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| 7/20/1987 12:00:00 AM

EL PAPELON

En el proyecto de Papelcol, el país hizo el master en botar plata.


Hay una expresión popular que dice: "Perder por aprender no es perder". Si ese refrán se cumple, lo cierto es que 105 colombianos hemos aprendido cantidades sobre plantas papeleras en los últimos tiempos, a lo largo de un postgrado que le ha costado al país más de 200 millones de dólares. El recinto de clases está ubicado en una calurosa zona del municipio de Caloto, en el Cauca, en medio de una impresionante cantidad de cañaduzales.

Y la entidad se llama Papelcol, otro de tantos sitios donde el país se ha especializado en botar plata. Tanta, que a pesar de tener una moderna fábrica de papel acabada en un 85%, mucha gente se preguntó la semana pasada si valía la pena seguirle echando dinero a un pozo sin fondo.

Pobreza absoluta
Ese fue el capítulo más reciente de una triste historia comenzada a principios de esta década en la cual--como en la fábula, pero al revés--el cisne acabó convirtiéndose en patito feo. Lo que en un inicio se contempló como un proyecto favorable desde todo punto de vista, terminó mirándose con horror y espanto.

Semejante impresión fue corroborada otra vez la semana pasada, cuando la prensa nacional anunció que Papelcol estaba en proceso de solicitarle al Ministerio del Trabajo, la facultad de despedir o suspender personal de la empresa. Según las informaciones, la situación de la compañía es tan desesperada que tuvo que acudir a la venta de activos como muebles, vehículos y equipos de oficina, con el fin de pagar los más elementales gastos de operación. Frente a esa situación, la gerencia de Papelcol decidió pedirle autorización a la junta directiva el pasado 28 de mayo, para obtener del Ministerio del Trabajo, el permiso de despido masivo.

La noticia confirmó los rumores que venían circulando en torno a la crisis absoluta de Papelcol. El proyecto que debía estar terminado en el último trimestre de 1984, sigue hoy sin operar a pesar de que sólo falta un "empujoncito" de 70 millones de dólares. Ese impulso final debía haber llegado hace tres meses cuando, después de numerosas reuniones sin ningún acuerdo con los bancos franceses (que han financiado prácticamente toda la iniciativa), los socios de la empresa--liderados por el IFI--decidieron solicitar la declaratoria de concordato.

En ese instante, la idea consistía en obtener lo que se conoce como créditos preferenciales (cuyo pago se garantiza por encima de las demás obligaciones financieras) con el fin de acabar la obra, poner la empresa a operar y sentarse a negociar con los bancos franceses para obtener una rebaja de intereses y una condonación parcial de la deuda de 230 millones de dólares. La idea, que en un principio fue considerada como definitiva para cerrar favorablemente el capítulo de la papelera, acabó deteniéndose porque hubo dudas sobre si la figura de los créditos preferenciales se pueda utilizar para hacer inversión en una empresa en concordato. Ello puede sin hablar de las posibles dificultades de conseguir prestado el dinero para un proyecto cuya viabilidad económica es, por decir lo menos, cuestionable.

Esas dudas terminaron echando por tierra toda la estrategia del concordato y llevaron a que el intento de solución se paralizara. Según la Superintendencia de Sociedades, la situación de la empresa se congeló sin que surgiera otra fórmula de arreglo.

Fue esa falta de definición la que acabó forzando la solicitud de liquidación masiva de trabajadores. Tal como sucedió varias veces después de que en 1984 Granfinanciera (por ese entonces el principal socio de Papelcol) entrara en crisis y suspendiera sus aportes a la iniciativa, el proyecto papelero volvió a quedar inmovilizado hasta nueva orden.

El tiempo es oro
sin embargo, el problema en esta oportunidad radica en que Papelcol ya rebasó el límite posible de inmovilizaciones. Debido a las demoras en la iniciación, el costo total de la planta va en 500 millones de dólares, 200 más que lo calculado inicialmente. Peor aún, los cálculos financieros hechos en Planeación Nacional indican que no hay ninguna posibilidad de que Papelcol llegue a ser rentable en un largo tiempo, con los niveles de deuda que tiene. El proyecto ha resultado tan costoso que, si alguna vez se acaba, el dinero invertido sería suficiente para construir dos plantas y no una.

Ante tales cifras es claro que Papelcol se está enfrentado a su hora cero. Por una parte, hay que conseguir los 70 millones de dólares que faltan para que a los seis meses se tenga la primera hoja de papel bond. No obstante, la gran pregunta es la de si vale la pena dar ese dinero para un proyecto que no va a rentar nunca. Debido a que ante la falta de créditos los fondos tienen que ser aportados por los accionistas, es lógico que a estos no les interese perder más de los 110 millones de dólares que han dado. Pero como si eso fuera poco, de los cuatro grandes acciomstas --IFI, Granfinanciera, Manuel Isidro Tejedor y el Grupo Cafetero--, sólo dos --el IFI y los cafeteros--estarían en condiciones de entregar recursos.

Sin embargo, para que, eso ocurra, habría que garantizar una rentabilidad mínima y ello implica rebajar la deuda con los franceses (280 millones de dólares, incluyendo pago de intereses). El problema consiste en que a estos no les interesa. Debido a los atrasos iniciales, Coface, el ente del gobierno francés que aseguraba los créditos concedidos en un principio por los bancos comerciales, es ahora la entidad a la que se le debe el 75% del dinero. Por lo tanto, es poco probable que los burócratas de Coface decidan "darse la pela" y rebajarle la deuda a Papelcol, pues el regalo de varios millones de dólares de los contribuyentes franceses a la papelera haría--sin duda--rodar cabezas en la entidad y probablemente le crearía malestar al gobierno en época preelectoral.

Por lo tanto, la posición de los franceses es la de quemar tiempo. Por una parte, se sabe que así el proyecto se detenga se evita la figura del regalo explícito; por otra, se espera que llegue el momento en el cual--debido a consideraciones políticas y sociales-- el gobierno colombiano tenga que meterse la mano al bolsillo y acabar la obra.

A ese problema--suficientemente complicado--se agrega la indefinición de la parte colombiana. Desde que comenzaron las negociaciones por lo menos una veintena de funcionarios han llevado la vocería. En algunas ocasiones han sido los accionistas, en otras el Ministerio de Hacienda y en otras una combinación de ambos con otras entidades del gobierno. Actualmente, la batuta le corresponde otra vez al IFI, entidad que ha sido atacada dentro y fuera del gobierno por su demora para definir las cosas. Según sus enemigos, lo único que ha hecho el IFI en la más reciente etapa de negociación (que comenzó con el concordato) es dilatar el enfrentamiento del problema.

A su vez, el Instituto descentralizado se defiende con el argumento de que un proceso de estos es largo y dispendioso, al tiempo que defiende la conveniencia de Papelcol. Por ahora y para evitar los despidos masivos al igual que el deterioro de la maquinaria, el Instituto se comprometió a darle 50 millones mensuales a Papelcol, cifra que parece irrisoria cuando se tiene en cuenta que cada día de atraso en la iniciación de operaciones le cuesta al proyecto 100 mil dólares diarios en gastos financieros.

Pero la renegociación de la deuda no es la única salida que se ha estudiado para Papelcol. Dentro de las alternativas se ha contemplado la posibilidad de darle la planta en pago a los bancos franceses, o bien venderla en el mercado nacional o internacional. Bajo cualquier circunstancia se da por descontado que los accionistas perderían el dinero aportado, pero a cambio el capítulo de Papelcol pasaría a la historia dentro del gobierno. El problema, no obstante, consiste en que la venta no se le puede hacer a todo el mundo. Internamente, se supone que ninguna de las dos compañías que dominan el mercado del papel podría entrar en la negociación, pues una de las justificaciones de Papelcol fue precisamente hacerlo más competitivo. Internacionalmente también hay dudas, pues se sabe que Manuel Isidro Tejedor--el polémico español que es dueño del 24% de las acciones del proyecto--le ha hecho saber al gobierno colombiano que está interesado en quedarse con toda la planta a un precio "razonable". Todas esas inquietudes deberían resolverse pronto si se desea que el enigma de Papelcol se despeje de una vez por todas. El IFI ha prometido que habrá luz en el mes de julio y el viernes el ministro de Desarrollo, Fuad Char, aseguró que la planta se terminaría pronto. Lamentablemente, en este caso las falsas alarmas han sido tantas que ya nadie sabe a ciencia cierta si Papelcol se salva, se vende, o se condena. En cualquiera de los tres casos es casi indudable que los socios del proyecto tendrán pérdidas millonarias y que el caso de Papelcol pasará a la historia dentro de la larga cadena de equivocaciones que ha tenido el sector industrial colombiano.--
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