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| 10/11/1993 12:00:00 AM

El gran obstáculo

A pesar de los últimos correctivos, queda mucho por hacer en la Aduana para evitar que sus fallas acaben con la apertura.

SI ALGUN TALON DE AQUIles ha tenido la apertura económica en Colombia, es el control de las importaciones. De hecho, las mayores quejas de los empresarios -y el evidente peligro de quiebra que enfrentan varios sectores de la economía están relacionados con el manejo aduanero. Para nadie es un secreto que durante el primer semestre del año entraron al país grandes volúmenes de mercancías sin ningún control físico. Y eso, en un país donde ha existido toda la vida el contrabando -y que además tiene que convivir con el lavado de dólares como consecuencia del narcotráfico-, es un problema muy grave.
Por eso se volvió normal para los colombianos escuchar, a lo largo del último año, las más duras críticas de los empresarios al manejo de la Aduana Nacional. Sobre todo después de su fusión con la Dirección de Impuestos, lo que para muchos expertos desnaturalizó la entidad. Hace pocos días, sin embargo, dichas críticas han aminorado. El Gobierno ha venido adoptando una serie de medidas que, en opinión de los empresarios, corrigen varios de los problemas que se venían generando con el nuevo sistema.
Persisten para ellos, no obstante, algunos problemas de cuya solución depende que la Aduana se convierta, efectivamente, en el instrumento esencial de manejo de la apertura, como lo quiere el Gobierno. Dichos problemas tienen que ver con dos aspectos concretos: la falta de información y las deficiencias técnicas originadas en la reestructuración de la entidad.
Este es el momento en que no hay datos reales sobre las mercancías ingresadas al país durante 1993. Esto, obviamente, ha impedido que los empresarios dispongan de información oportuna para hacerle frente a la competencia, tanto leal como desleal. Sobre todo a esta última, pues de la única manera como los empresarios se pueden defender es presentando pruebas sobre ingreso de tales mercancías. Y lo cierto es que no hay cómo hacerlo.
Consultado por SEMANA, el director de la Aduana, el economista Pedro Nel Ospina, manifestó que esa entidad está trabajando intensamente en remediar el atraso, que en el curso de la presente semana estará entregando las estadísticas de importaciones correspondientes al primer semestre de este año y que en menos de un mes se darán las correspondientes a los meses de julio y agosto. Falta ver si el nivel de desagregación es suficiente para que sirva de base a las reclamaciones de los empresarios afectados por la competencia desleal.
En el campo técnico las críticas se han centrado en la pérdida de importancia de mecanismos como el aforo físico, los precios de referencia, la valoración y el arancel. Tal como estaba concebido en el régimen anterior, el aforo tenía toda clase de fallas. De ahí que en la reforma se hubiera decidido sustituirlo por un sistema de inspecciones aleatorias, en el cual la revisión física se reducía de manera considerable, y a cambio se establecía un control posterior, basado en indicios de contrabando. Eso se hizo con el propósito de agilizar las importaciones.
Lo malo fue que terminó agilizando tanto las importaciones legales como las ilegales.
El inconveniente de la reducción del control previo y su sustitución por uno posterior, según los empresarios, es que resulta muy difícil hacerle el seguimiento a la mercancía una vez que sale de las bodegas de la Aduana.
Esa es la gran diferencia entre el impuesto a la renta y el pago del arancel. En renta se puede controlar sin problema al sujeto, mientras que en materia de aduanas el elemento esencial de control es la mercancía.
Esta falla ha sido aprovechada por los contrabandistas, inclusive, para introducir mercancía a nombre de personas muertas, imposibles de sancionar cuando se descubre la irregularidad.
También en este campo, según Ospina, se ha comenzado a trabajar. Según estadísticas de la Aduana, mientras que en el período enero-junio de este año se efectuaron 27.224 inspecciones, en el período julio-agosto ese número fue de más de 18.000. Y ya existen algunos bienes donde se está inspeccionando el 100 por ciento de las importaciones, como aquellos provenientes de países como Panamá, que se ha convertido en un centro de acopio de mercancías que, a la postre, se importan subfacturadas o ingresan de contrabando.
Otra queja tiene que ver con el manejo de los precios mínimos oficiales.
Estos últimos se desmontaron para algunos sectores como los textiles, argumentando que iba en contravía de las disposiciones del Gátt, cuando en realidad está permitido a manera de excepción para países en desarrollo. La norma que regía Ia materia establecía precios mínimos para 725 subpartidas arancelarias en el caso de los textiles, que representaban cerca del 25 por ciento del arancel colombiano. Y desapareció de la noche a la mañana. Recientemente, sin embargo, y ante los reclamos de los industriales, se emitió una resolución que controla 30 partidas arancelarias.
El problema es que los importadores de mala fe pueden ubicar la mercancía en otra subpartida no valorada en la lista de precios mínimos, con lo cual logran burlar la norma e introducir la mercancía sin que lo detecte el sistema de informática de la Aduana.
La falta de valoración es otro de los temas álgidos. Los críticos de la Aduana sostienen que es necesario que exista una división de valoración y de arancel. Incluso piden el restablecimiento de instrumentos que existieron en el pasado, como el aforo público y la conformación de un cuerpo técnico especializado. El primero permitiría que sea la misma competencia la que se encargue de fiscalizar las prácticas irregulares en su sector, y el segundo tendría como función determinar cuál debe ser la valoración y cIasificación de las mercancías que ingresan aI país y dirimir las controversias que se presenten alrededor de ese tema.
En resumen, se han dado grandes pasos. Pero la tarea que tiene la Aduana por delante es todavía titánica. Y debe ser adelantada en un plazo de pocos meses. De lo contrario, se le darán argumentos a los enemigos de la apertura para acabar con una de las medidas que más impacto ha tenido en la vida cotidiana de los colombianos.
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