DOS POR FALTA DE UNO

Esta vez el turno le tocó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Trabajo. En confirmación del "ambiente" de reforma que ha existido en el país durante los últimos meses, los colombianos vieron cómo la semana pasada, los ministerios citados presentaron sendos proyectos sobre dos de los temas que se han convertido en el quebradero de cabeza de los especialistas: la cuestión energética y el tema laboral. Casi al mismo tiempo en que se presentaba en el Congreso la ponencia sobre el proyecto de reforma tributaria que -en opinión de los observadores- debe quedar aprobado a mediados del próximo mes, los parlamentarios recibieron material de estudio adicional cuya aprobación -según el gobierno- es definitiva dentro de los planes de la presente administración.

LLEGA LA LUZ
Aparentemente, el proyecto presentado por el ministro de Minas, Guillermo Perry, podría pasarse por alto. En sus 17 artículos, el titular de la cartera propone la creación de la Comisión Nacional de Energía, un ente que, a primera vista, podría mirarse como otro organismo oficial más. Sin embargo, todo parece indicar que en esta oportunidad la cosa sí va en serio. De aprobarse el proyecto, la Comisión quedaría al mando en la coordinación y toma de decisiones sobre cualquier aspecto energético o minero en el país. Temas tan amplios como la construcción de nuevas hidroeléctricas. Hasta el escogimiento de la tasa de máxima eficiencia de los pozos petroleros, pasando por las exportaciones de carbón, quedarían en manos de los siete miembros de la Comisión, presididos por el ministro de Minas.
Semejante cambio contrasta con lo que sucede en la actualidad, en que una serie de entidades se mueven como ruedas sueltas dentro del Estado. Sin duda alguna, la transformación más radical se daría en el sector eléctrico, donde la presencia a un mismo tiempo de entidades del orden municipal, departamental, regional y nacional con intereses diferentes, ha llevado a errores de manejo continuos. Como es sabido, en los planes de expansión de la capacidad eléctrica del país han primado más los criterios locales que, en muchos casos, las recomendaciones del mismo gobierno. Como consecuencia, el sector tiene una capacidad sobrante de energía, una onerosa deuda externa (calculada en más de 3.500 millones de dólares) y tarifas que se encuentran entre las más altas del mundo. Pero el hueco no para ahí. Sólo en el tema de la deuda, se estima que será necesario contratar entre mil y 1.500 millones de dólares adicionales para que se tenga la financiación adecuada de los proyectos ya en ejecución.
De aprobarse la creación de la Comisión, se cree que se podrá velar por los intereses nacionales en mejor forma. Aunque la idea iría aparentemente en contravía con la iniciativa de descentralizar la toma de decisiones los expertos sostienen que en campos como el eléctrico se requiere de una política centralizada.
Una opinión similar se tiene en relación con el tema minero. Aunque en la practica el ministro de Minas tiene el poder de decisión a través de las juntas directivas de Ecopetrol y Carbocol, se dice que estas no son el mejor escenario para poner sobre el tapete temas que en ocasiones constituyen más una política de gobierno que una de empresa. Peor aun, es usual que de cuando en cuando se le meta un gol al gobierno, pues este no dispone de la información ni de los recursos técnicos para pronunciarse con propiedad sobre diversos aspectos.
Esas anomalías también serían corregidas con la Comisión Nacional de Energía, pues esta contaría con un cuerpo asesor permanente. La idea global es hacer algo muy similar a la Junta Monetaria y el gobierno confia en si su iniciativa sale adelante, pueda contar con un instrumento eficaz para desenredar la maraña que hoy existe.
Aunque obviamente existen dudas serias sobre la posibilidad de que el proyecto pase básicamente por cuestión de tiempo, los interesados consideran que la creación de la Comisión de Energía se tendrá tarde o temprano. Como es de suponer el gestor de la idea es el propio Perry quien, según los críticos de la administración, está respondiendo a las expectativas que se tenían sobre él cuando fue nombrado. Escudado en su naturaleza técnica, Perry ha logrado en pocos meses poner el dedo en la llaga al señalar e intentar corregir problemas que se creían insolubles. Con la presentación del proyecto de ley, se verá si en último término el titular de la cartera de Minas resulta tan buen político como técnico y si los hilos del samperismo (grupo político al que pertenece) logran mover el Congreso en la dirección adecuada.
Por su parte, la reforma laboral tiene también muchas implicaciones. Después del publicitado lanzamiento del " Plan de choque contra el desempleo", buena parte de los anuncios que hiciera el ministro de Trabajo, José Name Terán, quedaron consignados en forma más discreta en los 19 artículos que se le entregaron a la Comisión VII del Senado. Básicamente la propuesta remueve varias "espinitas" que desde hacía varios años habían irritado el clima laboral del país. La primera, obedece a las demandas de los empresarios en el sentido de corregir la doble retroactividad de las cesantías. De quedar aprobado el proyecto, un trabajador que retire su censantía pierde cualquier posibilidad de reajuste de la misma .

UNAS POR OTRAS
Otro punto es el de ampliar el plazo del "matrimonio" trabajador-empresa de 10 a 15 años. El artículo propuesto busca acabar con la inestabilidad que existe hoy en día, en que es común que a la gente se le despida poco antes de cumplir la década de servicios. A cambio se amplía el plazo en cinco años y al mismo tiempo se le facilita al trabajador tener derecho a la pensión de jubilación.
Igualmente se facilitan los trámites y requisitos para la conformación de sindicatos, con la idea de rescatar la organización de los trabajadores entre sí. Las cifras muestran que en los últimos años, el nivel de sindicalización en Colombia ha disminuido dramáticamente.
Sin embargo, el punto fuerte de la reforma se encuentra en su última parte. Según los articulos propuestos, una empresa con 20 o más empleados en su nómina, a 30 de septiembre de este año, estaría obligada a enganchar a un empleado nuevo por cada 20 que tenga, dentro de los 2 meses siguientes a la vigencia de la ley. Si no lo hace puede eximirse del requisito aportando el 3% de su nómina a un Fondo Social del Trabajo, una entidad nueva encargada de fomentar el empleo. Como queda claro, la iniciativa es similar a la del aporte del 3% que se propuso hace un par de meses, aunque tiene su parte de maquillaje. El plan de choque queda reducido a lo que realice el Fondo del Trabajo cuya supervisión estará a cargo del Sena. Aunque en esta oportunidad no se habla de los millones de pesos que alguna vez mencionó Name, las fuentes de recursos son las mismas: o el 3% de las nóminas, o multas, o aportes del presupuesto, u operaciones de crédito tanto interno como externo, lo cual deja campo para los dineros del Banco Mundial y, si se quiere, los bonos de empleo.
El concepto de empleo obligatorio o multa despertó enormes resistencias. "Parece más bien una propuesta belisarista que la que se podría esperar de un administrador como Barco", comentó a SEMANA un empresario crítico haciendo referencia a lo que denominó "creación de corbatas improductivas".
Sin embargo, los otros artículos, como la forma discreta en que se presentó el proyecto al Congreso fueron elogiados por los observadores. "Es una propuesta muy interesante que acoge inquietudes ya expuestas" fue la opinión de José Antonio Ocampo, director ejecutivo de Fedesarrollo y miembro de la Misión de Empleo. En opinión de Ocampo, los cambios propuestos a la legislación laboral actual son los indicados y en lo que tiene que ver con el plan contra el desempleo hay también elementos nuevos. No obstante, en este último punto queda flotando la duda sobre la efectividad de la norma que le obliga a las empresas a crear empleos en proporcion a su nómina. Tal como lo señaló Ocampo, el efecto de la medida se va a ver diluido por varios factores, como el hecho de que la mayor parte del empleo en Colombia lo generan empresas de menos de 20 trabajadores. Aun en los casos en que la iniciativa se aplique, se corre el peligro de que las empresas decidan enganchar definitivamente personal temporal que ya estén utilizando, con lo cual el efecto sobre la cantidad de empleo sería nulo, así la calidad del mismo mejore. Otro especialista señaló con escepticismo que una medida similar fue adoptada hace unos años en Venezuela sin llegar a tener exito.
En cualquier caso, el proyecto de ley demuestra que la preocupación del gobierno con el tema del desempleo no se quedó en la pura retórica. Aunque la reactivación económica ya empezó a tener incidencia sobre las cifras de septiembre cuando el desempleo regresó a los niveles de 1984, lo cierto es que el problema aún es muy grande.
Ese tema deberá ser estudiado también por el Congreso en los próximos días. La agenda no es fácil. Entre las iniciativas que tiene a la mano, el Parlamento tiene la reforma tributaria, la urbana, la agraria, la laboral, la de inversión extranjera en el sector financiero y la energética, para sólo nombrar algunas. La congestión es tanta, que aun los más optimistas reconocen que habrá suerte si pasa la mitad. La decisión sobre las que se quedan tendrá que ser hecha pronto por el gobierno quien, presionado por las circunstancias, deberá resignarse ante el hecho innegable de que algo es mejor que nada.