EL CRISTO DE ESPALDAS

Muchos conocían su existencia, algunos rezaban por su desaparición y otros luchaban por su supervivencia. Casi todos hablaban del "banco de los curas", y los fieles acudían al Fondo Pastoral. Pero su verdadero nombre era el de la Caja Vocacional, una fundación que hace un año se convirtió en un dolor de cabeza para la Iglesia Católica, y en un insólito caso jurídico, económico, financiero y moral, protagonizado por monseñor Abraham Gaitán Mahecha.
Una jueza, la 26 de Instrucción Criminal, dictó la semana pasada auto de detención contra el sacerdote, medida que además cobijó a dos ex gerentes de la institución canónica, Ernesto Cantini Valbuena e Ignacio Aguilar Zuluaga, por el presunto delito de "captación de dineros delpúblico en forma masiva y habitual sin previa autorización de la autoridad competente".
SEMANA tuvo acceso a las actas de la junta directiva de la fundación y reconstruyó los hechos cruciales que enmarcaron las actividades de la Caja desde su origen hasta su desaparición. En ellas consta lo siguiente:
El 11 de marzo de 1986 llegaron a las oficinas de la Caja seis visitadores de la Superintendencia Bancaria, para verificar denuncias sobre captación ilegal de ahorro del público. Fueron recibidos por el director de la entidad, monseñor Abraham Gaitán Mahecha, quien rechazó el control porque según él, "el Estado no podia intervenir en los asuntos de la Iglesia, estando de por medio el Concordato y los principios del derecho canónico". El prelado ordenó que salieran de su oficina y no les permitió el teléfono afirmando que "... no presto el cañón a mis enemigos". Los frustrados inspectores rindieron un informe que decia: "La entrevista con monseñor Abraham Gaitán Mahecha se tornó en todo momento tensa y tirante con las continuas "pullas" e indirectas dirigidas a la Superbancaria, gobernada por el galanismo como asi lo dijo". No aceptó la carta que ordenaba la visita especial, firmada por la superintendente segunda delegada, alegando que "la doctora Martha Sofía no va a saber más que un Gaitán Mahecha". Finalmente manifestó que "sólo con una orden papal permitiría la inspección de la Superintendencia Bancaria".
Ese fue el comienzo de un largo enfrentamiento jurídico entre la Caja Vocacional y las autoridades, que aún subsiste. Pero fue también la recta final del colapso de la Caja y de la Corporación de Ahorro y Vivienda Fundavi, que se presintió desde diciembre de 1985, aunque sus administradores no lo quisieran aceptar.
La Caja Vocacional fue creada en Tunja el 17 de octubre de 1957, entre otros por el padre Gaitán Mahecha Ernesto Cantini Valbuena, Jorge Gutiérrez Anzola, Alvaro Copete Lizarralde y Emiliano Ardila Torres. Después de alguna transición y pequeñas labores, arrancó en grande en 1962, precisamente cuando enfrentó sus primeros inconvenientes al anunciar el cardenal Luis Concha Córdoba una visita. Como no había contabilidad en ese momento, el director de la Caja advirtió que "canónicamente sólo tiene injerencia en los asuntos internos de la institución el señor obispo de Tunja, ya que a los demás prelados de la Nación no les compete ningún derecho, puesto que los aportes de algunos de ellos han sido confiados a la entidad, como depósitos en custodia y no como contribuciones que los constituyan accionistas de la Caja". (Acta número 2, 29 de agosto de 1962).
En 29 años de historia de la fundación, ese choque con quienes querían fiscalizar se presentó innumerables veces. La Caja nació entonces como administradora de inversiones, pero con el objetivo de atender el fomento, cultivo y conservación de las vocaciones sacerdotales, diaconales y religiosas en el orden moral intelectual y canónico. Monseñor Gaitán Mahecha viajó por algunos lugares del país promocionando su obra y luego se desplazó a Europa y Estados Unidos después de lo cual sentó las bases de lo que sería la primera gran labor de la entidad: la importación. Los variados negocios de esa actividad y algunas compras de acciones en bolsa, sirvieron para realizar préstamos a los sacerdotes y seminaristas para sus estudios y para resolver "calamidades domésticas".
La Caja Vocacional marchaba viento en popa y en mayo de 1968 los obispos decidieron nacionalizarla, para que prestara sus servicios a todo el país desde Bogotá "como dependencia de la Conferencia Episcopal". Durante una asamblea ordinaria del Episcopado, monseñor Dario Castrillón denunció malos manejos en la Caja, lo que llevó a la renuncia de su director y fue registrado en una noticia aparecida en El Tiempo el 3 de julio de 1972. Tras el enfrentamiento, los directivos de la Caja respaldaron, parcialmente, al padre Gaitán Mahecha. Durante la redacción de una carta de apoyo, un aparte hablaba del manejo pulcro y honesto de la Caja por parte del sacerdote, pero el obispo José Joaquín Flórez, de la junta directiva, advirtió: "No me opongo a que en la proposición se alabe al padre Gaitán, pero no quiero que en esta carta se diga nada sobre su rectitud". Ese comentario fue rechazado por monseñor Gaitán Mahecha, pero una vez aplacados los ánimos, se llego a un punto de equilibrio: la frase no se incluyó en la carta y la renuncia del director no se aceptó. Todos se perdonaron y hasta allí llegó todo.

LAS PRIMERAS PIEDRAS
Hacia finales de la década del 70, las preferencias arancelarias para las importaciones de la fundación se acabaron, culminando asi una época durante la cual ingresaron autos Wolkswagen y jeeps, además de muchos otros elementos como incubadoras, máquinas de escribir, motores, vino, alpiste y caballos pony, que algunos interpretaron como desviación de los fines e incluso calificaron como "abusivos" en reuniones de la junta directiva en febrero y marzo de 1986. Como la Caja Vocacional comenzó a recibir depósitos de algunos obispos, sacerdotes y sus familiares desde 1973, decidió a finales de ese decenio fortalecer sus labores en el campo financiero, en el que por esos días hacían boom variados negocios dirigidos por "magos" que hacían rendir el dinero a las mil maravillas. Eso desembocó en 1982 en la crisis financiera de la que aún no sale el país.
La primera puerta tocada fue la del Banco de Bogotá, entidad con la cual tenia relaciones comerciales y la segunda, el Banco de Colombia, con cuyo presidente, Jaime Michelsen Uribe, la Caja Vocacional tuvo relaciones en 1964 a través de la entonces Aseguradora Grancolombiana de Crédito. De estas negociaciones surgió la creación en Panamá de la Harris Investment Corporation S.A., a petición del primer banco según consta en la investigación que adelanta la Superintendencia de Control de Cambios y en las actas de la Caja. La Harris recibió créditos en dólares cuyo garante era la Caja Vocacional, que no los pagó, por lo cual debió responder con dos lotes al Banco de Bogotá y legalmente ante un juzgado civil al Banco de Colombia. Por esta época, 1979-1982, hubo captación de dólares que eran llevados a Panamá, según documentos hallados por la Superintendencia de Sociedades.
Paralelamente, seguian llegando masiva y habitualmente depósitos de sacerdotes y particulares, que iban a las arcas del llamado Fondo Pastoral, y cuyos márgenes de intermediación (intereses hasta del 32% anual) crearon excesos de liquidez que fueron utilizados en actividades de construcción. La Caja edificó El Greco, Los Andes Reservado, el Monaguillo de Galicia y su edificio sede, al tiempo que adquirió fincas en la Sabana de Bogotá. Más adelante la junta directiva reconoció que "no dieron los resultados esperados". La construcción es un riesgo y por ello las normas legales prohíben que los intermediarios financieros edifiquen. En octubre de 1982 estalló la crisis del sector financiero y fue expedido el decreto 2920 para proteger a los ahorradores de captadores "piratas" que perjudicaron en su affaire a unos 30 mil.
La Caja pidió aclaraciones a la Superintendencia Bancaria sobre si las nuevas normas la cobijaban, adjuntando varios conceptos de eminentes canonistas, en los que se insistía el carácter eclesiástico de la fundación. La División Jurídica de la Superbancaria calificó a la Caja como institución de utilidad común, vigilable por el Estado bajo la potestad constitucional otorgada al Presidente de la República o por quien él señalara para que la hiciera "merecedora de confianza" por parte del público, algo que por aquellos días era difícil de conseguir.

EL JUICIO FINAL
Algunos meses después, el entonces asesor económico de la Caja, Virgilio Barco Vargas, propuso la constitución de una corporación de ahorro y vivienda, lo que se cristalizó en mayo de 1983 cuando nació Fundavi, cuya primera junta directiva fue presidida por el actual jefe del Estado. Uno de los propósitos de Fundavi fue desmontar la captación, pero los enfrentamientos entre los accionistas nunca lo dejaron llevar a cabo. Entre 1984 y 1985 se crearon otras fundaciones: Ecclesia, Fons Vitae y Pro-Homine, esta última con el fin de convertirse en una entidad similar a la Caja Social de Ahorros de los jesuitas, pero la Superintendencia Bancaria no la autorizó porque no quería someterse a las normas financieras vigentes.
Y a finales de 1985 comenzó el Apocalipsis. La Conferencia Episcopal de Colombia, en su asamblea extraordinaria del 26 de septiembre, ordenó a la junta directiva de la Caja Vocacional suprimir del membrete de la papelería de la fundación la frase "Conferencia Espicopal de Colombia". Por esos días asumió como nuevo gerente Hernán Santacruz Guerrero, quien en diciembre rindió un informe desolador sobre el estado financiero de la Caja y propuso revisar los estatutos, porque "la atomización de funciones necesariamente produce un efecto igualmente grave: la imposibilidad legal de imputar o discernir responsabilidades"
En ese entonces, la pérdida patrimonial era de $400 millones, el funcionamiento mensual de la Caja demandaba $ 58 millones y los ingresos mensuales eran de menos $ 44 millones. El 29 de enero de 1986 la junta directiva de la Caja "ofrece el cargo de gerente general al director, con el objeto de establecer una unidad de responsabilidad, mando y autoridad dentro de la administración" (acta de esa fecha). Monseñor no aceptó y la crisis sobrevino. La Superbancaria quiso intervenir pero no pudo, la Conferencia tampoco y el 10 de octubre de 1986 cesó pagos al público. El director fue removido y el 29 de noviembre el Banco Central Hipotecario debió asumir la administración de Fundavi hoy desaparecida. En febrero de este año la Supersociedades intervino la Caja, luego la Procuraduría investigó y el caso pasó a la justicia penal. La jueza 26 de instrucción criminal, Flor Alba Díaz Díaz dictó auto de detención contra el ex director y dos ex gerentes por presunta violación de las normas sobre captación de dineros del público. Se trata, sin embargo, de una medida de aseguramiento y no de un fallo final. Se desecharon del proceso posibles delitos como estafa y tráfico de influencias, y hasta el momento nadie ha comprobado que se perdiera ningún centavo.
Monseñor Gaitán Mahecha está acusado de lo mismo que todas las demás víctimas de la crisis financiera. De malos manejos. Su defensa es la misma: que una cosa es quebrar y otra robar, que el decreto 2920 sobre la captación de ahorro no es aplicable en la práctica por cuanto su espíritu no es retroactivo y que en Colombia rige la norma de "al caído caerle". Pero además, para los administradores de la Caja, los efectos de este decreto no pueden cobijar a una entidad regida por el Concordato. Inclusive, en este mismo sentido, se alega que una jueza de instrucción criminal no está facultada para tomar este tipo de determinaciones contra un miembro de la Iglesia.
Todo esto puede ser verdad. Pero, cuando se trata de pecados terrenales, la opinión los ve mucho más graves si son cometidos por un representante de Dios en la Tierra.