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| 8/5/1996 12:00:00 AM

EL PRECIO DEL SABER

Aunque el Ministerio de Educación dice que era difícil evitar que la inflación de su sector se disparara, algunos analistas creen que pudo haber hecho más para atajarla.

Cuando el gobierno anunció que en adelante los estudiantes no deberían perder ningún año, pues los colegios tenían que hacer un esfuerzo adicional para evitar que eso ocurriera, muchos niños armaron la fiesta. Sin embargo, no sólo ellos tenían motivos para celebrar. Es probable que un número considerable de padres estuviera pensando, para sus adentros y sin decírselo a nadie: menos mal. Y si alguno lo hizo, tenía razón, pues no hay bolsillo que alcance para financiar la disparada en la que andan los precios de la educación.No es sino mirar las cifras de inflación de 1996 para darse cuenta. Mientras que los precios de toda la canasta familiar subieron 1,14 por ciento en junio, los de educación lo hicieron en 1,60 por ciento. Y lo más grave es que esa tendencia ha sido una constante durante todo el año, tanto es así que mientras la inflación general de lo corrido del año va en 14,04 por ciento, la de la educación va en 32,34 por ciento. Esos datos incluyen matrículas y pensiones, artículos escolares, culturales y para esparcimiento. Además, aunque parezca ilógico, también abarca distracciones y gastos en hoteles. Si sólo incluyeran matrículas y pensiones, que es lo que se conoce como instrucción y enseñanza, el panorama sería más oscuro, pues el alza en estos dos conceptos fue del 45,09 por ciento en el primer semestre del año, en tanto que durante todo el año anterior fue del 30 por ciento.¿Por qué la educación se convirtió en una oveja descarriada? En realidad, algo así se preveía desde las negociaciones del Pacto Social en diciembre de 1995. La razón: por un lado, una sentencia de la Corte Constitucional obligó a los colegios privados a igualar los salarios de sus profesores con los del sector público. Eso implicó aumentarles el salario ocho puntos por encima de la inflación y pagarles 12 meses en lugar de 10, como se venía haciendo. Por otro lado, la Ley General de Educación de 1994 estipuló que dos años después de su expedición tendría que mejorarse el sistema de cobros con base en la calidad de la educación. Por eso se hizo todo el proceso de categorización de los colegios para determinar cuánto podrían cobrar.En la identificación de los puntos por los cuales la inflación por concepto de educación se dispararía este año hubo acuerdo entre todos los miembros del gobierno. Sin embargo no ocurrió lo mismo con el manejo que se le dio después al tema. Algunos técnicos del gobierno consideran que el Ministerio de Educación pudo haber hecho más en el transcurso del año para controlar la situación. Según una fuente del alto gobierno, "siempre supimos que con respecto al fallo de la Corte Constitucional no había nada que hacer. Pero no pensamos que con la categorización de los colegios iba a pasar lo que pasó: se terminó convirtiendo en una caja de pandora que disparó los precios de la educación". Pero el error, en su concepto, fue más allá, pues se establecieron por decreto pisos y topes de alzas para los regímenes controlado y de libertad vigilada, y eso estimuló a los colegios a reajustar exageradamente los precios porque todos iban hacia el tope.Según datos del Ministerio de Educación, había 5.740 colegios del régimen controlado -el más bajo-, que sólo podían subir sus matrículas en 17 por ciento, pero pocos de ellos cumplieron. Otros 3.000 establecimientos de la misma categoría podían hacer alzas entre el 25 y el 40 por ciento, y los 1.000 de libertad vigilada podían elevar precios entre el 40 y el 60 por ciento. Según analistas especializados, lo que hicieron muchos colegios fue irse para el límite más alto. Pero ese no fue el único problema. Según observadores de las negociaciones del pacto social, lo lógico habría sido que las alzas se hicieran de manera gradual y no de un sólo golpe. Según la ministra de Educación, María Emma Mejía, "en todos los decretos hablamos de gradualidad, pero reconozco que faltó ponerlo como algo obligatorio. Y eso es lo que vamos a hacer para los colegios de calendario B".La discusión sobre esos puntos no quedó ahí. En marzo, luego de que el gobierno descubriera que los decretos eran una patente de corso para elevar exageradamente las tarifas, conformó un grupo de trabajo sobre el tema, que llegó a la conclusión de que lo mejor era que el principal criterio para determinar las alzas en los colegios fuera la sentencia de la Corte Constitucional y no la categorización. Sin embargo, según fuentes oficiales, en ese momento el Ministerio de Educación consideró que ya era muy tarde pues los colegios ya habían empezado a hacer las alzas.Al respecto, María Emma Mejía dijo a SEMANA: "entiendo la preocupación del gobierno, pero este es un año excepcional porque ajustamos los costos de la educación. A partir de 1997 las cosas se van a normalizar. Además, no ha pasado nada distinto a lo que dijimos en las reuniones del Pacto Social, cuando advertimos que el alza en instrucción y enseñanza al finalizar el año sería del 50 por ciento, y la verdad es que por ahí estará".Tampoco se puede desconocer el hecho de que controlar a los colegios es una labor muy difícil, especialmente en Bogotá, donde el 70 por ciento de los establecimientos son privados. Y, además, la labor coercitiva está en manos de los gobiernos municipales, y no del Ministerio, y son muy pocos los alcaldes que han sancionado colegios por elevar sus precios por encima de lo que debían. La cosa es especialmente grave en la categoría de los controlados, que son los que más influyen en la inflación, pues representan el 87 por ciento de los colegios y contribuyen con cerca de 20 puntos del incremento de matrículas y pensiones.Lo cierto es que, cuando ya han pasado seis meses del año, algunos estimativos oficiales señalan que las alzas de la educación serán responsables de al menos dos puntos de la inflación del presente año. Y mientras la meta de inflación se vuelve a quedar corta, a muchos les ha quedado la sensación de que la presencia del Ministerio de Educación en las negociaciones del Pacto Social no fue suficiente para hacerles contrapeso a Fecode y a los colegios privados en su intención de aumentar desmedidamente las matrículas.
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