Dieta tributaria

La experiencia reciente de Colombia muestra que cada vez que un gobierno propone una reforma tributaria los dirigentes gremiales suelen apoyarla públicamente. Pero cuando empiezan a discutirse las medidas concretas que afectan a sus respectivos sectores muchos de ellos, como es lógico, empiezan a expresar sus reservas y, en ocasiones, su franca oposición.

Pero esta historia, que se ha repetido reforma tras reforma, parece estar cambiando con el proyecto tributario que el gobierno Uribe presentó a consideración del Congreso y que empezará a discutirse en forma esta semana. Al menos eso sugiere la posición que adoptó la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

Después de consultarlo con los 25 gremios agropecuarios que integran la organización el presidente de la SAC, Rafael Mejía, salió en defensa de la propuesta tributaria del gobierno aun cuando afecta directamente sus intereses, pues gravaría decenas de productos agropecuarios nuevos. En verdad no deja de llamar la atención que el gremio productor por excelencia de artículos de la canasta familiar se muestre de acuerdo con que le apliquen nuevos impuestos. ¿Acaso a los agricultores les agrada que los graven? La verdad es que no les debe gustar mucho. Su respaldo tiene otra explicación.

Impuesto escondido

Contrario a lo que muchos creen, bajo el esquema tributario actual todos los productos de la canasta familiar, sin excepción, ya están gravados: pagan IVA tanto en el supermercado como en la plaza de pueblo. Lo que ocurre es que el impuesto no se cobra directamente y por eso el comprador no lo ve en la factura pero lo está pagando de todas maneras, y casi siempre sin saberlo.

Un ejemplo lo explica mejor. En la actualidad un productor de arroz no cobra el IVA por el producto que vende, pues está excluido del tributo. No obstante, para producir cada kilo, el agricultor tiene que comprar una serie de insumos, como fertilizantes, empaques o transporte. Muchos de estos sí están gravados con el IVA. Y este impuesto de los insumos se incorpora al costo de producción y venta del producto.

En el ejemplo del arroz, según datos de la Dian y la SAC, el IVA de los insumos equivale al 1,6 por ciento del valor del producto final. Esto quiere decir que quien compra el cereal está pagando un tributo escondido de esa magnitud.

Pero no es el único caso. La situación es similar para 160 productos que en la actualidad se catalogan como excluidos del IVA. Estos no están verdaderamente exentos pues pagan el impuesto por la vía de los insumos y las materias primas. En unos casos el IVA escondido puede ser muy superior al 1,6 por ciento del arroz.

"Para el sector agropecuario se constituye en el peor escenario estar excluido del IVA en el producto final y gravado en el proceso de producción, en razón del mayor costo que representa, dice Rafael Mejía. A fin de lograr más equidad con los productores de otros países y proteger los bienes de la canasta familiar consideramos conveniente bien sea generalizar el IVA al conjunto de la cadena productiva con una tarifa diferencial o si no dejar exenta toda la cadena", añade.

El meollo

La propuesta de generalizar la aplicación del IVA está en el corazón del debate tributario actual. El primer argumento que esgrimen quienes la defienden es que el impacto sobre los precios no sería tan grande como parece. Cuando un bien queda gravado el productor, efectivamente, tiene que facturar el IVA al momento de vender, pero también puede pedir que le devuelvan los impuestos que pagó al adquirir los insumos. Así funciona el tributo.

Para el consumidor el efecto del IVA depende de las tarifas que tengan. Si los nuevos bienes se gravan con una tarifa del 5 por ciento a partir de 2003 y del 8 por ciento a partir de 2005, como propuso el gobierno, habría ciertamente un encarecimiento. Pero este sería menor a estos porcentajes porque los productores, al mismo tiempo que cobrarían el 5 por ciento, reducirían sus costos por la devolución del IVA de las materias primas. Así, un IVA del 5 por ciento para el arroz, por ejemplo, subiría su costo al consumidor en realidad sólo en 3,6 por ciento. Más aún, con el esquema propuesto cabe la posibilidad de que algunos bienes bajen de precio.

Es lo que pasaría, por ejemplo, con la carne, la papa, la leche, los huevos y el pan que están entre los productos que más pesan en el cálculo de la canasta. En la actualidad el costo de estos bienes incluye el IVA de los insumos. En la reforma presentada al Congreso, en cambio, quedaría exenta toda la cadena productiva. Para la carne porcina, por ejemplo, el costo de producción bajaría un 5,79 por ciento.

La gran pregunta es si los productores trasladarían el menor costo a los consumidores o simplemente aumentarían su margen. En todo caso no tendrían excusa para subir el precio.

El proyecto del gobierno apunta, entonces, a seleccionar unos pocos productos para dejarlos verdaderamente exentos (desgravar toda la cadena). Lo demás quedaría gravado. Permanecerían por fuera del tributo unos cuantos alimentos básicos y los arriendos de vivienda, los servicios públicos, la educación, la salud y los medicamentos, bienes y servicios que sumados dan cuenta de más de la mitad del gasto de los hogares, según las ponderaciones que calcula el Dane. Por eso la semana pasada el senador Víctor Renán Barco dijo que "impedir que se imponga IVA a la canasta familiar es demagogia, pues las cifras demuestran que el incremento del IVA sólo afectaría el índice de precios al consumidor en un 0,6 por ciento".

Los peros?

Estos argumentos, sin embargo, no terminan de despejar las dudas de los críticos de la reforma. Estos señalan que si el gobierno quiere reformar el IVA es porque necesita más plata. Y no hay que darle muchas vueltas al asunto para saber que, en total, saldrán más pesos del bolsillo de los contribuyentes por concepto de IVA, pues de lo contrario no harían la reforma. La mayor preocupación es por el efecto que tendrían los nuevos impuestos sobre las clases menos favorecidas. Es esto lo que ha llevado a muchos a oponerse a la propuesta de gravar más productos.

Pero dejar intacto el impuesto como está tiene un problema: como los ricos también comen carne, papa y demás, se benefician de la exención. Más aún, al consumir más, tienen un mayor beneficio. La Cepal ha calculado que del dinero total que el gobierno central deja de recaudar por los productos sin IVA el 28,7 por ciento beneficia al 10 por ciento más rico de la población, mientras que sólo el 3,5 por ciento beneficia al 10 por ciento más pobre. Esto no quiere decir que la ampliación del IVA no afecte a las clases populares. Simplemente que es imposible beneficiar a los pobres sin ayudar también a los más pudientes. El asunto entonces no es fácil.

En medio de las discusiones se han planteado otras opciones. Por ejemplo, la de gravar los productos que hoy están excluidos del IVA, pero con una tarifa más baja que la que propone el gobierno. "Se podría aplicar una tasa de 2 por ciento a la totalidad de bienes y servicios a partir de 2003 y subirla a 3 por ciento en 2005. Así se recaudaría más o menos lo mismo de una manera más transparente y con menor impacto sobre la canasta familiar", explica el representante Santiago Castro, quien presentó esta propuesta al gobierno la semana pasada.

La Cepal también había sugerido una fórmula similar. "Esto favorecería las cadenas productivas, facilitaría la administración del recaudo y ayudaría a combatir la evasión", afirma Juan Carlos Ramírez, director de la oficina de esta organización en Colombia.

El control de la evasión es, en efecto, una de las mayores ventajas que ofrecería el IVA generalizado. Esto es así por la forma como funciona el tributo: los productores deben facturarlo pero también descontar el impuesto pagado por las materias primas. Para obtener esta devolución necesariamente tienen que declarar, formalizarse y organizar su contabilidad. "Aumentaría muchísimo la cantidad de contribuyentes", dice Castro.

Las opciones

Esta semana arrancará en forma la discusión sobre la reforma tributaria y en la próxima seguramente empezará a votarse el articulado en las comisiones del Congreso. Hasta ahora el gobierno se ha mostrado receptivo a las opciones planteadas por los legisladores, que son muchas y muy diversas. Ahora, llegada la etapa de las decisiones, se sabrá qué forma toma el proyecto.

En el fondo hay dos posibilidades. O se hace una reforma como las anteriores, que se han diseñado para el corto plazo, o se hace una estructural, como lo han reclamado varios congresistas. En el pasado se han frustrado los intentos de ampliar la base del IVA y los gobiernos han optado por unas tasas progresivamente más altas sobre un número cada vez menor de productos. Esto ha introducido distorsiones e inequidades en las cadenas productivas a tal punto que hoy muchos productores piden ampliar la base para "distribuir de manera más equitativa la carga fiscal que hoy pesa sobre unos pocos", según dice Mejía, de la SAC.

Pero la fórmula de subir tasas parece que se ha agotado, pues éstas ya son muy altas en comparación con otros países. Son elevadas en vano pues el recaudo es relativamente bajo por la cantidad de exenciones y la evasión. El éxito del proyecto tributario que se tramita posiblemente se mida por los recursos que recaude. Pero tan importante como esto es la calidad de la reforma. En el corto plazo la estabilidad financiera del país depende de los recaudos fiscales. En el largo el crecimiento del país dependerá más de la simplicidad, equidad y transparencia del sistema tributario.