El deber de construir el futuro

En los foros in-ternacionales se habla de la década de los 80 como la pérdida de América Latina; en el caso de Colombia parecería que ese calificativo le cabe más a la de los 90. El país, de crecer en promedio a tasas superiores al 4,5 por ciento, pasó en el último quinquenio a no crecer, y de tener tasas de desempleo de 10 por ciento pasó a más de 20 por ciento, la más elevada del continente.

Hay algo que no se puede ignorar y es que, independientemente de la cacería de brujas que se ha desatado alrededor de la responsabilidad sobre los hechos, el origen de las perturbaciones es esencialmente político, no sólo en lo que toca con el país que se quiere sino en cuanto a la forma como selecciona a sus dirigentes. La institucionalidad del país estaba montada para preservar un statu quo, del que no todos se beneficiaban por igual, y en materia económica Colombia se había quedado rezagada tecnológicamente frente al resto del mundo.

La reforma Constitucional del 91, con sus reformas políticas y judiciales y la introducción de normas de mercado en el manejo económico buscaron enfrentar esos problemas. Los resultados han sido traumáticos, sin que se pueda ignorar que han dejado cosas buenas. Los grandes cambios en las estructuras institucionales de los países con frecuencia han sido producto de guerras o las inducen. El interrogante que tiene Colombia hacia delante es si: ¿los cambios realizados van en la dirección correcta, han sido suficientes y qué falta para concluirlos? o si ¿el reacomodamiento de las instituciones sigue una senda perversa hacia la profundización del desajuste?

Si algo deja la experiencia de la última década es que difícilmente se pueden esperar resultados favorables de reformas incompletas, que además no cuenten con el respaldo de la población. Tal es el caso, por ejemplo, de la apertura de la economía donde, si bien se sabía de antemano que para su éxito se requería reducir el tamaño del Estado y evitar la revaluación del peso, se permitió que ocurriese lo contrario; o de la descentralización que transfirió rentas nacionales a los entes territoriales pero no las responsabilidades. En el trasfondo de esta problemática está la del tamaño del Estado.

El tema del tamaño del Estado no es uno meramente contable, como podría pensarse, porque se habla de ingresos y gastos del gobierno. Este es un tema de gran envergadura, que no sólo se traduce en la amplitud de la cobertura de los servicios sociales (salud, educación, seguridad en la vejez, empleo), sino que puede llegar a extremos, cuando su alcance induce la desaparición de la propiedad privada. Cuando se amplió el rango de acción del Estado, desafortunadamente nunca se pensó cómo se iban a financiar las inversiones obligadas, ni si ello era compatible con el objetivo de reducirle el tamaño al Estado para que operaran normas de mercado.

Las cortes, en especial la Constitucional, dentro del marco del Estado Social de Derecho, se han encargado de hacer efectivos los múltiples derechos fundamentales de la población contemplados en la Constitución, independiente de que existan recursos para financiarlos o de que ello interfiera con el funcionamiento del mercado. Hay quienes consideran que las cortes se ha extralimitado en sus funciones; otros piensan que tan sólo han hecho cumplir la Constitución. De ese debate interminable lo único cierto es que no existe consenso en torno a cómo lograr lo que se quiere, ni cómo actuar hacia delante.

El problema con el desequilibrio en las finanzas del Estado no sólo da cuenta de los tropiezos que se han tenido con el manejo de la economía, sino también de la corrupción. Un Estado que ofrece más de lo que puede, termina por otorgar excesiva discrecionalidad a los funcionarios públicos, los cuales, dada la escasez de recursos y su capacidad de asignarlos, terminan por entregarlos arbitrariamente al mejor postor.

El desequilibrio fiscal también induce la búsqueda permanente de recursos para su financiamiento por la vía de tributación, lo que implica el cambio recurrente de las reglas, introduciendo una enorme incertidumbre en el manejo económico, e incentivando la búsqueda de rentas por parte de distintos agentes económicos, lo cual también desemboca en comportamientos corruptos

En el ámbito judicial, si bien con la Constitución se abrió un amplio espacio para la defensa de los derechos de la población frente al Estado, no es claro que se haya logrado lo propio para dirimir conflictos entre particulares, como tampoco que exista una clara independencia del Ejecutivo y el Legislativo del aparato judicial. Este punto reviste la mayor trascendencia, no sólo por sus implicaciones sociales y políticas, sino por la incidencia que tiene sobre la inversión y el crecimiento: tanto la una como la otra están en función de la estabilidad de las reglas de juego y de que existirá un tercero —un juez— que de manera imparcial resuelva desavenencias.

La reforma política, por su parte, indujo la atomización de los partidos sin resolver el problema de exclusión y representatividad. De ahí la dificultad de encontrar consensos que permitan direccionar el manejo del Estado. Este hecho, a pesar de ser reconocido por la mayoría, no ha servido para abrirle el espacio requerido al cambio. Hay quienes consideran que para ello es preciso revocar el Congreso; otros opinan que eso ya se hizo, sin éxito. Una salida alternativa, que no se ha ensayado, es buscar la aprobación de una reforma con vigencia futura, de suerte que el debate se dé en un ambiente menos caldeado del que deriva de la proximidad de los procesos electorales. El gran interrogante es si el país cuenta con el tiempo para proceder en ese sentido.

De cualquier manera, a estas alturas no podemos continuar dándonos el lujo de no llegar a un consenso alrededor del modelo económico y del país que se quiere, de suerte que aumente la predisposición por el acatamiento de las normas y disminuyan las incoherencias.

Los interrogantes no se refieren tanto a lo que se quiere sino cómo hacerlo: todos queremos paz y prosperidad. Sin ir muy lejos, al ambiente lo ronda un debate que no se ha dado, que está en el corazón del problema. ¿Se debe esperar a que el país crezca para aumentar la cobertura de la atención social? o ¿esa protección se debe estructurar y después buscar los recursos requeridos para su financiamiento? Esta segunda alternativa en cierta forma corresponde con la que está induciendo la Corte Constitucional. El problema que surge es que es radicalmente rechazada por amplios sectores de la sociedad, lo que induce las incoherencias en el manejo de que se habló. De la respuesta a este interrogante derivan las perspectivas de crecimiento y bienestar. Cuando en una sociedad peligran la vida, los bienes y las posibilidades de generar ingresos reinan la desconfianza, el comportamiento individualista y la búsqueda de rentas a costa de los demás. Esta situación en nada contribuye al desarrollo de una sociedad estable y productiva, ni a la introducción de nuevas tecnologías que induzcan el crecimiento.