EL CUPO DE LA DISCORDIA

Cuando en primera página de El Tiempo apareció publicado el titular que daba cuenta de que había estallado una crisis en la Junta Monetaria, muchos pensaron que se trataba de un conflicto eminentemente técnico. El asunto, sin embargo, tenía más implicaciones políticas de las que a simple vista eran apreciables, y así habría de plantearlo un editorial del mismo periódico un día después.
En él se criticaban las circunstancias que habían llevado a los dos asesores de la Junta Monetaria a presentar renuncia a sus cargos, aparentemente por presiones del gobierno. Mediante ellas se habría intentado modificar un concepto negativo emitido por el organismo frente a la apertura de un cupo de endeudamiento por valor de 10 mil millones de pesos, destinados a financiar las viviendas sin cuota inicial.
Días más tarde el ministro de Hacienda, Edgar Gutiérrez Castro, desmentía enfáticamente el rumor sobre las renuncias de los asesores, e insinuaba que lo que en realidad había ocurrido en el seno de la Junta Monetaria había sido una simple controversia entre monetaristas y estructuralistas, sin mayores consecuencias políticas.
Aunque de esta forma la "crisis" denunciada por el matutino parecía reducirse a una falsa alarma, SEMANA pudo enterarse de que sí hubo una secuencia tras bambalinas, que sin ser de una gravedad espectacular, como las primeras versiones permitían creerlo, sí rondó por las cercanías de una crisis que por fortuna no llegó a explotar.
El asunto se remonta a los cupos especiales de redescuento que por valor de 72 mil millones de pesos han creado las autoridades monetarias durante el actual gobierno. Por el efecto de demostración que tiene la utilización de dichos cupos, que implican un subsidio para los beneficiarios, han sido muchos los sectores de la deprimida economía colombiana que han acudido a la Junta Monetaria para solicitar un nuevo cupo o la ampliación de los existentes.
El sólo uso que el gobierno ha hecho del cupo para la reactivación económica ha disminuído considerablemente los márgenes de utilización del mercado monetario para el sector privado. En estas circunstancias se produjo una solicitud de un cupo de endeudamiento por valor de 10 mil millones de pesos por parte de la gerente del Instituto de Crédito Territorial, que aunque cuenta para este año con recursos que le permitirán sufragar el costo de más de 58 mil soluciones de vivienda, deseaba asegurar financiación para el año entrante.
Considerando que tal cupo implicaba emisión y por lo tanto un riesgo de índole inflacionaria, los asesores de la Junta Monetaria, Juan Carlos Jaramillo y Fernando Montes, rindieron concepto en contra, sugiriendo que antes de pensar en dicha aprobación eran necesarias nuevas informaciones en relación con la cartera y en general con la situación económica del Instituto. La Junta aceptó estas recomendaciones y negó la solicitud.
Según las versiones recogidas por SEMANA, ante esta negativa, María Eugenia Rojas de Moreno, gerente del Instituto, se habría quejado ante el Presidente Betancur. La reacción de éste habría sido la de transmitir a la Junta Monetaria, por conducto del gerente del Banco de la República, Hugo Palacios Mejía, su preocupación por la orientación que estaban tomando las decisiones del organismo; lo que en la práctica podía interpretarse como una crítica del Presidente al enfoque quizás demasiado monetarista que parecía prevalecer en la actitud de los asesores.
Fue entonces cuando éstos presentaron su carta de renuncia. En ella habrían manifestado que, al tener solo voz y no voto, oficialmente quedaban por fuera de la controversia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la "llamada al orden" presidencial había sido dirigida a ellos, consideraban que debían renunciar. Hacían particular énfasis en el hecho de que, por tradición, los asesores de la Junta Monetaria han podido emitir conceptos técnicos con toda libertad, y recalcaron que hasta el momento así había sido en el caso de ellos.
Inmediatamente los miembros de la Junta Monetaria, entre los cuales figuran el ministro de Hacienda -quien la preside, el gerente del Banco de la República, los ministros de Desarrollo y Agricultura, el gerente del Incomex y el jefe del Departamento Nacional de Planeación, apoyaron las consideraciones expresadas por los dos asesores, y no aceptaron sus renuncias, con lo que este incidente llegaba afortunadamente a su fin, no convirtiéndose en un "Florero de Llorente" que estuvo a punto de precipitar la crisis.
De esta manera, lo que en un comienzo amenazó con convertirse en un capítulo más del típico conflicto entre técnicos y políticos, terminó más bien confirmando, en un sentido positivo, el equilibrio que existe entre estos dos elementos en el manejo de la política económica del país.-