Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/03/17 00:00

El ABC de las transferencias

El gran reto del Congreso que comienza esta semana es aprobar la reforma a la ley de transferencias, una iniciativa crucial para la salud de las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, empezó su gestión en reuniones con inversionistas en Nueva York. Uno de los temas recurrentes en la agenda fue el de la reforma a las transferencias, por el impacto en el futuro de las finanzas públicas

Hablar del tema despierta aburrimiento en unos y animadversión en otros. En parte porque tiene fama de ser uno de esos ladrillos macroeconómicos que sólo entienden unos pocos. Pero lo cierto es que el proyecto de reforma a las transferencias territoriales que deberá aprobar la legislatura que empieza esta semana es uno de los de mayor importancia y trascendencia en los últimos años en Colombia. Lo que está en juego es la salud fiscal del país y el logro de las metas sociales. En castellano, eso significa que hay dos cosas que corren grave peligro: las finanzas de la Nación y los multimillonarios recursos que ésta les gira a los municipios y a los departamentos para la educación y la salud.

La cosa es tan urgente, que en el Congreso de la República ningún otro proyecto de ley genera tanto interés. No en vano se trata del tema que más preocupa a los mercados financieros internacionales y a las calificadoras de riesgo, que en su reciente visita a Colombia dejaron claro que mientras no se apruebe el proyecto de reforma a las transferencias, no habrá calificación de grado de inversión para el país. Así también se lo han hecho saber al presidente Uribe organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, cuyo Consejo Ejecutivo le recomendó en noviembre pasado sacar adelante esa iniciativa antes de que la situación se torne inviable y sea demasiado tarde.

Las transferencias son los recursos que la Nación les gira a las entidades territoriales. Una parte de ese cheque va para los departamentos, y otra para los municipios. La idea en ambos casos es que se gasten ese dinero en educación, salud y saneamiento ambiental. Así lo estableció la Constitución de 1991 dentro del esquema de descentralización, para darles mayor autonomía fiscal a las regiones. La idea era que esos recursos crecieran proporcionalmente a los ingresos corrientes de la Nación, es decir, la plata que recibe el Estado por concepto de tributos. Por eso se estableció un porcentaje de transferencias del 46,5 por ciento a los entes territoriales.

Como en muchos matrimonios, las cosas funcionaron bien hasta el día que hubo platica. Cuando la economía entró en crisis a finales de los 90, los ingresos tributarios de la Nación cayeron y las finanzas públicas se vinieron al piso. Esa caída de los ingresos tuvo como consecuencia un salto del déficit fiscal del sector público consolidado, que ascendió a 5,5 por ciento del PIB. La única forma de parar esa quiebra era recortando los gastos. Y el más grande de todos eran los recursos que se destinaban a las regiones. Así que en 2001 se hizo una reforma a las transferencias, mientras pasaba el chaparrón. Este consistía en que entre 2002 y 2008, éstas ya no serían un porcentaje de los ingresos de la Nación, sino que se calcularían según la inflación anual más dos puntos en los primeros cuatro años, y 2,5 en los tres restantes. También se estableció una bonificación para las regiones en el caso de que a la economía le fuera muy bien y creciera más del 4 por ciento: por cada punto adicional a esa tasa de crecimiento nacional, un punto más de transferencias regionales.

Esa ley transitoria fue esencial para el saneamiento de las finanzas públicas. Y además demostró una cosa muy importante: que a veces con menos plata se hace más. Durante este último período se logró más en cobertura de educación, salud y cubrimiento básico, que lo alcanzado en todo el período anterior. Incluso antes de la crisis de 1999, cuando la economía estaba boyante, buena parte de los recursos se fue a cubrir nóminas superfluas.

El acuerdo temporal que se logró en 2001 está a punto de terminar. Y el gobierno no quiere que se vuelva a ese esquema, entre otras cosas, porque puede perjudicar las finanzas de la Nación. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, el costo para el gobierno central sería equivalente a 2 puntos del PIB por año, un lujo que el país no puede darse. Por eso ha pasado un proyecto de ley para reformar las transferencias. La idea es que crezcan entre el año 2008 y el 2009 en inflación más 4 puntos; en el año 2010, en inflación más tres puntos y medio, y entre 2011 y 2016, en inflación más 3 puntos.

No es un asunto de poca monta. Se trata de 49,8 millones de pesos que dejarían de recibir directamente las regiones en el período comprendido entre 2008 y 2016: 18,9 billones de pesos los departamentos y 30,9 billones los municipios. El quid del asunto es que si esa plata no se la gastan ellos, se la gasta el gobierno nacional. Por eso los dirigentes de las regiones dicen que es un retroceso en el camino de la descentralización, un pilar de la Constitución de 1991.

De ahí que la pelea sobre las transferencias no sea sobre el monto de recursos destinados a educación y salud, sino quién distribuirá esos millonarios cheques: ¿la Nación o las entidades territoriales? En el fondo, se trata decidir entre dos modelos de Estado.

El presidente Álvaro Uribe quiere tener mayor control en la asignación de esos recursos. De hecho, ha prometido que si le aprueban la reforma, que ya lleva cuatro de ocho debates, cumplirá con su promesa de campaña de lograr el cubrimiento universal en educación básica y salud para los estratos 1 y 2, en el año 2010. Tanto así, que su Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, radicado en la Cámara de Representantes, depende de la aprobación de reforma a las transferencias. De ahí saldría la mayoría de recursos que se necesitan para completar los 59 billones de pesos que cuesta financiar la cobertura universal en salud y educación.

Lo preocupante es que si no pasa la reforma de transferencias, no hay un plan B para financiar el Plan de Desarrollo en salud y educación. Y la cosa no se ve nada fácil, pues los congresistas no van a dejar que se les quite ni un peso a sus regiones. El Partido Liberal y el Polo Democrático piensan en convocar un referendo para que todo el pueblo colombiano se pronuncie sobre la distribución de los recursos de la Nación. Para ello han iniciado una campaña de recolección de dos millones de firmas que respalden el proyecto de referendo que sería presentado al Congreso en defensa de la descentralización.

Pocas veces, como en este caso, los argumentos sólidos y contundentes de parte y parte hacen difícil la decisión de tomar partido. Quienes defienden la reforma aseguran que las transferencias a las regiones van a crecer siempre por encima del costo de vida y del crecimiento de la población, que está aumentando a una tasa promedio de 1,03 por ciento cada año. Sostienen, además, que es fundamental para la salud de las finanzas públicas, sobre las cuales están los ojos de los mercados internacionales puestos.

Los contradictores, por su parte, no entienden por qué las transferencias son la única fuente de gasto a la que el gobierno central le está echando el guante. Dicen que también hay otros rubros, como el servicio de la deuda o el gasto militar, que igualmente le deberían preocupar, por el impacto que tienen sobre las finanzas públicas.

Lo curioso es que este debate ya se dio en las sesiones del Congreso del año pasado. El gobierno tuvo que ceder en sus pretensiones de hacer una reforma más drástica y permanente y, en cambio, aceptar que fuera transitoria hasta 2016. Ese fue el proyecto que se aprobó en primera vuelta en diciembre y que tiene de momento tranquilos a los mercados financieros internacionales. Por eso preocupa que hasta integrantes de la bancada uribista estén hablando de meterle nuevamente la mano. Lo único claro de todo es que la estabilidad fiscal, como el logro de las metas sociales, está amenazada.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.