigue muy alta? ¿A cuánto asciende?

J. R. O.:
Se han hecho esfuerzos pero todavía la evasión sigue muy elevada. En IVA es del 35 por ciento y en renta cerca del 50 por ciento. Es decir que el fisco deja de recibir al año entre 35 y 40 billones de pesos. Para este año esperamos recaudar 112 billones de impuestos, una cifra que podría ser muy superior si la evasión no fuera tan alta. Si Colombia va a financiar el proceso de paz y mejorar su educación se necesitan más recursos. El recaudo del país asciende a 15 por ciento del PIB, muy por debajo de otras economías como la de Chile que tiene un Estado que funciona.

SEMANA: ¿Por eso propone cárcel a la evasión?

J. R. O.:
En Colombia penalizar la evasión en estos momentos es inviable. El tema provoca mucha paranoia y susto porque la gente se siente perseguida. Sin embargo, creo que debería darse el debate para que la penalización se aplique de forma gradual a algunos delitos.

SEMANA: ¿Cárcel para qué delitos?

J. R. O.:
Por ejemplo, se debería castigar con cárcel la omisión de ingresos cuando supere determinados montos. Es inconcebible que una persona que se roba 50.000 pesos vaya a la cárcel y a otra a la que se le ‘olvidó’ declarar más de 1.000 millones no le pase nada. Eso significa que dejó de pagar cerca de 340 millones de pesos en impuestos. Más adelante se podría pensar en introducir diversos tipos penales según los delitos contra el erario público.

SEMANA: La cárcel para los evasores es una propuesta que se ha llevado al Congreso en los últimos 20 años pero no ha salido adelante. ¿Por qué no ha prosperado?

J. R. O.:
Porque despierta mucho susto y porque casi todo el mundo evade de una u otra manera. Pero no todas las evasiones son iguales. Una cosa es castigar a un pequeño tendero que no declaró el IVA por la venta de un paquete de papas y otra muy distinta es el comerciante que no declara 5.000 millones de pesos y se roba esos recursos. Por eso, insisto en que se debería comenzar por penalizar la omisión de ingresos. En el país tenemos ventas por 386 billones gravadas con IVA pero muchas no se declaran. Esos son ingresos millonarios que están dejando de ingresar al Estado.

SEMANA: ¿Cuántos países castigan con cárcel la evasión?

J. R. O.:
Colombia es de los pocos países del mundo donde no está establecida esta sanción. En el planeta hay 180 países que tienen cárcel para evasores. En América Latina están México, Chile, Brasil, Argentina, entre otros. En China, por ejemplo, este delito es castigado con pena de muerte.

SEMANA: ¿Qué hizo durante su gestión y que más se debería hacer para que la gente pague los impuestos?

J. R. O.:
Se fortaleció la Dian, que era una entidad muy débil, y se está cambiando el marco legal. Estamos trabajando para cambiar la cultura del contribuyente que termina siendo educado por personas que le recomiendan hacer trampa. La Dian está realizando intercambio de información con diversas entidades para rastrear el patrimonio de las personas. Si encontramos patrimonios no declarados las sanciones pueden llegar hasta el 70 por ciento del valor del bien, que eso es casi una expropiación. Pero somos conscientes de que en un país con tantos problemas de seguridad como el nuestro hay personas que por una y otra razón no han declarado todos sus bienes. A ellos queremos darles una oportunidad para que se sinceren y le digan la verdad al fisco.

SEMANA: ¿Está hablando de una amnistía? Este es un tema polémico porque premia a los que no cumplen las normas…

J. R. O.
: Lo que planteo es que la gente pueda reportar estos activos y pague entre el 10 o 15 por ciento de su valor. Todos tenemos pecados por eso debemos sincerarnos. Mucha gente decente que por temas de seguridad no tiene todos sus activos reportados requerirá una amnistía bien hecha. En el pasado se trató de dar amnistías pero la Corte dijo que eso era inconstitucional. Por eso debemos analizar el tema con juristas de las más altas calidades.

SEMANA: ¿Por qué la Dian siempre persigue a los mismos y no le mete mano a otros sectores como entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y fundaciones?

J. R. O.:
Hay entidades que están en el régimen especial y que reciben millonarios recursos –alrededor de 45 billones de pesos–. Hay muchas instituciones que hacen una labor maravillosa pero también hay miles de fundaciones fraudulentas en departamentos como Casanare, Meta, Chocó, Cesar, Córdoba, entre otros. Busque casos de corrupción en estos departamentos y verá que detrás de ellos hay una fundación. Lo mismo sucede con algunas universidades que aparentan ser sin ánimo de lucro y son negocios fenomenales. Hoy se aprueba más fácil la creación de una fundación que la de un negocio de empanadas.

SEMANA: Usted se metió en la boca del lobo al tratar de desmantelar las mafias del contrabando. ¿No se va frustrado en este frente?

J. R. O.:
No porque se lograron investigaciones muy importantes. Gracias al excelente trabajo con la Fiscalía pronto se verán los resultados. Vienen más capturas y más gente será sancionada por pícara. En los próximos días se realizará un cierre enorme en Ipiales. En Cúcuta se han logrado avances gracias a la voluntad del presidente Nicolás Maduro.

SEMANA: ¿Y en La Guajira?

J. R. O.:
En La Guajira se requiere otro tipo de cirugías y de voluntad, que son superiores y que escapan a la acción de la Dian. Lo que sí puedo afirmar es que durante mi gestión el tablero de juego que estaba a favor de ciertos grupos se cambió. El país no puede permitir que ciertos grupos vuelvan a capturar la Dian.

SEMANA: ¿En qué va el tema de los paraísos fiscales?

J. R. O.
: Eso va bien. Tenemos acuerdos de intercambio de información con cerca de 70 países que en su gran mayoría entran a regir en octubre. Con Panamá esperamos avanzar en las conversaciones con el nuevo presidente que está muy comprometido en la lucha por fortalecer la institucionalidad de su país.
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