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| 2/24/1986 12:00:00 AM

EL GRANO DE LA DISCORDIA

Después de amenazas de rompimiento, el gobierno y los cafeteros pactan sobre la distribución de la bonanza

Es una de esas paradojas que nadie entiende, pero la verdad es que la semana pasada parecía inexplicable que un país que vive casi continuamente con angustias de plata, pase a sufrir por haberse ganado la lotería. Para el observador más simple, el tema de la bonanza cafetera se reduce a la expresión de un productor, al salir de una ardua sesión de negociación con los representantes del gobierno el lunes pasado: "Esperamos durante todo el tiempo que se suban los precios del café y cuando eso pasa, no sabemos qué hacer".
Y es que, preparados o no, la bonanza ya está aquí. En cuestión de semanas, las perspectivas de exportaciones de café colombiano en 1986 pasaron de mil 800 a más de 3 mil 200 millones de dólares, como resultado directo de la sequía que afectó duramente a los cafetales del Brasil, aumentando en forma simultánea el precio y las posibilidades de mercado del grano nacional. De un escenario de ventas al exterior, calculado inicialmente en menos de 9 millones de sacos de 70 kilos a un precio promedio de 1.40 dólares por libra, se llegó a uno de 11 millones de sacos a un precio mínimo de 2.25 dólares por libra. En cuestión de días, Colombia pasó de ser un enfermo en proceso de recuperación a ser dado rápidamente de alta, debido a un medicamento mágico: el café.
Sin embargo, los nuevos bríos del país tomaron por sorpresa a los especialistas quienes empezaron a discutir sobre la mejor manera de que éste se bebiera su tinto a sorbos. Las experiencias anteriores habían indicado que, mal administrada, la droga mágica podía ser la causante de terribles efectos colaterales.
LAS PRIORIDADES
Concretamente, se quería evitar que el remedio resultara peor que la enfermedad. A lo largo de 1985, la economía nacional fue sometida a un difícil proceso de ajuste que acabó siendo exitoso en sus metas y que presupuestaba para 1986 el cumplimiento de una serie de cálculos en diversos frentes, tales como el monetario y el externo. Semejante proceso de planeación acabó siendo borrado de un plumazo por las perspectivas de la bonanza. En los primeros días de enero, se tuvo en claro que "sobraban" más de mil 500 millones de dólares que convertidos a pesos, habrían generado una explosión monetaria sin precedentes, con tremendos efectos inflacionarios.
Hasta ese punto, se tuvo la impresión de que todo el mundo pensaba lo mismo. La bonanza tenía que ser manejada cuidadosamente para evitar el peligro de la hiperinflación.
Con todo, los problemas comenzaron cuando se empezaron a mencionar los mecanismos concretos. En términos generales, se acordó que los nuevos ingresos deberían destinarse para cancelar obligaciones a corto plazo contraídas por el Fondo Nacional del Café, financiar un aumento en el precio interno del grano, capitalizar y crearle un "colchón de liquidez" al FNC, sufragar gastos de recuperación en las zonas cafeteras y dejarle un remanente al gobierno. Según los cálculos iniciales, después de pagar la cosecha de 1986 y cancelar cerca de 390 millones de dólares en préstamos, aún quedaba un saldo cercano a los 220 mil millones de pesos que debía ser distribuido.
Pese a que algunos observadores pronosticaron un rápido arreglo, los primeros días de negociación dejaron en claro que las posturas de ambos bandos eran poco menos que irreconciliables. De un lado, el ministro de Hacienda, Hugo Palacios, se opuso a revisar el precio interno del café en la cuantía deseada por los productores y, a cambio, los cafeteros vetaron el plan de la administración sobre la distribución de los recursos de la bonanza. La situación llegó a su punto más tirante en la reunión del sábado 18 de enero, cuando el ministro Palacios, según varios de los asistentes a ella, levantó la voz, palmoteó sobre la mesa de conferencias y salió dando un portazo cuando se llegó a un virtual rompimiento. La animosidad llegó a tal extremo que algunos cafeteros ofendidos por el estilo del Ministro, lo declararon persona no grata.
Durante algunas horas la tensión se mantuvo e incluso se llegó a pensar que el Ministro no saldría de la crisis.
Sin embargo, la intervención personal del presidente Betancur permitió que los cafeteros aceptaran recibir a una especie de comisión de diálogo compuesta por el canciller, Augusto Ramírez, el ministro de Minas, Iván Duque, y el gerente del Banco de la República, Francisco Ortega, quienes acompañaron a Palacios. Gradualmente, se llegó a un acercamiento y el miércoles 22 un comunicado de la Federación de Cafeteros informó de la firma de un acuerdo entre el gobierno y los productores del grano, para el manejo de la bonanza.
Sin embargo, el logro del pacto no evitó que la semana pasada quedara inscrita como una de las de mayores reveses en lo que va de la actual administración. Todo comenzó el lunes, cuando el gobierno se sentó a esperar el fallo del Consejo de Estado sobre la conveniencia de decretar la emergencia económica para legislar sobre aspectos relacionados con la bonanza. Según el Ministerio de Hacienda, era necesario acudir al artículo 122 de la Constitución Nacional, con el fin de flexibilizar las normas del presupuesto nacional que, tal como están escritas, impiden adiciones de la cuantía de los recursos generados por la bonanza y exigen que el reaforo de ingresos (indispensable para justificar gastos) se haga hasta mayo del año en curso.
Pese a que el Congreso se encuentra reunido en sesiones, el Ministerio de Hacienda consideró que estaban dadas las condiciones para justificar el uso del 122 de la carta. Adicionalmente, se querían evitar tres riesgos: primero, que el Congreso se despreocupara del todo del tema, en vísperas de las elecciones parlamentarias; segundo, que el Congreso decidiera repartirse parte de la bonanza, dando al traste con la intención del gobierno de contener el gasto público; y, tercero, que el Congreso no alcanzara a estudiar todo el proyecto con lo cual el Ejecutivo queda atado y no puede decretar la emergencia económica, sobre temas que están siendo estudiados por el Parlamento.
Tanto las razones jurídicas como de conveniencia fueron rechazadas por el Consejo de Estado, el cual en una abrumadora votación de 17 contra 3, consideró que no existía justificación para acudir al 122. La decisión del ente administrativo cayó como un baldado de agua fría sobre el gabinete que había estado reunido durante todo el día lunes aguardando un pronunciamiento. Reunidos de 7 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, tanto el Presidente como los ministros del despacho daban como seguro el concepto favorable del Consejo de Estado, después del cual se tenía pensado decretar la emergencia durante un día y emitir un decreto con el fin de permitir la apropiación presupuestal de los recursos de la bonanza.
Ante el cierre de la posibilidad de acudir a la emergencia económica, el gobierno tuvo que presentarle al Congreso un proyecto de ley en el cual se acabaron consignando prácticamente los mismos mecanismos. Pero las angustias de la administración no habían acabado ahí. Horas antes, la bancada liberal oficialista protagonizó una crisis política al argumentar que, en contra de su conocimiento, las sesiones de enero eran extraordinarias y especiales, motivo por el cual, se dedicaría a estudiar tan sólo los decretos de emergencia económica emitidos con ocasión de la tragedia de Armero y abandonaría, de paso, el temario de las sesiones extras.
Pese a la vehemencia con que fue defendida la decisión, lo cierto es que el proceder de los liberales no dejó de causar extrañeza entre los observadores políticos porque jefes liberales como el ex presidente López Michelsen y Virgilio Barco estaban de acuerdo con el presidente Betancur en que las sesiones eran extras y especiales.
Adicionalmente, los miembros liberales de las directivas de ambas Cámaras sabían sobre la característica de la convocatoria ya que legisladores como Miguel Pinedo, César Pérez y Ancísar López, habían presentado proyectos para estudio. Como si lo anterior fuera poco, el presidente Betancur recalcó en el discurso de instalación de las sesiones, la doble característica de éstas, razón por la cual parecía increible que el "motín" en el Congreso hubiera tardado tanto en presentarse si en verdad había un motivo de fondo.
PACTO CON GANADORES
La rebelión liberal en las Cámaras legislativas fue apenas un revés mas para el gobierno en el curso de una semana desafortunada. Por el contrario, los cafeteros acabaron saliéndose con la suya en prácticamente todos los aspectos de la discusión. En concreto, se consiguió que se aumentara a 30 mil pesos el precio de la carga de café, con lo cual ésta regresa a los niveles que tenía en 1980, año en el cual se comenzó un declinamiento del precio real del grano. Adicionalmente, y durante lo que queda del año, se aceptaron reajustes bimestrales del precio, con base en el aumento del índice de precios al consumidor en los meses inmediatamente anteriores.
Por otra parte, se decidió cancelar la deuda externa del Fondo Nacional del Café, cercana a 390 millones de dólares, y distribuir el remanente entre cafeteros y gobierno. En términos globales, unos 105 mil millones de pesos se le prestarán al Estado en condiciones variables de crédito, con el fin de capitalizar al Fondo de Garantías del sector financiero, pagar deuda externa de las empresas de servicios públicos y cancelar cupos de emisión del gobierno con el Banco de la República. Una suma adicional de 35 mil millones de pesos será utilizada para obras comunitarias en las zonas cafeteras, con lo cual se liberan recursos del presupuesto nacional. Por último, unos 70 mil millones se dividirán entre la emisión de un Título de Ahorro Cafetero, TAC, el cual será entregado al productor, aportes a la Federación Nacional de Cafeteros e inversiones en el Fondo Financiero Agropecuario, destinadas a programas de crédito en las zonas cafeteras.

Tal como quedó redactado, el acuerdo fue aceptado a regañadientes por los técnicos de la actual administración. "Lo firmado refleja el gran poder que tiene el gremio cafetero y el poco peso político del gobierno", fue el comentario de un especialista en el tema. En particular, la mayor controversia se presentó respecto a la remuneración que se le va a dar a los productores. En opinión del Ministerio de Hacienda, el aumento en el precio es demasiado rápido y puede generar inflación en las zonas cafeteras, tal como sucedió en la bonanza pasada.
Esa impresión es rechazada de plano por los cafeteros. En opinión del ex ministro Alfonso Palacio, se consiguió "un buen arreglo, dado el espíritu de los cafeteros de contribuir al progreso del país". Los enfrenta mientos entre el ministro de Hacienda y el gremio productor del café fueron desvirtuados por Palacio con el argumento de que "aquí no perdió nadie". Pese a haberse declarado enemigo de la emergencia económica, el ex ministro insistió en que "el hecho de que las disposiciones del presupuesto nacional sean rígidas, es una cuestión del gobierno con el Congreso y no de los cafeteros".
LA DESTORCIDA
En medio de la euforia del acuerdo, eran pocas las personas que la semana pasada estaban haciendo cálculos sobre lo que pasará cuando la bonanza se acabe. En opinión de los conocedores, los cafetales brasileños empezarán a recuperarse en unos dos años, con lo cual el mercado internacional del grano entrará de nuevo en un período de estabilización de la oferta, con precios sustancialmente más bajos que los actuales. La duda, sin embargo, se centra en los alcances reales de la presente bonanza. Debido a que la liberación de las cuotas en el mercado internacional no se llevará a cabo sino hasta el próximo 18 de febrero, los especialistas insisten en que los precios que se registran ahora en el mercado de Nueva York son fruto de la especulación y no reflejan aquellos a los cuales se va a transar el grano, una vez que los países productores empiecen a exportar en forma.
Por tanto, se podría estar sobreestimando el resultado de la bonanza, con las consecuencias lógicas sobre los acuerdos ya firmados. Con todo esa opinión es rechazada de plano por los técnicos de la Federación de Cafeteros. "Los planes de exportación de 11 millones de sacos a 2.25 dólares la libra son perfectamente razonables", sostuvo vehementemente uno.
Otra inquietud, tiene que ver con la situación del mercado cafetero hacia el final de la década. Tradicionalmente, lo ciclos del grano han llevado a que al cabo de una bonanza se presente después de tres o cuatro años, una superproducción mundial que acaba deprimiendo los precios, tal como sucedió a comienzos de la presente década. Al parecer, Colombia. no lograría alejarse de esta tendencia.
Según el investigador José Leibovich, "es muy posible que para 1990 Colombia esté produciendo 15 millones de sacos con dudas sobre su colocación en el mercado externo".
No obstante, esos llamados a la prudencia parecían lejanos a la luz de los eventos de la semana pasada. El acuerdo entre los cafeteros y el gobierno acabó siendo aceptado, no sin haber dejado su cuota de víctimas y en especial la figura del ministro de Hacienda. Según el editorial del viernes del diario El Tiempo, Hugo Palacios "hizo alarde de una notoria incompetencia como negociador y de una ignorancia sorprendente sobre la política cafetera y sobre los procedimientos jurídicos e instancias legales a que puede acudir". La renuncia del titular de las finanzas, alcanzo a ser dada como un hecho en cierto momento y sólo el apoyo del Presidente evitó que la discusión sobre política cafetera se convirtiera en una crisis nacional de grandes proporciones.
Sin embargo, esas minucias poco le importaron a los caficultores colombianos quienes resultaron ampliamente beneficiados por el aumento en el precio interno del grano y las perspectivas futuras. Tal como comentara un pequeño productor, al ser interrogado por un noticiero de televisión sobre el tema de la bonanza: "Ya era hora". --
TINTO HIRVIENDO
Pese a sus innegables beneficios, el tema de la bonanza cafetera se ha convertido en un quebradero de cabeza para el equipo económico del gobierno. La inesperada entrada de mil 500 millones de dólares adicionales pone en peligro la estabilidad de la econonía y ha generado incontables polémicas sobre la mejor manera de aprovechar la bonanza. Después de una serie de debates internos, la administración logró definir su estrategia hace un par de semanas, al recalcar varios puntos prioritarios: los recursos de la bonanza no se iban a dejar en el exterior, no financiarían más gasto público, no estimularían la apertura de importaciones y no influirían sobre la política de tasa de cambio. De tal manera, el excedente que quedara una vez que el Fondo Nacional del Café pagara su deuda externa y la cosecha cafetera del año, debía entrar pero "no producir presiones inflacionarias".
La respuesta a semejante exigencia no fue fácil. Después de largas horas de análisis, se decidió que los recursos adicionales debían llegar al sistema, circular y volver a salir. La justificación para ello era clara. Tal como sostuvo el gobierno ante el Congreso, "el excedente producido por la bonanza podría implicar la emisión de 220 mil millones de pesos, cifra que equivale al 56% del saldo de la base monetaria existente en diciembre de 1985 y al 35% de los medios de pago".
El acuerdo firmado entre la Federación de Cafeteros y el gobierno acabó respondiendo, supuestamente, a ese propósito. Los recursos que van a ser prestados por el Fondo Nacional del Café, en condiciones mejores que las del mercado, deberán ser utilizados para financiar la cancelación de deuda externa por parte de las empresas de servicios públicos sin afectar los planes de desembolso ya establecidos: sustituir financiación del déficit fiscal del gobierno central; y capitalizar al Fondo de Garantías para que éste a su vez se convierta en fuente de recursos del sector financiero, el cual debe utilizar el dinero para adquirir divisas o cancelar deudas que tenga con el Banco de la República. Si todo eso se cumple cuidadosamente, los economistas del gobierno calculan que no se generarán presiones inflacionarias extremas.
Irónicamente, la llegada de la bonanza, unida a los resultados de la economía en 1985, ha incidido para que Colombia vea, una vez más, restablecidas sus relaciones con la banca privada internacional. Una vez que se ha comprobado que el país tiene capacidad de pago, los banqueros han olvidado las "dudas" que hace apenas un año tenían sobre las perspectivas colombianas. No obstante, es probable que lejos de aumentar su deuda externa, en 1986 esta acabe disminuyendo.
La cancelación de créditos por parte de las empresas de servicios públicos y el sector financiero pueden disminuir la deuda contratada en los términos más onerosos. Adicionalmente, se da como un hecho que se va a utilizar tan solo una parte del crédito Jumbo firmado hace un mes en Nueva York, ya que se puede conseguir financiación interna para los proyectos de Ecopetrol y Carbocol.
En resumen, existe optimismo sobre el resultado de la bonanza. Pese a que el gobierno insiste en que no logró sacar adelante toda su estrategia, la semana pasada había complacencia porque, como dijera un técnico de Planeación Nacional, "nos vamos a tomar un tinto caliente, sin quemarnos la lengua".
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