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| 3/28/1983 12:00:00 AM

EL DESTAPE DE FELIPE

El gobierno español interviene el grupo Rumasa, un consorcio de 18 bancos y cerca de 400 empresas.

"Los 23 de febrero son fatídicos en España", afirmaron unos."Es un auténtico golpe de Estado" dijeron otros, cuando se conoció la noticia sobre la intervención estatal del grupo Rumasa, un holding que incluye 18 bancos y cerca de 400 empresas.
El Consejo de Ministros, reunido bajo la presidencia de Felipe González, había aprobado un decreto-ley por el cual se expropiaban los bancos y empresas del mayor grupo económico del país, aduciendo razones de utilidad pública y de interes social. Según un portavoz oficial, los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los intereses patrimoniales de terceros estaban seriamente amenazados. La intervención estatal buscaba, entonces, garantizarles un respaldo.
Cuando el ministro de Economía, Miguel Boyer, dio a conocer la noticia, afirmo que se trataba del "mayor de los muchos problemas que heredaron de los gobiernos anteriores" y negó que la expropiación significara un cambio en la filosofía de mercado libre del gobierno de Felipe González.
Aunque ha sido la primera nacionalización decidida por el gobierno socialista, no acababa de tomarse, cuando el dirigente de la oposición derechista, Manuel Fraga, se pronunciaba abiertamente afirmando que la medida "demostró que el socialismo siempre se rige por sus objetivos finales ".
Rumasa es el mayor grupo empresarial español. Fue fundado en 1961 por el ejecutivo de 52 años, José María Ruiz-Mateos. Al parecer según datos estimados, figuraba con un capital de 2 mil 700 millones de dólares, lo que significaría cerca del 1.8% del producto interno bruto. Incluía la mayor empresa exportadora de vinos y licores, la mayor productora de carnes, la mayor cadena de almacenes, empresas de bienes inmobiliarios y de construcción, y 18 bancos que fueron cerrados hasta el lunes 28 de febrero, mientras se establecía su nuevo valor. Empleaba a 60 mil trabajadores directos e indirectamente daba trabajo a otras 300 mil personas.
Al final de la semana se desconocían las condiciones de la expropiación, la indemnización y la concreción de la titularidad estatal de la propiedad, pero fuentes oficiales habrían afirmado que había posibilidades de aceptar iniciativas privadas para recuperar algunas de las empresas.
Múltiples y encontrados han sido los pronunciamientos al respecto y se ha hablado, inclusive, de procedimientos irregulares por parte del ministro Boyer. La crisis de Rumasa es la número 30 de las crisis bancarias declaradas en España desde que en 1978 el Banco de Navarra fue intervenido por el Banco de España, pero, según algunos, esta está rodeada de un cierto toque de autoritarismo revanchista por parte del ministro. La decisión se produjo después de una dura polémica en la que se enfrentaron el ministro Boyer y el presidente de Rumasa, Ruiz-Mateos. El viernes 18 de febrero, Boyer había anunciado, hablando en nombre del Banco de España, cosa que no podía hacer, que enviaría inspectores a Rumasa, si esa organización no terminaba la auditoría que las autoridades habían solicitado y que estaba pendiente desde mayo de 1982. Por su parte, Ruiz-Mateos había declarado que alguien quería "provocar una catástrofe sin precedentes en la historia económica de España". La fricción entre ministro y ejecutivo había llegado a su máximo límite. Sin embargo, se sabía que Rumasa había venido actuando de manera poco ortodoxa, empleando compañías ficticias para extender créditos de sus bancos. Según algunos, los bancos del consorcio prestaban cerca del 62% de sus fondos disponibles a las compañías del grupo. Desde hacía varios años se venía registrando una peligrosa concentración en los mismos por encima de lo considerado normal y las autoridades monetarias habían recomendado al grupo su consolidación, un desaceleramiento de su política de crecimiento e incluso un proceso de desinversión.
En un editorial de El País de Madrid, la situación, aún no muy clara, era resumida así: "Lo que el Ejecutivo tendrá que demostrar hoy con pruebas, y no apelando simplemente a la fe en sus capacidades, es si la respuesta dada a las eventuales irregularidades del holding es la adecuada y la prudente, y si no se ha establecido un trato discriminatorio.También merece la pena preguntarse por las repercusiones en el exterior.
De lo que declaren hoy los responsables económicos del Gabinete podrá deducirse, por lo demás si la medida es acorde con el marco socioeconómico constitucional y con el programa electoral del propio PSOE. Sólo si son convincentes a la hora de probar que esta era la única manera de defender los puestos de trabajo y de evitar daños a terceros, y que había motivos de verdadera utilidad pública, podremos saber que la decisión no es, al menos en parte, fruto de la fuga hacia adelante de un ministro que no podía seguir siendo ministro sin intervenir Rumasa después de sus declaraciones del viernes pasado. Y, sobre todo, después de la propia fuga hacia adelante de Ruiz-Mateos en su reciente conferencia de Prensa"
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