El buen manejo

InvertirIa usted su dinero con tranquilidad en Ecomoda, la empresa de Betty la Fea?”, pregunta Augusto Acosta, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Es decir, ¿quién invertiría en una empresa que, como la de la telenovela, maquilla balances, crea firmas fantasma para huir de los acreedores, importa insumos de contrabando y sus funcionarios aceptan sobornos?

El ejemplo de Acosta puede ser un poco exagerado. Pero no está demasiado lejos de lo que ocurre en la realidad con muchas empresas en el país. Por lo menos en lo que tiene que ver con la falta de unas reglas y procedimientos claros que permitan a los accionistas especialmente los minoritarios, a los acreedores y proveedores y a los mismos empleados saber a qué atenerse a la hora de hacer valer sus derechos.

Pero esto ya está empezando a cambiar. En las últimas semanas muchas compañías —sobre todo entidades financieras— han anunciado al público con bombo y platillos la adopción de códigos de buen gobierno corporativo, que buscan fortalecer la confianza del público en el correcto manejo por parte de sus directivos. Lo han hecho, entre otras, Bancoldex, Colpatria, Bancolombia, AVViillas, el Banco Ganadero (Bbva) y muchas más empresas —también del sector real— lo harán en los próximos meses.

Es el famoso corporate governance, o buen gobierno corporativo, un asunto muy en boga entre los empresarios por estos días. Se trata de un conjunto de prácticas gerenciales orientadas a asegurar la transparencia en el manejo de las compañías y a garantizar la independencia, la capacidad y la responsabilidad de los directivos.

El destape

La razón por la cual los códigos de buen gobierno están de moda es una nueva norma que expidió en mayo pasado el superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada. Con el objetivo de proteger los recursos de quienes cotizan en los fondos privados de pensiones la Superintendencia les puso condiciones a las empresas que aspiren a recibir inversiones por parte de éstos. A partir del 24 de agosto toda compañía que aspire a captar recursos del público —mediante nuevas emisiones de acciones, bonos o incluso CDT— deberá haber adoptado un código de buen gobierno si quiere que los fondos de pensiones le compren.

La resolución de la Supervalores define cómo deben ser estos códigos, que en el fondo buscan que haya un destape por parte de las empresas. Así, éstas se obligan a entregar al público interesado información exacta y veraz sobre su situación financiera y sus proyecciones. Aunque es algo que suena obvio, no lo es tanto pues con frecuencia los accionistas minoritarios, acreedores y otros interesados no tienen suficientes herramientas para enterarse de cuál es la verdadera situación de las empresas en las que han invertido.

Por eso la nueva norma fortalece los derechos de los inversionistas y accionistas minoritarios. Les permite, por ejemplo, contratar auditorías externas para evaluar el estado de la firma.

Más allá de la información financiera los códigos buscan que las empresas digan públicamente cuáles son sus criterios para seleccionar, evaluar y remunerar a los directivos y gerentes, y para elegir a los proveedores. También que se hagan públicos los eventuales conflictos de intereses que puedan existir. Si un gerente tiene intereses en una firma proveedora, por ejemplo, se debe informar a los inversionistas y se deben prever mecanismos para garantizar la imparcialidad en las decisiones.

La Supervalores se abstuvo de enunciar los criterios concretos que debe seguir cada empresa en todos estos campos pues la situación es diferente en cada caso. Simplemente obligó a las firmas a definir sus políticas, hacerlas explícitas y cumplirlas. “En el fondo se busca que las empresas compitan por la confianza de los inversionistas y de la comunidad en general”, afirma el superintendente Taboada.

La zanahoria

Las prácticas de buen gobierno tienen un costo para los empresarios. Ponerse en una vitrina para ser examinados por la comunidad financiera y casarse con unos criterios fijos para tomar decisiones clave —como la selección del personal o de los proveedores— de alguna manera les resta poder a los propietarios sobre sus compañías.

Este inconveniente, sin embargo, se compensa por otro lado. “Son tres las ventajas más importantes para que las empresas cumplan con las prácticas de buen gobierno: el aumento de la credibilidad, las facilidades para acceder a nuevos capitales y, además, contar con un número superior de inversionistas con una óptica de largo plazo”, afirma Jaime Eduardo Santos, vicepresidente de Multibanca Colpatria S.A.

Las compañías se están dando cuenta de que si salen al mercado público de valores pueden obtener financiamiento en mejores condiciones de las que obtendrían al acudir a un banco. De hecho, en agosto pasado un número importante de empresas emitieron bonos de deuda justo antes de que empezaran a regir las nuevas normas de la Superintendencia. Primigas, por ejemplo, se endeudó por 100.000 millones de pesos a un plazo de 10 años con una tasa de inflación más 7 y medio puntos. Unas condiciones que envidiaría cualquier empresario que dependa del crédito bancario, a quien no le prestan a más de tres años ni a unas tasas tan bajas.

En el último mes las emisiones de deuda han estado paradas mientras las compañías se ponen a tono con las prácticas de buen gobierno, pero se espera que se reanuden en los próximos meses. Los empresarios pondrán en un lado de la balanza la incomodidad de ‘amarrarse’ con los códigos y en el otro las ventajas de obtener un financiamiento más barato en unas condiciones más flexibles. La esperanza de la Superintendencia es que sean cada vez más los que se decidan por la segunda opción.

De otro lado, los inversionistas jugarán un papel cada vez más activo en el tema. “A la hora de tomar una decisión de inversión la buena gestión societaria es tan o más importante que el desempeño financiero de una compañía”, explica Mauricio Camargo, socio de la consultora McKinsey. Los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales —como aseguradoras o fiduciarias— disponen de enormes cantidades de dinero para invertir y harán mayores exigencias de transparencia a las empresas receptoras de sus recursos.

“Con el tiempo los accionistas controlantes comprenderán que estas medidas no sólo defienden al inversionista minoritario sino que son benéficas para ellos mismos, afirma Luis Fernando Alarcón, presidente de Asofondos. Los resultados financieros de las empresas que toman sus decisiones con criterios de imparcialidad, con el único objetivo de aumentar el valor de la compañía, son mucho mejores”, añade.

Lo que sigue

La resolución de la Supervalores tomó por sorpresa a muchos propietarios de empresas en el país, acostumbrados a ejercer su soberana voluntad sobre las compañías que con mucho esfuerzo han construido durante años. Algunos han tomado las nuevas medidas con algo de escepticismo, como una moda importada de los países desarrollados. O como un simple requisito formal que hay que cumplir para complacer a las autoridades.

El asunto, sin embargo, va mucho más allá. Aunque en Colombia recién se está hablando del tema lo cierto es que el corporate governance es una tendencia que ocupa un lugar preponderante en la agenda de los sectores privado y público a nivel internacional.

El tema cobró más importancia después de la crisis asiática de 1997. La razón es que cuando los expertos investigaron cuál era el factor común en los países donde la crisis pegó con más fuerza descubrieron que, más allá de los déficits fiscales y las tasas de cambio, la raíz estaba en la ausencia de unas prácticas sólidas de gobierno societario. En lo que llaman “capitalismo amiguista” (crony capitalism).

Aunque el contexto es distinto hay más de una similitud con lo que ha ocurrido en Colombia. “El valor que se ha destruido en las compañías del país por las decisiones caprichosas o arbitrarias de gerentes no muy idóneos es inconmensurable”, opina Alarcón, de Asofondos

La resolución de la Supervalores ha puesto el gobierno corporativo sobre la mesa. Pero es apenas el comienzo. El ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, tiene previsto sacar adelante la ley del mercado de capitales para poner la regulación colombiana a tono con las tendencias mundiales. En ella habrá nuevas disposiciones sobre el tema. De otro lado Confecámaras y la revista Dinero, junto con otras entidades, trabajan en una declaración de principios de gobierno corporativo, que se espera sea una pauta a seguir para las empresas interesadas en el asunto.

De manera que el país está dando los primeros pasos en el camino de cambiar la forma como se gobiernan las empresas. Es un proceso que promete ser largo pues, más allá de lo que se escriba en los códigos, debe existir la voluntad de transformar las costumbres empresariales. Si el asunto es difícil para el sector privado lo será aún más para las empresas públicas, que en muchos casos han sido manejadas al antojo de los políticos, con criterios no propiamente técnicos. Pero para allá va el mundo y Colombia no se puede quedar atrás.