DIGNO DE COSTA-GAVRAS

El caso tiene todos los ingredientes de una película de Costa Gravras: un asesinato político y dos versiones encontradas. La una tendría comprometido a un grupo de extrema izquierda infiltrado en el establecimiento político como el responsable del secuestro y posterior asesinato.
Habría informantes, confesiones grabadas en video tape, organigramas del grupo político supuestamente culpable y de la célula que habría adelantado el operativo. Del otro lado está la versión según la cual todo se trataría de un inmenso montaje orquestado por el Ejército en el cual las confesiones habrían sido obtenidas bajo tortura, con el fin de ocultar motivaciones y responsabilidades de sectores de ultra-derecha. Y como si ésto fuera poco, quedaba indirectamente involucrado un movimiento de renovación encabezado por un carismático líder político.
Todo comenzó el miércoles 22 de diciembre, cuando los diarios matutinos de Bogotá transcribieron revelaciones de la Brigada de Institutos Militares (BIM), según las cuales el día anterior varios miembros de la Organización Revolucionaria Popular (ORP) habían sido detenidos por agentes de Inteligencia Militar como presuntos responsables del asesinato de Gloria Lara de Echeverri. Según declaraciones del general Hernando Sanmiguel, los detenidos habían "confesado totalmente" su "participación en el secuestro y posterior crimen". El miércoles 29, ocho días después la BIM entregó a la prensa nacional la grabación en video tape de dichas confesiones.
LA ORP
La pista de la ORP había surgido de la bandera que, con esta sigla, apareció sobre el cadáver de Gloria Lara. Inmediatamente se localizó un movirniento con este nombre que había surgido en 1972 como una derivación de la línea Sincelejo de la ANUC. Este habría dejado de existir en 1979 y la mayoría de sus miembros conformaron un nuevo movimiento denominado Democracia Popular. En las elecciones de 1982 éste último se dividió y algunos de sus integrantes apoyaron las listas de izquierda encabezadas por Carlos Bula, Socorro Ramírez y Abel Rodríguez. Dentro de ellos figuraba Hernando Franco, quien actualmente está sindicado de ser el autor intelectual del secuestro y asesinato de la Directora de Acción Comunal y quien se encuentra huyendo.
Otros miembros de la Democracia Popular habían adherido al Nuevo Liberalismo. Entre ellos, José Miguel Gamboa --parlamentario suplente por ese movimiento-- quien es identificado por las autoridades como la cabeza del operativo en Bogotá, y Emperatriz Santander, diputada a la Asamblea de Cundinamarca por el mismo movimiento y quien también está acusada de haber participado.
La versión de las autoridades es que la ORP tenía dos brazos, uno legal y otro clandestino y que ambos están implicados en el asunto. Además de Franco, Gamboa y Santander, están sindicados todos los miembros de la ORP en Bogotá y concretamente Juan Tadeo Espitia, acusado de ser el autor material del asesinato.
CONTRADICCIONES Y COINCIDENCIAS
En grabaciones reveladas a los medios de comunicación, la opinión pudo oír y ver las confesiones individuales de varios detenidos. En términos generales éstas coinciden en cuanto a la identificación de las personas que participaron en el secuestro y asesinato y en cuanto a la jerarquía de las mismas. Todos señalan a Hernando Franco como el autor intelectual y a Juan Tadeo Espitia como el hombre que disparó. Espitia relata en sus declaraciones cómo llevaron a Gloria Lara al barrio Ciudad Montes en un Renault 6 de color blanco y cómo al llegar allí él y ella se bajaron frente a una iglesia. Allí, el joven de 22 años habría descargado dos balazos en la nuca de la señora de Echeverri quien se encontraba de rodillas. Según el asesino confeso, sus últimas palabras fueron "Por favor no me mate."
Según versiones de prensa habría en las declaraciones algunas inconsistencias como el lugar exacto de la primera reunión y el número de los disparos (el cadáver presentaba solamente uno).
La mayoría de las confesiones parecieron convincentes a los periodistas que las oyeron completas. En TV, sin embargo, fue notorio el estado de fatiga y embotamiento de Espitia, lo cual dio lugar a diversas especulaciones.
EL GOBIERNO INTERVIENE
Cuando la opinión pública consideraba el caso prácticamente aclarado algo inesperado sucedió: Emperatriz Santander y Juan Tadeo Espitia se retractaron ante el juez, Luis Eduardo Mariño, alegando que las confesiones hechas en la BIM habían sido bajo tortura.
Esta versión fue sostenida por los sindicados y sus abogados. Sin embargo, desde el 23 de diciembre, tanto el ministro de Justicia como el Procurador, quienes habían sido alertados anteriormente sobre las implicaciones políticas del caso, habían tomado cartas en el asunto. Dos días antes, el propio comandante de la Brigada de Institutos Militares, general Díaz Sanmiguel, por solicitud del Procurador había acudido a su despacho para informarle acerca del estado de la investigación sobre el secuestro y asesinato de Gloria Lara. El día anterior Luis Carlos Galán había llamado por teléfono al Procurador, para expresarle su preocupación por la vinculación de algunos de los implicados a su movimiento, y le manifestó que su conocimiento de esos individuos se limitaba a la actividad política que siempre había sido correcta. En su reunión con el general Díaz Sanmiguel, el Procurador acordó enviar un agente especial del Ministerio Público, para que supervisara el proceso. En los días siguientes, agregó un visitador especial y posteriormente un investigador. De tal suerte que, al finalizar el año, tres funcionarios de la Procuraduría estaban trabajando de tiempo completo en el caso.
El ministro de Justicia, por su parte, había recibido también una llamada telefónica del senador Galán el 23 en la noche, en la cual el jefe del Nuevo Liberalismo le comunicó que había recibido una solicitud de Gamboa para entrevistarse con él, sobre la conveniencia de lo cual quería obtener el concepto del ministro. Este le sugirió que la entrevista podía tener lugar en su despacho a la mañana siguiente estando él presente. El 24 por la mañana, Galán y Gamboa se presentaron en el ministerio de Justicia. Durante la reunión, Gamboa expresó que en su opinión había sectores interesados en el fracaso de la amnistía y que como el M-19 y las FARC eran demasiado obvios, la vieja ORP había sido escogida como chivo expiatorio.
Con base en estos hechos, el ministro de Justicia llamó al Procurador, para solicitarle especial atención en todos los aspectos relacionados con el problema. Posteriormente, ante la ola de rumores sobre posibles torturas, y después de que Emperatriz Santander se había retractado de sus declaraciones ante los militares, el ministro llamó personalmente a la directora del Buen Pastor, en donde iba a ser recluida la acusada, para solicitarle que se le hiciera un chequeo médico completo antes de su ingreso a la cárcel. El informe médico reveló que la diputada no presentaba ninguna evidencia física de maltrato, pero que ella alegaba haber sido desnudada, amordazada, bañada en agua helada y amenazada con la aplicación de electrodos. Con respecto a los otros detenidos, el concepto de los médicos enviados por la Procuraduría es el de que no había lesión física alguna, con excepción de un detenido con señales de esposas en las muñecas.
En algunos sectores, particularmente de izquierda, cobraba fuerza la versión del montaje militar con torturas y confesiones extraídas por la fuerza. El argumento más invocado era el estado de Espitia Supelano en su confesión grabada. Voceros representativos como Eduardo Umaña Luna y Gerardo Molina firmaron una declaración en la cual piden al ministro de Justicia y al Procurador garantías procesales para los detenidos y demandan una explicación por la participación de las fuerzas militares en este proceso, cuando el Estado de Sitio ha sido levantado. Una solicitud de garantías en el mismo sentido fue formulada por Alfonso López Michelsen, en calidad de jefe del sector oficialista del partido liberal.
Por su parte, el principal acusado, Hernando Franco, profesor de la Universidad Nacional emitió desde la clandestinidad un comunicado de prensa alegando que "en la actual situación política nacional todo este aparatoso montaje no es más que un coletazo del militarismo reaccionario contra la amnistía, la tregua, la apertura democrática y la paz".
Algo que no se ha mencionado, pero que constituye lo más misterioso de este episodio es que es difícil explicar racionalmente el hecho de que el único grupo identificable como la ORP, hubiera sido tan ingenuo en dejar una bandera con esa sigla que inevitablemente llevaría a las autoridades hacia sus miembros, quienes no se hallaban en la clandestinidad .
Más difícil de entender sin embargo, sería la versión del montaje militar. En primer lugar, es difícil concebir cómo personas capturadas en diferentes momentos y que se mantuvieron incomunicadas, rindieron testimonios sorprendentemente similares.
SEMANA se enteró de que la razón por la cual las confesiones se obtuvieron en muy poco tiempo fue porque el Ejército tenía total conocimiento de los detalles del secuestro y asesinato, revelados por un informante, quien habría sido inmediatamente enviado al exterior. Acorralados ante el alud de información, cualquier defensa improvisada se desbarataba rápidamente.
En segundo lugar, a diferencia de todos los casos anteriores de supuestos montajes militares, en esta ocasión quien conoce del caso es un juez civil a quien le correspondió por reparto. SEMANA obtuvo información en el sentido de que el juez 47 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo Mariño, era considerado en el pasado como un crítico de los excesos de la justicia militar. En consecuencia, difícilmente podría deducirse una simpatía indebida y, mucho menos una complicidad de su parte con los militares para prefabricar evidencia.
Por último, ¿qué sentido tendría para las Fuerzas Militares que habían venido realizando un esfuerzo para cambiar la imagen que, justa o injustamente, habían heredado del Estatuto de Seguridad, asumir un riesgo de tal magnitud? Es bien sabido que gran parte de la inmensa popularidad del presidente se debe al contraste que ha logrado establecer en seis meses entre la función que las Fuerzas Militares desempeñaban en la administración Turbay y la que desempeñan en la actualidad.