El doctor no

En Colombia la tradición en la Superintendencia de Industria y Comercio era decirle sí a todo. Desde su creación, en 1959, hasta 2003, jamás se había negado una sola solicitud de fusión o integración empresarial. Ni siquiera cuando se unieron Avianca y Aces, a las que se les dijo que no en un principio, pero que al final se les terminó dando el visto bueno. Esa costumbre de decirle que sí a todo ha venido cambiando de un tiempo para acá. Concretamente desde hace cuatro años, cuando Jairo Rubio Escobar asumió el cargo de superintendente de Industria y Comercio (SIC). Este bogotano de 46 años ha negado varias integraciones económicas, en aras de defender la libre competencia y evitar abusos por posición dominante en los mercados. La última de ellas fue el viernes de la semana pasada, al prohibir la integración de la compañía inglesa Cryogas con la alemana Aga Fano, los dos líderes mundiales en la producción de gases industriales.

Ni hablar de lo que está haciendo en materia de acuerdos de precios, cuyas investigaciones tienen contra las cuerdas a varios de los más poderosos empresarios y hombres de negocios del país. El miércoles pasado, ordenó abrir una investigación contra 13 ingenios azucareros por organizar un presunto cartel para manejar el precio del azúcar. Hace un mes, halló culpables a los cinco principales molinos del país por ponerse de acuerdo para congelar el precio de compra del arroz a más de 1.000 agricultores. Y hace 15 días, le clavó una millonaria multa de 1.500 millones de pesos a la empresa Holcim, por aumentar el precio del cemento de forma injustificada.

Este abogado de la Universidad Javeriana se ha convertido en una piedra en el zapato para los más poderosos industriales. Durante su administración, ha negado la integración de Colgate y Procter&Gamble; Cementos Holcim y Argos; Helados Robin Hood y Meals de Colombia; Plastilent y Dupont; Postobón y Quaker con sus respectivas marcas Squash y Gatorade; y Eternit y Colombit, entre otros. En todos estos casos existía el peligro latente de la posición dominante y con ello la posibilidad de que una empresa influyera directa o indirectamente en las condiciones de un mercado. Por ejemplo, en el caso de Squash y Gatorade, ambos sumaban el 90 por ciento del mercado de bebidas isotónicas. Cualquier cambio en el precio o en las condiciones de oferta podía afectar tanto a los consumidores como al tercer competidor en disputa, Powerade.

En otros casos, como la reciente fusión de Almacenes Éxito y Carulla, Rubio aceptó el negocio, pero condicionado a que se restituya la competencia en aquellas zonas donde exista peligro de posición dominante. De todos los almacenes que tienen estos dos supermercados en el país, sólo hay 13 puntos que corren ese peligro. Se trata de zonas en las cuales únicamente están ellos y por lo tanto habría una especie de monopolio. El superintendente les ordenó venderle esos puntos a la competencia, so pena de deshacer toda la operación. En plata blanca, eso significa que en los próximos días 13 locales que eran del Éxito-Carulla pasarán a manos de Carrefour, Olímpica o Cacharrería la 14. Si el comprador fuera un inversionista pequeño, la orden es venderle también la marca Pomona.

Un caso similar es el del Grupo Televisa y Editora Cinco. La SIC le permitió al gigante mexicano comprar la empresa colombiana de revistas, pero a cambio le exigió venderle a la competencia algunas publicaciones como Ser padres hoy, con el fin de preservar la competencia en aquellos nichos que corrían peligro de quedar en un monopolio.

Pocos saben que la reciente venta de Acerías Paz del Río tuvo un final feliz precisamente gracias a que Rubio le puso un 'pero' de este estilo a uno de los posibles compradores. Resulta que cuando el gobierno anunció su interés en vender la siderúrgica boyacense, el primero en manifestar su interés fue el grupo brasileño Gerdau, dueño en Colombia de las también siderúrgicas Diaco y Sidelpa. Desde ese momento, Rubio le encontró un problema a la operación: el peligro de la posición dominante. Y emitió un concepto negativo como parte de un proceso que se conoce como "control previo a la integración". Ahí fue Troya. Los brasileños se enfurecieron y apelaron la decisión. La cosa era tan grave, que el presidente de Brasil, Lula da Silva, llamó directamente al presidente Álvaro Uribe para preguntarle quién le estaba poniendo un palo en la rueda al negocio.

Aunque Uribe respaldó a Rubio, el resto del mundo se le fue encima: empresarios, miembros del gobierno, asesores de Presidencia y hasta trabajadores de Paz del Río. El problema era que si Gerdau no se presentaba a la subasta, tampoco lo harían otros posibles compradores como Arcelor, en detrimento del proceso de puja. Entonces Rubio aceptó la apelación de los brasileños y les permitió participar en la subasta de Paz del Río, pero con una condición: si ganaban, tendrían que salir a vender una de las otras dos siderúrgicas que tienen en el país. Al fin de cuentas, el ganador fue el también brasileño Votorantim, que después de pelear 18 rondas con Gerdau, ganó el martillo.

No ha sido la única vez que negar un proceso de integración le ha causado a Rubio un gran dolor de cabeza, y al país, por poco, un incidente diplomático. Cuando objetó la integración de las multinacionales Procter & Gamble y Colgate Palmolive, hasta el presidente George W. Bush llamó a Uribe. El problema en ese caso estaba en el mercado de detergentes para lavar ropa. Colgate es el dueño de la marca Fab, y Procter&Gamble de las marcas Lavomatic y Superdet. Si se integraban, quedarían con una cuota de mercado superior al 70 por ciento. Esa era una posición dominante que Rubio no iba a permitir. Por fortuna, el Presidente también lo respaldó en este episodio.

Bajo la administración de Rubio la SIC ha fallado en total 373 casos de integraciones empresariales. Muchos de ellos han recibido el visto bueno, como el reciente negocio de Ecogás y la Empresa de Energía de Bogotá, o el de Telecom con el Grupo Telefónica de España. Pero muchos otros han sido negados de manera rotunda y otros tantos aceptados bajo la condición de restablecer la competencia. Todos, sin excepción, pasan por las manos del Superindustria.

El precio es correcto

Si en materia de integraciones Rubio es infalible, ni qué decir en cuanto a posibles acuerdos de precios. El caso más reciente ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando el Súper ordenó abrir investigación contra los 13 ingenios que existen en el país por crear un presunto cartel para controlar los precios del azúcar. Se trata de una investigación sin precedentes para establecer si varios de los más importantes industriales del Valle del Cauca -Ardila Lülle, los Éder, los Holguín, Mayagüez, los Cabal o los Caicedo González- se pusieron o no de acuerdo para pagarles al mismo precio la caña a 423 agricultores. Ya hace un mes Rubio condenó a los cinco principales molinos del país -Roa, Flor Huila, Diana, Unión de Arroceros y Procesadora de Arroz- por ponerse de acuerdo para congelar por más de 80 días el precio de compra del arroz que les adquieren a 1.500 agricultores.

En estos casos, el agricultor prácticamente se ve obligado a aceptar el precio de compra que le fijan los industriales dueños de los molinos y los ingenios. Por un lado, porque no hay quién más les compre lo que recogen. Y porque en la mayoría de los casos, les han financiado la siembra y la cosecha y esas cláusulas contractuales no les permiten ir a vender su producto en otro lado. Este tipo de prácticas comerciales es tan grave, que en Estados Unidos hay cárcel para quien forme un cartel de precios. En Colombia, la pena máxima es una multa.

Las cementeras tampoco se han escapado del escalpelo de Rubio. Cuando, a principios de 2005, el bulto de cemento pasó de 20.000 a 7.000 pesos, la Superindustria abrió una investigación para determinar si se estaba dando un pacto de precios entre los grandes productores para sacar del mercado a un competidor pequeño, llamado Cementos Andino. Los tres investigados -Argos, Holcim y Cemex- le ofrecieron a la Superintendencia cerrar la investigación por prácticas restrictivas, a cambio de asumir ciertos compromisos: uno, a no vender por debajo de los costos variables medios; y dos, a que en el evento de modificar los precios, mostrarían a la Superintendencia el soporte documental al respecto. Pero Holcim no lo hizo y por eso le clavó la semana pasada una multa por 1.500 millones de pesos, correspondiente a dos investigaciones (una en el caso de Cementos Andino, y otra en el de Cementos Oriente). Cemex también fue condenada a pagar 800 millones de pesos por incumplir uno de los acuerdos.

Los problemas con las cementeras no terminan ahí. Hay otra investigación en curso de la Superintendencia, también por un presunto acuerdo de precios. Sólo que esta vez, ya no es porque los precios hayan caído abruptamente, sino por todo lo contrario: porque subieron después de que Cementos Andino salió del mercado. A finales de 2005, Argos compró Andino y a partir de ese momento, el precio del bulto de cemento empezó a subir como loco, al punto que en menos de un mes, aumentó 40 por ciento. Esa repentina alza hizo pensar a la Superintendencia que se trataba presuntamente de un acuerdo de precios y no fruto de las reglas del mercado. Por esa razón, les abrió investigación formal y les formuló pliegos de cargos.

No es la única papa caliente que tiene Jairo Rubio en sus manos. Muy pronto deberá pronunciarse sobre otras dos integraciones empresariales de gran importancia. Una es la compra de Petroquímica Colombiana S. A. (Petco), del Grupo Sanford, por parte del grupo mexicano Mexichem. La otra es la integración de las marcas de jugos Hit y Tutti-Fruti, que corresponden respectivamente a Postobón y Bavaria. Ese proceso deberá quedar resuelto a mediados de abril. Los empresarios involucrados -Carlos Ardila Lülle y los surafricanos de SAB Miller- están con los pelos de punta.

Rubio no se limita únicamente a investigar los procesos de fusión o las prácticas comerciales restrictivas. El Superintendente de Industria es el encargado también de los procesos por competencia desleal entre empresas, los trámites de patentes, los derechos de protección al consumidor y el uso de marcas y nombres.

Es tanto el poder que tiene esta figura en Colombia, que al mismo Rubio le preocupa semejante concentración. "En otros países del mundo, como en España, las prácticas competitivas se someten a consideración de tribunales, que posteriormente pasan sus evaluaciones a los consejos de ministros, quienes son los que tienen la última palabra en estos asuntos de competencia, dice Rubio. En Colombia, en cambio, todo recae bajo una sola cabeza, y eso es demasiado poder en una sola persona".

Hay unos pocos sectores en los que por ley la Superindustria no tiene competencia, como el de medicamentos, el financiero, el de servicios públicos y el de televisión. En ellos las autoridades competentes son el Invima, la Superfinanciera, la Superservicios y la Comisión Nacional de Televisión, respectivamente. Sin embargo, jamás en la historia del país alguno de estos tres últimos ha abierto una sola investigación por acuerdo de precios o integraciones que se deriven en una posición dominante. Y se trata de sectores altamente movidos en estas materias, como el financiero, en donde prácticamente cada semana ocurre una fusión empresarial.

De hecho, la única vez que Rubio se les ha podido meter a los banqueros es por el lado de las tarjetas de crédito. La ley dice que los sistemas de pago de bajo valor no están sujetos a vigilancia de la Superfinanciera. Aprovechando ese papayazo, Rubio se metió en la mitad de la pelea entre banqueros y comerciantes por el cobro de comisiones en el uso de tarjetas de crédito. Como resultado, obligó a los banqueros a bajar las comisiones que cobran a los comerciantes por el uso del dinero plástico. Todos los banqueros, como es lógico, estuvieron en contra, no sólo de la decisión, sino de que el Superindustria se les metiera al rancho.

En todo este tiempo, Rubio ha defendido con temple la libre competencia, además de proteger con vehemencia los derechos de los consumidores. Bajo su administración se han fallado más de 159 casos por prácticas comerciales restrictivas, 652 por competencia desleal, 373 casos de integración empresarial, 6.076 líos de patentes, 72.766 problemas por usos de marcas y más de 30.000 procesos de quejas y reclamos por parte de los consumidores.

No es una tarea fácil. Se trata de sopesar la libre competencia con argumentos como el de la globalización, según el cual las empresas grandes se comen a las chicas y sólo sobreviven uno o dos jugadores por sector. La banca, por ejemplo, dice que necesita ser multibanca, y los medios, multimedios. Todos los sectores argumentan a su favor la importancia de contar con una masa crítica que les permita crecer y un músculo financiero que les ayude a lograrlo. Pero el trabajo de la Superintendencia de industria es velar porque los empresarios encuentren en el país el ambiente y las condiciones propicias que les permitan desarrollarse libremente. Esa es su responsabilidad y, como nunca antes, Rubio la está cumpliendo cabalmente.