Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2008/11/18 00:00

El guayabo de las pirámides

Después de la fiesta de utilidades astronómicas y la intervención estatal, miles de ahorradores temen quedar en la ruina. El gobierno asegura que intentará rescatar los billones invertidos. ¿Podrá hacerlo?

Miles de personas se botaron a las calles en Bogotá y otras ciudades para apoyar a la firma DMG. (Foto: Guillermo Torres- SEMANA)

Del ahogado, el sombrero. Después de que durante más un de año las 'pirámides' se multiplicaron de forma rápida en varios departamentos del país, incluidos Putumayo, Nariño, Risaralda, Valle, Sucre y Cundinamarca, y sólo después de la quiebra de una de las más grandes, DRFE, el gobierno nacional resolvió intervenir enérgicamente estas empresas este fin de semana.

Declaró la emergencia social (que tiene una duración de 30 días) y expidió ayer cuatro decretos con los que busca poner fin al auge de ‘las pirámides’ y sociedades mercantiles que durante los últimos meses han captado de manera ilegal miles de millones de pesos de personas que esperan recibir rendimientos entre el 50 y 100 por ciento en el corto plazo.

Con el decreto 4334 de emergencia social en mano, este lunes en la madrugada las autoridades sellaron 51 sedes de la empresa DMG en todo el país, una de las principales captadoras de dinero, que se calcula tiene al rededor de 200.000 clientes.

Según la norma expedida, una vez intervenida la sociedad, el gobierno nombra a un representante legal quien debe realizar el inventario del patrimonio y activos de la empresa y estará a cargo de restituir los dineros a los inversionistas. En el caso de DMG, el gobierno nombró a Maria Mercedes Perry, como representante legal y quien estará a cargo de restituir el dinero a los inversionistas.

“El propósito es lograr la devolución inmediata del dinero a la gente”, dijo el Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga. El gobierno anunció que mañana miércoles en los diarios de circulación nacional será publicado un instructivo para que quienes entregaron dinero a estas empresas puedan iniciar el proceso para recuperarlo. Una vez los ahorradores sepan cómo reclamar y los presenten, la interventora tendrá 20 días para estudiar las devoluciones.

Tienen prioridad en la devolución de los dineros quienes hayan invertido menos, y luego se les pagará a los mayores inversionistas, según explicó Minhacienda. Pero aún es incierto de cuánto dinero se pueda recuperar. Máxime cuando varias de estas empresas no tenían bienes y operaban en inmuebles alquilados, ni tampoco manejaban dineros en los bancos, sino en costales.

El Ministro explicó que a partir de ahora, quien haya captado recursos del público de manera ilegal y no los reintegre incurre en un delito que ser castigado con entre 8 y 15 años de prisión. El delito no es excarcelable.

Para evitar largos procesos judiciales que pueden demorar por años la restitución del dinero de los afectados, el gobierno informó también que la legislación permite a los Fiscales, en audiencia con jueces de garantía, aplicar el Principio de Oportunidad que permite suspender cualquier acción penal contra quienes manifiesten la voluntad de devolver los dineros y efectivamente los devuelvan.

También se han emitido órdenes de captura internacional a los dueños de esas empresas que ya han sido identificados y que huyeron del país.

Roberto Borrás, Superintendente Financiero, confirmó que su entidad tiene identificadas más de 100 empresas captadoras ilegales de dinero en todo el país que pueden ser intervenidas con las nuevas medidas. El gobierno calcula que hay más de 240 sedes en todo el país.

Dada la proliferación de estas empresas, otro de los decretos les permite a los alcaldes y gobernadores detectar, desmantelar y sancionar a los promotores de estas firmas piratas.


Con la platica en DMG

Una de las razones por las cuales el gobierno decidió declarar la emergencia social se llama DMG. Esta empresa que también ofrecía rendimientos exorbitantes no se había desplomado en la crisis de las pirámides. Sin embargo, ya desde hace tiempo muchas voces estaban pidiendo que fuese investigada porque había sospechas sobre cómo conseguía darle tan altos rendimientos a la gente, a veces hasta del 100 por ciento. La principal sospecha en un negocio semejante que maneja miles de millones de pesos en efectivo en Colombia es por supuesto de lavado de dinero.

DMG surgió en varias regiones dónde el negocio ilícito estaba afianzado como La Hormiga en Putumayo o Llorente en Nariño. Inexplicablemente el gobierno la dejó crecer sin intervenir, y sólo hasta ahora cuando tiene cientos de miles de clientes y maneja billones de pesos, resolvió actuar, sellando los locales a la fuerza.

Sorprendidos y temerosos de que la intervención del gobierno les haría perder su dinero, este lunes y martes, miles de clientes de DMG ha protestado en forma pacífica en varias ciudades, entre ellas Manizales, Pasto y Cali. En Bogotá, cerca de 2.500 clientes se reunieron el lunes en el Parque Nacional y marcharon hasta la Plaza de Bolivar, rechazando las medidas del gobierno.

Esta mañana, David Murcia Guzmán, propietario de DMG habló a través de la radio desde Panamá, país en el que reside. Murcia Guzmán pidió a sus clientes continuar con las movilizaciones pacíficas y al gobierno que lo escuche en sus explicaciones y puedan llegar a una solución concertada a la crisis de estos negocios.

Murcia reiteró que los dineros que maneja su empresa, son todos lícitos y producto de una fórmula financiera que le permite entregar intereses superiores al 100 por ciento a través de un sistema de tarjetas prepago y de puntos.

Hoy, los abogados de la empresa DMG y algunos inversionistas extranjeros de la empresa darán una rueda de prensa para explicar las medidas que tomarán. Abelardo de la Espriella, uno de los abogados dijo que demandará la medidas adoptadas por el gobierno, por inconstitucionales.

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