Martes, 16 de septiembre de 2014

| 2013/08/31 02:00

El dueño de las antenas de telefonía móvil

Un fallo de la Corte Constitucional tiene con los pelos de punta a las empresas de celulares y al gobierno en una encrucijada.

Los presidentes de Telefónica Colombia, Alfonso Gómez, y de Claro Colombia, Juan Carlos Archila , están preocupados por las consecuencias del fallo ante las millonarias inversiones que han hecho las compañías en el país.

Los operadores de celular no esperaban la noticia que les dio la Corte Constitucional la semana pasada. El alto tribunal, al pronunciarse sobre dos normas demandadas por el exmagistrado Jorge Arango Mejía, dejó en pie la reversión al Estado de los bienes de los contratos de concesión en telecomunicaciones celebrados antes de 1998. 


Esto significa que en marzo del próximo año, Claro y Movistar –los dos principales operadores de telefonía celular del país– tendrán que devolverle a la Nación la infraestructura que montaron desde 1994, cuando se firmaron esas concesiones. 


El fallo les cayó como un baldado de agua fría, pues solo contaban con que deberían revertir las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido.

Aunque todavía no se conoce la sentencia, pues solo se sabe de la decisión por el comunicado que emitió la Corte, en el sector se levantó un avispero y se generó un gran nerviosismo por las consecuencias que tendrá el fallo.


Según los abogados de los operadores, la incertidumbre jurídica pondrá en riesgo las futuras inversiones que necesita el sector para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. Claro y Movistar estiman que, en las últimas dos décadas, han hecho inversiones por 14.000 millones de dólares en infraestructura.


La base de la controversia jurídica sobre la reversión de la infrestructura radica en lo dicho por la Ley 422 de 1998 (posteriormente  ratificada por la Ley 1341 de 2009) que señaló en su artículo cuarto que “en los contratos de concesión de servicios de telecomunicaciones, la reversión solo implicará que revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio”. 


Según la interpretación que hicieron los actuales operadores, esta norma claramente modificó la cláusula 33 que estaba consignada en los contratos de concesión firmados en 1994 y que señalaba que “…al finalizar el término de la concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasan a ser de propiedad de la Nación”.


Las compañías alegan que a lo largo de la ejecución de los contratos se han dado muchas modificaciones legales que se les han aplicado y ellos las han acatado. Por ejemplo, citan la resolución que cambió el régimen de interconexión; las nuevas exigencias de calidad que sustituyeron las de los pliegos originales; el cambio en la escogencia del estándar tecnológico; y la portabilidad numérica, entre otras. Se preguntan por qué en estos casos es válido modificar los contratos, pero no en el caso de la norma relacionada con la reversión solo de las frecuencias.


Los magistrados de la Sala Plena de la Corte en el fallo que fue muy cerrado –5 a 4– desconocieron esta tesis y señalan en el comunicado que la interpretación de que solo deben revertir las frecuencias “desconoce la protección al patrimonio público, al permitir que los particulares mantengan la titularidad de los bienes relacionados con la prestación del servicio, que de acuerdo con la ecuación financiera establecida al momento de la celebración del contrato podrían ser amortizadas por el concesionario durante su ejecución.”


El fallo pone al gobierno en una encrucijada, pues en seis meses tendrá que negociar en qué condiciones van a seguir prestando los servicios estos operadores. Pero además, se abre un gran interrogante sobre cómo aplicar la orden de devolución de la infraestructura y qué alcance tiene, si son solo las antenas u otros elementos más. Movistar, por ejemplo, vendió el 15 por ciento de las suyas a la compañía American Tower, una empresa que se dedica a comprar antenas en América Latina para luego alquilarlas.


Ahora bien, aunque el fallo no afecta a UNE y a Tigo porque sus contratos se firmaron después de la  ley en cuestión, la contralora  Sandra Morelli dijo la semana pasada que debe hacerse una minuciosa y rigurosa revisión a los contratos de concesión suscritos después de la Ley 429 de 1998.


Esto significa que a este debate jurídico sobre la propiedad de las antenas le espera otro capítulo.

Lo cierto es que, el panorama jurídico parece enredarse justo en el momento en que el sector necesita más claridad, pues se avecinan las grandes inversiones con la llegada de la tecnología 4G. 

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×