Dinero difícil

La semana pasada estuvo muy agitada para dos de los más importantes superintendentes del país. La causa: la polémica por las comisiones que cobra el sector financiero al comercio por el uso del dinero plástico, un asunto que cada vez se enreda más y no parece tener una salida fácil.

El superintendente de Industria, Jairo Rubio, sancionó a cuatro bancos porque no quisieron entregarle información adicional; y el Financiero, César Prado, tuvo que sentar una posición frente al tema, a pesar de que se había mantenido al margen del asunto.

Pero más allá del zafarrancho jurídico sobre a quién le compete vigilar el tema de las tarjetas de crédito, todo este lío se explica porque ese mercado vale mínimo 450.000 millones de pesos al año, un dinero que terminan pagando todos los usuarios. En la Superintendencia de Industria existe el convencimiento de que esa cifra está inflada y los sobrecostos los pagan los consumidores. Los bancos creen que el negocio está bien regulado, por la competencia, y por eso critican que el superintendente Rubio insista en el tema.

El nuevo capítulo de esta historia quedó abierto el lunes pasado, cuando Rubio anunció una multa por 207 millones de pesos para Davivienda, Bancolombia, Bbva y Santander, entidades que se negaron a entregarle información adicional que él requirió. Los cuatro bancos respondieron con una recusación contra Rubio por unas declaraciones que él dio a la prensa.

Por su parte, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) le notificó al superintendente Rubio que los bancos habían decidido que ellos mismos iban a empezar a calcular la tarifa de las comisiones de las tarjetas de crédito, tarea que hasta el momento llevaban a cabo Redebán y Credibanco, las firmas que la Superindustria venía vigilando. Así, el balón pasó al terreno del superintendente financiero, quien dijo que si los bancos van a calcular la tarifa, este tema quedaría en su jurisdicción. El superintendente de Industria, por su parte, anunció que insistirá en hacer cumplir los compromisos que adquirieron Credibanco, Redebán y los bancos. La pelea va para largo.

¿Por qué la Superindustria?

La Superintendencia de Industria entró a jugar en este tema, que aparentemente es del resorte de la Superfinanciera, por cuenta de una investigación que lanzó hace un par de años para determinar si había acuerdo de precios entre Redebán y Credibanco a la hora de fijar las comisiones que le cobran al comercio por el uso del dinero plástico.

Estas dos compañías pertenecen a la mayoría de los bancos y por eso, en una de las etapas del proceso, Rubio logró que los bancos aparecieran como avalistas de los compromisos de las redes: el principal de ellos, bajar las tarifas por el uso de las tarjetas.

A regañadientes, tanto los bancos como Credibanco y Redebán, empezaron a cumplir los compromisos y se empezó a sentir una reducción en los costos de las comisiones.

Pero luego de la ruptura de la semana pasada, el tema de fondo volvió a quedar en evidencia. ¿Los colombianos venían pagando de más por usar sus tarjetas de crédito y débito? Para la Superintendencia de Industria la respuesta es clara: los cobros injustificados en las comisiones habían llegado hasta el 70 por ciento en algunos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se recibieron 100 pesos por cuenta de los cobros por usar tarjetas de crédito, 70 eran sobrecostos para los usuarios porque no estaban relacionados con ese servicio.

El superintendente financiero, César Prado, aseguró que es difícil precisar si hay sobrecostos, porque en los balances bancarios las cifras están agregadas y no se definen de manera específica. Y todo parece indicar que este es uno de los secretos mejor guardados en el sector financiero. El asunto es tan complicado aparentemente, que un experto apenas atina a decir cuánto ingresa a los balances de la banca por comisiones de tarjetas de crédito, pero cuando alguien pregunta por los ingresos de tarjetas débito o por cualquier otro rubro, nadie da información.

De hecho, si un usuario común y corriente no tiene ni idea por qué por un retiro de un cajero le cobran 3.000 ó 3.500 pesos, mucho menos va a saber por qué terminó pagando la comisión de uso de un datáfono en un establecimiento de comercio.

Si bien es cierto que las comisiones han venido bajando, también lo es que se han reducido en buena medida por cuenta de la presión de la Superintendencia de Industria. Aunque los bancos ahora publican trimestralmente el valor de la comisión, aún nadie conoce el porqué de esa tarifa. Pero los banqueros consideran completamente ilógica esa exigencia, pues es como pedirle al dueño de un supermercado que explique rubro por rubro lo que justifica el precio de cada uno de los productos que vende.

No obstante, esa comparación no aplica necesariamente, ya que la Superintendencia de Industria duda que haya libre competencia para fijar las comisiones; justamente eso era lo que estaba investigando al principio de todo este proceso.

La pelea está casada. De hecho, dentro de los banqueros hay división por la manera como cuatro de ellos resolvieron el conflicto, pues otros bancos han seguido respondiendo a los requerimientos del superintendente Rubio. Pero en el fondo la polémica no es sobre quién debe vigilar este asunto. Bien sea la Superindustria o la Superfinanciera, debe haber claridad sobre si los usuarios están pagando lo que no les corresponde. Un tema de altos intereses.