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EL AGUJERO NEGRO

LA COMISION DEL GASTO VUELVE A PONER EL DEDO EN UNA LLAGA A LA QUE POCOS LE VEN ALIVIO: LAS DIFICULTADES FINANCIERAS DEL ISS PARA RESPONDER A SUS OBLIGACIONES PENSIONALES.

13 de mayo de 1996

Es tal la velocidad a la que están corriendo los acontecimientos en Colombia, que a muchos se les habían olvidado las advertencias que le hizo al gobierno la Comisión de Racionalización del Gasto Público hace tan sólo tres semanas. Sin embargo, como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, la semana pasada el tema sevolvió a calentar y las voces de alerta de la Comisión sobre la necesidad de atajar el gasto se escucharon de nuevo en el Congreso de la República. También habló el Ministro de Hacienda sobre la vigencia de introducir cambios drásticos, así impliquen reformas constitucionales, para resolver el problema fiscal que cada día adquiere tintes más oscuros.El tema de las transferencias a las regiones fue el que más prensa mojó. Sin embargo fue sólo uno sobre los cuales llamó la atención la Comisión del Gasto, y no necesariamente el más grave _ver recuadro_. Entre sus preocupaciones hubo una especialmente candente: la seguridad social. Lo curioso de ésta es que la luz de alerta ya se había prendido, hace poco más de un año, cuando en un documento titulado 'El futuro de la reforma pensional', Fedesarrollo advirtió sobre la inminencia de pararle bolas a un problema que podría volverse inmanejable: que quizá en unos pocos años el ISS no tendría recursos para cumplir con el pago de las pensiones de sus afiliados. En ese momento el gobierno cuestionó el informe, e incluso el ministro de Hacienda, Guillermo Perry Rubio, aseguró que no era necesario hacerle nuevas reformas al régimen de seguridad social, pues la Ley 100 era un avance fundamental con respecto a lo que había antes. Y además, en su concepto, el proceso de transición contribuiría a resolver el problema pensional y disminuiría el déficit de caja. Ahora la Comisión vuelve a poner el dedo en la llaga e incluso llega más lejos: dice que el de la seguridad social será el desequilibrio fiscal más grave que tendrá que enfrentar el gobierno en el futuro. Pero lo más complicado es que sus advertencias no se quedan ahí, pues en los próximos días sus miembros se reunirán para discutir el tema y plantearle al gobierno algunas directrices y recomendaciones, que curiosamente irán en la misma línea de las dictadas por Fedesarrollo: la necesidad de analizar la inconveniencia de dejar la edad de jubilación tal y como está; la prioridad de incluir a otros sectores dentro del nuevo régimen pensional lo que implicaría acabar con muchos privilegios que aún se mantienen y las consecuencias negativas de haber dejado un período de transición tan amplio entre el régimen anterior y el actual . Según le dijo a SEMANA un conocedor del tema, "lo que ocurre es que hay una serie de cosas fundamentales que se debieron modificar en su momento, pero que se dejaron como estaban porque la pelea se perdió en el Congreso. Eso quiere decir que perdimos una oportunidad histórica de hacer bien las cosas". Así, lo que todo el mundo pide es que la historia de hace un año no se repita y que, esta vez, el gobierno sí considere la urgencia de reformar las cosas.
La encrucijada
Pero en medio de tanto debate, la pregunta que surge es: ¿cuál es en sí el problema de la seguridad social? La respuesta tiene tantas aristas como opiniones de expertos que la ven desde una perspectiva distinta. Sin embargo, lo cierto es que casi todos atinan a mirarla con base en lo que ocurre con el Instituto de Seguros Sociales. En síntesis, se trata de la triste historia de una entidad que verá crecer considerablemente sus gastos, por concepto de reconocimiento de pensiones y de bonos pensionales, mientras sus ingresos por cotizaciones y reservas caerán con el paso del tiempo _ver cuadro_. Eso quiere decir que, como expresó Fedesarrollo hace un año, desde 1996 habrá un déficit de caja, que será equivalente al 0,6 por ciento del PIB en el año 2000 y se elevará al 1,8 por ciento en el año 2021. Eso convierte al problema de la seguridad social en un tema preocupante.
Según dijo a SEMANA el presidente de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones _Asofondos_, Jorge Humberto Botero, la razón por la cual el problema de la seguridad social ocasionará un desequilibrio fiscal inmanejable es que "durante casi 30 años ha funcionado un sistema de seguridad social, el del ISS y las cajas de previsión, en el que las tasas de cotización son inferiores al valor de las prestaciones prometidas. De esta manera se ha acumulado un déficit significativo que fatalmente habrá que pagar. Los privilegios excesivos concedidos a generaciones pasadas tendrán que ser sufragados por los trabajadores de hoy y de años futuros". El vicepresidente financiero del ISS, Javier Guzmán, está de acuerdo con que se trata de un tema delicado, pues "uno no puede tapar el sol con las manos". Sin embargo, asegura que "tampoco se le puede echar toda el agua sucia al Seguro Social. Lo que ocurre es que hubo una inexplicable falta de acción sobre puntos neurálgicos en la aprobación de la Ley 100".
Más allá de la diferencia en las apreciaciones, lo cierto es que los superávits de la entidad oficial, que hoy son del 1,1 por ciento del PIB, podrán desaparecer por cuenta de las obligaciones pensionales que dejó la Ley 100, según un artículo publicado en la revista Estrategia Económica y Financiera por el miembro de la Comisión del Gasto Sergio Clavijo. Eso con el agravante de que parte del superávit se debe a que el programa del Fondo de Solidaridad y Garantía _por medio del cual los trabajadores con más de cuatro salarios mínimos deben girar un punto de su cotización para financiar las pensiones de los más pobres_ aún no ha arrancado. Otra forma de ver el problema son las reservas del ISS, que según Clavijo son de 1.500 millones de dólares _2,5 por ciento del PIB_, aunque de acuerdo con el vicepresidente financiero de la entidad llegan a 2.500 millones de dólares. La duda de los analistas es si éstas alcanzarán para cubrir las obligaciones pensionales. La Comisión del Gasto considera que hay un alto riesgo de que no sea así a partir del año 2005. Eso siempre y cuando no haya una desbandada de trabajadores del ISS hacia los fondos privados de pensiones, pues de ser así, la situación se tornaría aún más crítica. Y si se tiene en cuenta que la realidad muestra que en dos años de funcionamiento los fondos han conquistado 1,8 millones de trabajadores, que es cerca del 30 por ciento de la afiliación alcanzada por el ISS en sus 30 años de vida, el panorama que se avecina es difícil. Así, tal como dice Jorge Humberto Botero, "el lapso de incubación de la crisis puede ser inferior al pronosticado por la Comisión".
El problema de las reservas tiene un agravante, y es que actualmente están destinadas a financiar gasto público corriente. De esta manera el gobierno tendrá que enfrentarse con un profundo hueco cuando ellas tengan que devolverse para atender el pago de las pensiones, pues no será fácil encontrarle un reemplazo a esa plata. Y es que el hueco del ISS parece ser pequeño frente al que tendrá que afrontar el gobierno como tal, y eso se nota en el hecho de que las transferencias por concepto de seguridad social han aumentado del 1,38 por ciento del PIB en 1990 al 2,5 por ciento en 1996. Además, de acuerdo con el vicepresidente financiero del ISS, "aunque en la entidad hay un problema por el lado de pensiones, hay que tener en cuenta que salud genera excedentes y la administración de riesgos profesionales es un excelente negocio, de manera que la situación se puede manejar. Eso sin contar que vamos a buscar que aumente el ritmo de afiliaciones al Seguro".
Más allá de que el ISS logre demostrar a sus críticos que sí es financieramente viable, lo cierto es que ya hace más de dos años _cuando se aprobó la Ley 100 de 1993 se advirtieron, tanto el problema de la entidad oficial como el del hueco fiscal que generaría la reforma a la seguridad social. Y sin embargo aún no se ha hecho nada. Lo único que todos quieren, y en especial la Comisión de Racionalización del Gasto cuando dé a conocer sus recomendaciones, es que en un futuro no haya que decirle al gobierno que se le advirtió la cercanía del peligro pero que él prefirió no enfrentarse al profundo agujero negro, y una vez esté adentro, será más difícil encontrar la salida sin generar traumatismos.

UN HUECO FISCAL ASEGURADO
La Comisión de Racionalización del Gasto Público no deja lugar a dudas: el deterioro de las finanzas públicas sigue avanzando a pasos agigantados y nadie hace nada para atajarlo. Según cálculos de la Comisión, el gasto del gobierno; central se expandió en cerca de 6 puntos del Producto Interno Bruto =PIB=entre 1990 y 1995. Lo grave es que, con esa tendencia, las proyecciones oficiales de alcanzar en el presente año un déficit fiscal total equivalente a 1,6 por ciento del PIB antes de privatizacionesa ya no serán alcanzables: la Comisión estima que ese déficit puede ascender fácilmente a más de 2,6 puntos del PIB.
La Comisión ha identificado como críticos tres renglones del gasto: el de las transferencias, el de la justicia y el de seguridad y defensa. Si bien en estos tres frentes el gasto viene creciendo mas rápido que el PIB, no todos ofrecen el mismo margen de maniobra para hacer recortes. La crisis por la que atraviesa el país con sus componentes de narcotráfico, corrupción y guerrilla parece dejar en claro que el ajuste fiscal no se puede hacer a costa del gasto en justicia, seguridad o defensa.
De esta forma, los principales esfuerzos para reducir el gasto público se deben concentrar en el rubro de transferencias, que incluye tanto aquellas destinadas a las entidades territoriales como las relacionadas con la atención de la seguridad social. En cuanto a las primeras, la Comisión ha dejado muy en claro que no está en contra del proceso de descentralización. Se trata más bien de trabajar en dos frentes: una mejor definición de las responsabilidades entre el gobierno central y los entes territoriales, consistente con la nueva distribución de los recursos; y una reforma legal que elimine la vinculación directa que hoy existe entre las transferencias y los ingresos corrientes de la Nación. En cuanto a las transferencias relacionadas con la seguridad social, el debate está planteado una vez más.