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| 11/5/2001 12:00:00 AM

El precedente

El fallo que obligó a la Federación de Cafeteros a asumir las pensiones de la Flota Mercante podría tener importantes implicaciones para cientos de empresas.

El 27 de septiembre pasado, minutos después de que el gobierno anunciara en Armenia un paquete de ayuda por 350.000 millones de pesos para aliviar la situación de los cultivadores de café, se conoció una decisión de la Corte Constitucional que obligó a la Federación de Cafeteros a pagar las mesadas de los jubilados de la Flota Mercante Grancolombiana, que es su filial y está actualmente en liquidación.

La noticia en un principio se registró como un duro golpe —quizá mortal— para las ya maltrechas finanzas del Fondo Nacional del Café, que por una coincidencia desafortunada se dio a conocer el mismo día que los auxilios del gobierno y terminó por opacarlos. En los días siguientes, sin embargo, se supo que los cafeteros no eran los únicos que habían quedado alarmados con la decisión del tribunal. Con el fallo la Corte puso el dedo en la llaga de un problema pensional que va mucho más allá de la antigua Flota Mercante.

Ocurre que en el país hay 600 empresas que tienen más de 50.000 pensionados a su cargo. Avianca, Coltejer y otras textileras, y también empresas estatales como Acerías Paz del Río, son algunos ejemplos de firmas que se encuentran en esta situación.

Muchas de estas empresas ya han hecho las debidas provisiones para atender las mesadas de los jubilados. El pasivo pensional de Avianca, por ejemplo, fue avalado por Valores Bavaria como parte del proceso de fusión con Aces. Infortunadamente, sin embargo, no todas las empresas han solucionado en un ciento por ciento el pago del pasivo pensional.

Esto se ha hecho evidente con aquellas que han entrado a liquidación. La Flota Mercante es una más entre 60 compañías, con pensionados a cargo, que se encuentran en este estado. En la mayoría de ellas los liquidadores han encontrado que el patrimonio que debería respaldar el pago de las mesadas es insuficiente. En otras palabras, la plata no alcanza. Sin duda, una terrible injusticia con quienes trabajaron toda una vida para quedarse a la postre colgados de la brocha.

Es en este punto donde la decisión de la Corte podría sentar un precedente de enormes implicaciones. Aunque aún no se conoce el texto definitivo del fallo, en un comunicado de prensa el tribunal conceptuó que no pagar las pensiones vulnera los derechos constitucionales de los jubilados de la Flota y que en consecuencia éstas deben ser asumidas por el socio controlante de la misma, que es el Fondo Nacional del Café. Más aún, deberán pagarse de inmediato —sin esperar a que culmine la liquidación—, independientemente de si el Fondo tuvo o no alguna responsabilidad en la quiebra de la Flota —un asunto que resolverá la justicia ordinaria—.

La primera implicación es que si los conceptos de la Corte resultan ser de aplicación general abrirían la puerta para que por la vía de nuevas tutelas se repita la historia en muchas otras compañías. Más allá de esto, sería la primera vez que el dueño —o la matriz— de una empresa en liquidación tiene que responder automáticamente por estos pasivos, sin importar que la quiebra haya sido culpa suya o no.

Esto último sería, nada más y nada menos, que un viraje de fondo en las reglas de juego de la economía. Se estaría cambiando un principio básico de las sociedades anónimas según el cual los inversionistas sólo responden hasta por el monto que invierten (arriesgan) en las compañías que constituyen, pues de lo contrario nunca se atreverían a emprender nuevos proyectos.

Por eso ahora miles de jubilados y cientos de empresarios esperan ansiosamente leer la letra menuda del fallo de la Corte. Los primeros para saber si podrán hacer valer su derecho a una subsistencia mínima. Los segundos para ver si, como en el caso del Upac, la Corte solucionará una legítima queja social, pero a costa de un gran desbarajuste en los principios de la economía de mercado.
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