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| 11/14/2009 12:00:00 AM

Dimensión desconocida

La economía colombiana se podría ver seriamente afectada en el largo plazo, si se permite una segunda reelección presidencial sucesiva, dicen los más reconocidos economistas del país.

Hay un amplio consenso entre los economistas del país acerca de los riesgos que correría Colombia si abre la posibilidad de que Álvaro Uribe permanezca en el poder cuatro años más, es decir, 12 consecutivos.

Reconocidos economistas como Sergio Clavijo, de Anif; Roberto Steiner, de Fedesarrollo; Alejandro Gaviria, de la Universidad de los Andes; Juan Carlos Echeverry, ex director del DNP; Salomón Kalmanovitz, ex codirector del Banco de la República, y los ex ministros de Hacienda Juan Camilo Restrepo, Rudolf Hommes y Guillermo Perry han fijado su posición frente al tema y en general coinciden en que permitir una segunda reelección sucesiva, sin una estructura de contrapesos de poder que se adecúe a esta eventualidad, sería a todas luces inconveniente para el desarrollo económico del país en el largo plazo.

Más allá de una crítica a la persona del presidente Álvaro Uribe, a quien muchos le reconocen el buen manejo que ha dado a la economía, la preocupación radica en lo que pasaría en el futuro con la credibilidad que Colombia ha ganado ante la comunidad internacional por su estabilidad económica y por las reglas claras en esta materia. Estos son algunos de los argumentos sobre los cuales los expertos económicos basan sus preocupaciones.

Reglas claras
Colombia ha hecho grandes esfuerzos por ganarse la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Hoy el país es visto internacionalmente como un destino confiable, estable y con reglas claras, lo que se ha traducido, en los últimos años, en enormes cifras de inversión extranjera directa. Además, a Colombia, por encima de muchos otros países de la región, se le ha reconocido por tener instituciones fuertes y con normas que generan confianza.

Sin embargo, esta percepción internacional puede variar con la segunda reelección. El hecho de que un Presidente pueda cambiar a su antojo la ley y la Constitución para quedarse en el poder es una pésima señal que se les envía a todos los inversionistas extranjeros de que no hay reglas de juego estables y que las normas económicas pueden depender del arbitrio del político de turno.

Para los expertos, esto es una peligrosa muestra de debilidad institucional y, como dice el Premio Nobel de Economía Douglas North, la calidad de las instituciones es fundamental para el desarrollo económico de cualquier país.

Unas buenas instituciones garantizan los derechos de propiedad de los inversionistas, protegen y aseguran el cumplimiento de los contratos, les dan credibilidad y legitimidad a las políticas económicas y públicas. Como quien dice, sin reglas del juego claras el sistema capitalista y la economía de mercado no funcionan o lo hacen muy mal.

El ex ministro de Hacienda y actual investigador de Fedesarrollo Guillermo Perry, en un documento que acaba de publicar, afirma que una segunda reforma a la Constitución colombiana orientada simplemente a permitir otra reelección del actual mandatario, sin ajustar el sistema de contrapesos de poder, vulnera la legitimidad misma de la Constitución y envía señales muy peligrosas para el desarrollo económico en el sentido de que un "líder providencial importa más que la perdurabilidad y la credibilidad de las instituciones constitucionales".

Concentración del poder
Uno de los efectos más preocupantes de una segunda reelección presidencial es la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo, algo que la Asamblea Constituyente de 1991 procuró evitar.

Con 12 años de período presidencial, las normas existentes para nombrar y elegir las autoridades de control, del Banco de la República, de las Comisiones Autónomas de Regulación y del propio poder judicial, perderían efectividad para garantizar autonomía e independencia frente al poder Ejecutivo.

Los órganos de control y las altas cortes (Corte Constitucional, Sala Disciplinaria del Consejo Superior, Fiscal General, Procurador, Defensor del Pueblo, Contralor General y Consejo Nacional Electoral) vienen siendo nominados por el primer mandatario, lo que menoscaba la separación de poderes y la independencia de las instituciones. Esto es grave porque se podría perder eficacia en el control sobre el manejo de los recursos fiscales o en las actuaciones de los funcionarios.

También se podría afectar la credibilidad y la efectividad de la política monetaria y de la regulación de los servicios públicos, pues el Presidente podría también terminar 'poniendo' a todos los miembros en entidades como el Banco de la República y la Comisión de Regulación de Energía Gas (Creg).

Aunque hay consenso entre los economistas en que la actual junta directiva del Banco de la República ha actuado con total independencia, pese a que actualmente el 80 por ciento de sus miembros ha sido designado por el presidente Uribe, no es bueno que se presente esta circunstancia. Sergio Clavijo afirma que la necesidad de mantener un cuerpo técnico e independiente del Ejecutivo ha quedado algo desvirtuada por la reelección inmediata aprobada a partir de 2006. Esto es otra mala señal que se envía a los inversionistas extranjeros, que son extremadamente celosos de la independencia de la autoridad monetaria.

Todo a segundo plano
Otra inquietud tiene que ver con el costo que se deriva de que los esfuerzos del gobierno se desvíen hacia la promoción de la reelección del mandatario de turno, como lo demuestra la parálisis actual de la agenda legislativa en materia económica y social frente a importantes necesidades de reforma estructural en varias áreas.

Perry afirma que también hay un costo alto asociado con el hecho de que un Presidente reelegido mantenga políticas sectoriales que han probado ser inapropiadas bajo su mandato previo y que requieren virajes sustanciales.

Durante este gobierno, esta preocupación ha sido evidente en los dos casos en que la reelección ha aparecido en escena. Al inicio de la primera administración de Uribe se tramitaron y aprobaron importantes reformas económicas y sociales en materias tributaria, pensional y laboral.

Pero, como dice Perry, este ímpetu reformista se frenó considerablemente durante el período de discusión de la reforma constitucional que permitió la primera reelección. "No solamente hubo menos iniciativas importantes por parte del Ejecutivo, sino que la polarización política alrededor del tema de la reelección impidió el avance de la agenda legislativa".

Para el período Uribe II la agenda ha sido aún más que pobre. Se aprobó el acto legislativo sobre transferencia a las regiones y un proyecto de reforma tributaria estructural en el año 2006, pero éste fue muy diferente al objetivo que se proponía.

En el curso del último año, la agenda legislativa en materias económica y social ha sido especialmente pobre, al limitarse a la aprobación de reformas al Código de minas y una reforma financiera muy modesta, que había sido presentada dos años atrás. Actualmente, el proyecto de ajustes tributario no ha tenido discusión por el ambiente enrarecido que ha prevalecido en el Congreso durante el trámite del referendo reeleccionista.

En síntesis, los economistas piensan que abrir la posibilidad de que el país tenga 12 años de período presidencial sin haber hecho los cambios necesarios que equilibren las cargas de poder es abrir una caja de Pandora.

El asunto debe llamar a la reflexión. Durante la administración del presidente Uribe, Colombia vivió el período de expansión económica más importante de los últimos 35 años. Entre 2003 y 2007 la economía creció, en promedio, cerca del 6 por ciento. Aunque esto se debió, en parte, al auge de la economía mundial, no se pueden desconocer los factores internos que influyeron positivamente en este buen desempeño. Sería importante no arriesgar lo que el país ha ganado en tantos años, no sea que el gobierno termine, como dice el refrán popular, borrando con el codo lo que hizo con la mano.
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