El nubarrón en el cielo del TLC

El mayor obstáculo para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos no es la diferencia de criterios en temas espinosos como agro o propiedad intelectual. Tampoco el enfrentamiento que existe entre algunos funcionarios del gobierno colombiano respecto a la forma como se está negociando. Ni siquiera el debate que hay en el país en cuanto a la asimetría de sus efectos. El mayor nubarrón en el horizonte del TLC de Colombia con Estados Unidos es su ratificación por el legislativo norteamericano.

Las señales no son halagüeñas. Cada vez son más las voces en el Congreso de Estados Unidos que se oponen a los tratados de libre comercio, por una combinación de la oposición del partido Demócrata, que teme que las importaciones baratas les quiten trabajo a los obreros de su país, sumada a la defensa de intereses específicos de congresistas republicanos.

El caso más reciente es el del Cafta, el tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos y Centroamérica en mayo del año pasado. En 2004, el presidente George W. Bush no obtuvo los votos para su aprobación y algunos creen que este año tampoco podría conseguirlos debido al descontento que existe entre los senadores y representantes en Washington en torno a tres temas específicos: estándares laborales, azúcar y textiles.

Un gran grupo de senadores demócratas se opone al TLC con Centroamérica porque no cree que cumpla las normas laborales que protejan a los trabajadores o prohíban el trabajo infantil. Su mayor temor es que los trabadores estadounidenses no puedan competir con la mano de obra barata de esa región y esto cause la pérdida de miles de empleos en su país, especialmente en la industria textil, como ocurrió con el tratado de libre comercio que Estados Unidos firmó con México hace más de una década.

Los legisladores republicanos que se oponen al Cafta argumentan que éste podría afectar a los estados de mayor producción azucarera, como Idaho y Louisiana, ya que aumenta la cuota de exportación de azúcar de esa región a Estados Unidos, a pesar de que el acuerdo no permite el libre comercio de este producto.

El malestar por el Cafta va más allá de las paredes del Capitolio. Varias organizaciones no gubernamentales y grupos de presión hacen lobby en Washington para que el mencionado tratado no sea aprobado por el Congreso. Con cartas dirigidas a los representantes y senadores, estos movimientos buscan que los electores presionen a sus representantes para el voto negativo en este proyecto. Incluso hay organizaciones que distribuyen en el capitolio un 'kit para hacer lobby', que contiene: documentación sobre los perjuicios del Cafta; un formulario que deberá ser diligenciado con los asistentes del congresista y enviado a la organización para que quede constancia; una guía de cómo pueden las bases populares ejercer el lobby, y un diccionario de bolsillo sobre terminología del comercio internacional.

Según una reciente encuesta realizada por las consultoras Ayres, McHenry and Associates e Ipsos-Public Affairs, el 51 por ciento de los norteamericanos se opone, a un acuerdo de libre comercio con América Central. La mayoría de ciudadanos estadounidenses temen que las importaciones baratas de Centroamérica afecten los salarios y causen la pérdida de empleos.

El peor de los mundos sería que el Cafta y el TLC con Colombia coincidan en el Congreso estadounidense. Si esto llegara a pasar, Colombia perdería parte del peso que le da el hecho de que en este país hay más en juego que los asuntos de mercado: la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Al entrar en un proceso en el que sería un país más en una discusión sobre acuerdos de libre comercio en general, Colombia perdería su poder diferenciador frente a otras naciones del orbe con las que la primera potencia mundial negocia acuerdos de libre comercio.

La otra tormenta que se alza en el cielo es la renovación de la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, su sigla en inglés), más conocida como 'la vía rápida'. Esta ley le da potestad al Presidente de Estados Unidos para negociar y firmar los acuerdos comerciales y luego remitirlos al Congreso, que los vota con el compromiso de no introducirles modificaciones. El TPA vence en junio de este año, y su renovación por dos años más está embolatada entre los parlamentarios dada la creciente oposición a la negociación de acuerdos de libre comercio. Es un tema trascendental que va a tomar una buena parte del tiempo de discusión en esta área.

Mientras no se apruebe el Cafta, no va avanzar la negociación del TLC con Colombia, entre otras razones porque los negociadores colombianos aspiran a un aumento importante de la cuota de azúcar, con lo que no sólo ganarían los cañeros del Valle, sino también los paneleros del país.

El Congreso norteamericano tiene la palabra.