EL BANQUETE DEL BILLON

ES EL SEGUNDO CAPITULO DE UNA HISTOria con comienzo feliz. AL cabo de años de tropiezos, de lustros de desilusiones, de décadas de desidia, por fin el país parece haber encontrado una fórmula para garantizarle una vivienda a buena parte de los colombianos más pobres. Por lo menos eso es lo que piensa el gobierno actual, que la semana pasada decidió comprometerse con las cifras más ambiciosas que haya adoptado administración alguna en materia de vivienda urbana. En números concretos se aspira llegar a un millón 123.000 familias -uno de cada cinco hogares urbanos en Colombia- con recursos que ascienden a 2.5 billones de pesos.
Y no solo eso. Dentro de las metas también está la de adjudicar 500.000 subsidios de vivienda y conseguir que en total, a lo largo del cuatrienio, se edifiquen 606.000 soluciones de vivienda social urbana.
Semejante cifra es ambiciosa, particularmente a la luz de la historia del país en ese campo. Los analistas aún recuerdan el esfuerzo de la administración Betancur, que hace apenas 10 años estaba empeñada en alcanzar la meta de construir 100.000 viviendas 'sin cuota inicial', en cumplimiento de la promesa hecha durante la campaña electoral de 1982. Ahora el objetivo es seis veces más amplio y se quiere concentrar en la población más pobre, calificada como aquella que tiene ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales (198.000 pesos).
Sin embargo, la verdad es que los tiempos han cambiado. Y el gran vuelco se inició en esta década cuando se abandonó el esquema de siempre, según el cual el Estado era el encargado de construir las viviendas para los estratos más bajos, a través del desaparecido Instituto de Crédito Territorial.(ICT). Era la historia de las casas insuficientes, caras, mal construidas y del dinero que nunca se recuperaba. Esa situación cambió de plano en 1991 con la creación del Inurbe y el ensayo de una nueva política consistete en la entrega de subsidios directos a las familias que aspiraban a comprar una vivienda, para que éstas escogieran en el mercado. La decisión fue acompañada de medidas que estimularon la entrada de los constructores privados y la participación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda en la financiación de la porción del costo de la casa que no estaba cubierta por el subsidio.
El experimento produjo resultados que superaron ampliamente las expectativas. Se estima que al finalizar 1994 se habrán construido ya 308.000 soluciones de vivienda social urbana, de las cuales unas dos terceras partes se pagaron parcialmente con subsidios. Un mercado que antes estaba cerrado para el sector privado, cuenta hoy con la participación de 500 firmas constructoras que operan en 270 municipios y en 30 departamentos. Los ejemplos admirables abundan, pero quizás el más llamativo es el de la "Ciudadela Desepaz" de Cali, que comprende la edificación de 22.500 viviendas que deben estar listas antes de finalizar 1995. El costo por unidad, estimado en 6.5 millones de pesos, se distribuye en 500.000 pesos aportados por cada familia, 1.3 millones entregados por el Inurbe mediante un subsidio y 4.7 millones financiados por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
Ahora, se trata de repetir casos como ese en una escala más amplia. De los 2.5 billones que cuesta el programa, un billón deberá ser 'donado' por la Nación (que aporta un 61 por ciento), los municipios (28 por ciento), la Caja de Vivienda Militar (14 por ciento), las Cajas de Compensación (11 por ciento) y los demás Fondos de Solidaridad Social, con el 12 por ciento restante. El billón 500.000 millones de pesos adicionales será prestado por el Fondo Nacional de Ahorro y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
No obstante, hay que tener claro que buena parte de esos recursos no se van a concentrar en vivienda nueva. El gobierno se ha propuesto atacar también el déficit cualitativo de vivienda, destinando para tal fin cerca de 260.000 millones de pesos. La idea es mejorar la calidad de vida en los barrios subnormales, a través de obras de infraestructura en vías, agua potable y alcantarillado.
Semejantes objetivos requieren un esfuerzo institucional inmenso. A pesar del éxito del esquema de los subsidios, todavía hay 14 meses de demora entre el momento de la adjudicación y la entrega del dinero a la gente. Además, hay problemas de corrupción que aunque parecen menores, obligan a redoblar los controles, sobre todo si se tiene en cuenta que se van a multiplicar los recursos.
Por otra parte, se quiere cortar por lo sano la carga que dejó el antiguo ICT. Según Planeación Nacional, tres cuartas partes de los funcionarios del Inurbe dedican parte o todo su tiempo a atender problemas del liquidado Inscredial. Por ello el Ministro de Desarrollo aspira presentar al Congreso esta semana un proyecto de ley, según el cual se crearía una unidad administrativa especial que dependería del Ministerio y se encargaría de manejar el tema ICT, con lo cual el Inurbe se podría concentrar plenamente en el desarrollo de su gestión.
Quizás la mayor incógnita del programa descansa en la actitud de los municipios, cuyo concurso es fundamental para que éste salga adelante. La experiencia reciente indica que la calidad de las diferentes administraciones es muy desigual y que mientras hay alcaldes comprometidos con la idea, otros no hacen los esfuerzos que se les piden, particularmente a la hora de aportar recursos.
Todos estos temas deberán ser objeto de un monitoreo continuo, si se quiere asegurar la consecución de las metas. El gobierno afirma saber qué terreno está pisando. "Conocemos dónde están los riesgos", le dijo el Mindesarrollo Rodrigo Marín Bernal a SEMANA.
Más vale que así sea. Porque el logro de los objetivos contribuiría a disminuir en un 41 por ciento el déficit de vivienda acumulado, según las estimaciones de Planeación. Además, la mayor actividad esperada en este campo es una buena noticia para la industria de la construcción que todavía disfruta de uno de los ciclos ascendentes más largos en la historia reciente del país.
De manera que sólo resta esperar que a partir del próximo primero de enero se hayan puesto en marcha todos los mecanismos para asegurar que dentro de cuatro años, un millón de familias colombianas hayan visto por fin la mano del Estado y puedan contar, como experiencia propia, que ésta la vieron cuando -valga la redundancia- les dio una mano en la construcción de su casa.-